Un nuevo capítulo se escribió este mes en la larga pelea que viene llevando adelante el personal de salud municipal por mejores condiciones laborales. Esta vez, con alcances judiciales.

A fines de mayo la jueza de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil Comercial, Concursal y Familia de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, ordenó la reincorporación de cinco de los ocho profesionales de la salud despedidos el 31 de diciembre pasado. Se trata de Roberto Álvarez, Mirta Alejandra Manquilef, Miguel Olivera, María Eugenia Cordi y José Andrés Rojo Mallea.

El reclamo ante el Poder Judicial se realizó con el decidido apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ante los despidos encubiertos materializados por orden del intendente Daniel Gómez Gesteira como represalia al reclamo por mejores condiciones laborales.

El jueves 3 de junio a las 07:00, Alejandra Manquillef, una de las profesionales que debía retomar sus labores, se presentó en el hospital Gumersindo Sayago acompañada por integrantes de la comisión directiva de ATE.

En ese marco Rodrigo Luciano, quién se presentó como encargado del área de Recursos Humanos del nosocomio, les comunicó que no podían ingresar. “Están incumpliendo con una sentencia judicial. No tienen la potestad de no cumplirla, sino la obligación de respetarla”, dijo María Marta Terragno, abogada de ATE.

El argumento esgrimido para impedir el ingreso fue que el municipio presentó un recurso de amparo, al que la letrada calificó de “excusa”. “No tiene ningún sentido ni asidero jurídico. No tienen sentencia ni una orden judicial. Nosotros sí tenemos una orden judicial de la jueza Rodríguez que ordena la reincorporación inmediata. El municipio se resiste incumpliendo una orden judicial y, por lo tanto, incurren en un delito”, expresó. 

“La única manda judicial que existe es el fallo de la jueza. Por eso entendemos que el argumento del municipio es falaz, una chicana”, subrayó Terragno.

Desde la comisión directiva de ATE, en tanto, denunciaron el incumplimiento solicitando que se fijen multas a los responsables. “Esto que están haciendo tiene consecuencias civiles, a la hora del pago de multas, sino también consecuencias penales. Si Roberto Buzurro, que es el responsable de Recursos Humanos, es el que está dando la orden está incumpliendo con la orden de un juez y eso se llama desacato y tiene una pena específica, que implica hasta 30 días de prisión”, advirtió Cesar Theaux, secretario de Formación del gremio.

En la misma línea, el secretario General Federico Giuliani indicó que no les sorprende la actitud del gobierno municipal, pero no deja de llamar la atención que incumplan con una orden judicial. “Tienen una forma de gobernar de impunidad”, consideró en diálogo con VillaNos Radio.

Sostuvo que tanto el responsable de recursos humanos del hospital, Rodrigo Luciano, como el responsable municipal de la misma área, Roberto Buzurro, tendrán que dar cuenta ante el Poder Judicial las razones por las que incumplen una orden judicial e incurren en un delito. ATE denunció ante la Unidad Judicial los hechos.

Una de las cuestiones que se les aclaró a las y los trabajadores es que deberían percibir el sueldo a fin de mes, más allá de que les impidan desempeñar su trabajo. “Desde hoy para adelante empieza a correr el salario de los compañeros y compañeras”, precisó.

En el lugar estuvieron acompañados por el líder de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa y el candidato a defensor del Pueblo por Unión Popular, Rodrigo Serna.

“No merecemos este maltrato”

Manquillef se desempeñaba en el laboratorio del hospital. Fue despedida el 31 de diciembre pasado y, por orden judicial, debía volver a su trabajo el jueves 3 de junio.

Al no poder ingresar, la profesional expresó su bronca: “Desde el primer momento esto fue una injusticia. Estamos tranquilos porque la justicia se expidió. Estamos apoyados por un grupo de abogados de ATE que nos están acompañando y eso nos da fortaleza. Pero esto da bronca. Es un ninguneo y un maltrato que no merecemos”, expresó.

Roberto Álvarez es pediatra y otro de los despedidos que debe ser reincorporado. Ante los micrófonos de VillaNos Radio les dijo a las autoridades municipales “que se pongan a derecho”.

“El intendente no se ha dado cuenta que estamos en democracia. Este fallo judicial es estar en estado de derecho. Si él lo desconoce, es porque desconoce el estado de derecho. Esto es una muestra más de que el intendente nos desprecia y desprecia a la salud pública”, dijo.

María Eugenia Cordi también es pediatra y durante seis años estuvo como locadora de servicios. Es también otra de las despedidas el 31 de diciembre. “Está claro que no pueden no seguir lo que establece la resolución de la jueza”, enfatizó. 

La profesional se desempeñaba en los Centros de Atención Periférica de El Fantasio y el Centro de Salud del Distrito Oeste, ubicado en barrio Colinas.

Esto implica, en lo concreto, que el llamado “hospitalito de Colinas” no cuenta pediatras, puesto que la profesional que hasta ahora venía desempeñándose en esa dependencia, está de vacaciones.

“La sensación que tengo es de impotencia”, reconoció y remarcó: “El trato que recibimos fue humillante y genera enojo, tristeza y bronca. Pero nos sentimos muy respaldados por el gremio”.

Un nuevo revés judicial

El 11 de junio, la jueza Rodríguez volvió a fallar a favor de las y los trabajadores. En este caso rechazando el “recurso de reposición” presentado por la municipalidad de Villa Carlos Paz ante la acción de amparo solicitada por ATE.

Las autoridades locales también decidieron apelar el fallo de la jueza Rodríguez. No obstante, desde el sindicato aclararon que esto no suspende la medida cautelar por lo que la decisión de hacer lugar al recurso de amparo y permitir a las trabajadoras y trabajadores que continúen trabajando como lo hacían hasta el 31 de diciembre, sigue en pie.

“Lo que debemos esperar es el cumplimiento de la municipalidad. Ya no tienen mayores excusas”, expresó Terragno y detalló que la resolución judicial establece que la reposición debe darse en las mismas condiciones (lugares de trabajo, horarios y remuneración).

“Hemos hecho una petición expresa a la jueza para que fije multas o, si lo considera, remita las actuaciones a la justicia penal. Entendemos que no hay facultades para no cumplir con una orden judicial”, afirmó y precisó que el delito que se comete al no respetar una orden judicial es incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“No sabemos cuál será la reacción de la municipalidad. Por eso hemos hecho los planteos judiciales correspondientes, sino intervendrá la justicia penal para que resuelva. Jurídicamente hablando, no hay posibilidades de que no cumplan la orden judicial”, reiteró.  

Altamirano será testigo por el municipio en el juicio por la reinstalación de los médicos despedidos

En el marco del juicio por la reinstalación de cinco de las y los municipales despedidos en diciembre pasado de los equipos de salud de Villa Carlos Paz, el Juzgado a cargo de la causa generó la instancia de prueba donde tanto ATE como la comuna aportarán testigos que apoyen las posiciones el proceso.

Allí se dirimirájudicialmente el derecho de las y los trabajadores a conservar sus puestos de trabajo a pesar que el intendente Daniel Gómez Gesteira los despidió en diciembre pasado.

En representación de las y los trabajadores, ATE logró que la jueza a cargo dispusiera una medida cautelar de reinstalación, hasta tanto se complete el proceso de fondo, que el intendente se niega a cumplir hasta hoy.

Lo llamativo en todo este proceso es que entre los testigos propuestos por la municipalidad se encuentra el mismo secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Alberto Altamirano.

Vale recordar que ATE repudió la actuación de Altamirano por considerar que “que deja expuesta su traición al mandato de defender los intereses de las y los trabajadores, para poner en evidencia su alineamiento con la política de la patronal”.

“Quizás esta situación explique por qué el 80% del plantel municipal sufre la más brutal precarización laboral, cuyo ejemplo más notorio es el maltrato y abuso de la patronal municipal con los equipos de salud, que vienen sufriendo despidos y traslados en plena pandemia”, expresaron desde el gremio.

El Sayago, hospital COVID

A través de un comunicado, ATE denunció que las autoridades municipales en coordinación con sus pares provinciales han resuelto modificar el estatus del hospital municipal Gumersindo Sayago para transformarlo en un hospital Covid “dada la falta urgente de camas de atención de pacientes con esa patología, algo que las autoridades municipales se habían negado asumir durante toda la pandemia, ignorando los reclamos de las y los trabajadores para adoptar las medidas necesarias para dicha atención”.

“Ahora, con pacientes internados en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) con respiradores y atención permanente, no como pacientes de paso para un centro de internación definitivo hasta el alta, resurgen los problemas para llevar a cabo la correcta atención de los pacientes y preservar la salud de las y los trabajadores”, advirtieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

De esta forma, en línea con el informe realizado en febrero pasado por el departamento de Salud Laboral del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, la UTI Covid tiene un grave problema de ventilación porque carece de ventilación central y la única manera de realizar la ventilación necesaria es dejando abierta la puerta de misma UTI, eso sí, tapada con un biombo para evitar que se vea hacia dentro. Con el agravante que del otro lado de la puerta se encuentra el lugar donde concurren a hacer los testeos de Covid la gente que llega desde la calle. Así, mientras los pacientes internados pueden tomar contacto con el exterior, quienes van a testearse al Sayago se exponen al contagio.

“Esto sucede porque las autoridades de hospital y la municipalidad trabajan a los ponchazos. Se negaron durante meses a armar una sala Covid como corresponde y ahora nos arreglamos con lo que hay”, dijo un integrante del equipo de salud del Hospital. Tampoco el personal está a resguardo porque las separaciones con cortinas de nylon difícilmente respeten el protocolo Covid establecido para los tratamientos.

Vale recordar que, en el largo informe sobre el estado del hospital, presentado oportunamente al intendente Daniel Gómez Gesteira, “no se verificó en el Sayago la presencia de Servicio de Higiene y Seguridad ni Servicio de Medicina del Trabajo, no se realizan los Exámenes Periódicos al Personal ni se verifica la entrega por parte del empleador a la ART, del Relevamiento de Agentes de Riesgo Causantes de Enfermedad Profesional, para orientar la realización de los exámenes mencionados”. Tampoco se realizaban testeos Covid-19 al personal.

Más renuncias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también expresó su preocupación por la continuidad del “desmantelamiento” del sistema de salud municipal en Villa Carlos Paz. Al largo conflicto con el personal y las serias deficiencias en infraestructura se sumó en los últimos días la renuncia de dos médicos clínicos y tres enfermeras.

La situación se torna aún más grave porque estos alejamientos se dan en momento en el que el Gumersindo Sayago se transformó en un hospital Covid, y aun no fueron reemplazados.

“La situación es muy preocupante porque sigue desmantelándose la salud pública en Villa Carlos Paz”, advirtió Julia Giuliani, secretaria de Prensa de ATE. Y precisó que las renuncias “son consecuencia de los bajos salarios, la precarización y el destrato y maltrato que sufre el personal” por parte de la gestión que encabeza el intendente Daniel Gómez Gesteira.

“Eso conforma un combo explosivo que ocasiona que los profesionales terminen migrando al sector privado. La situación es altamente preocupante porque todavía no han sido cubiertas estas vacantes”, indicó.

Nota correspondiente a la edición n° 566 del periódico La Jornada, del 30 de junio de 2021.

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