Fue en vísperas del día internacional de las y los trabajadores. Con un despliegue policial desmesurado, que significó más bien una señal de poder por parte de las autoridades municipales. Lo cierto es que, tras 57 años de gestión solidaria y eficiente, la Cooperativa Integral fue despojada del servicio de agua el pasado viernes 30 de abril.

No hubo instancia judicial que frene la decisión unilateral e inconsulta del intendente Daniel Gómez Gesteira, gestada por su antecesor Esteban Avilés. Porque -vale reiterarlo una vez más- de esta iniciativa no participó ni el Concejo de Representantes ni mucho menos la ciudadanía.

“Hoy es un día triste para la economía social y solidaria de nuestra región y nuestro país: La Coopi fue despojada de la posibilidad de continuar brindando el servicio de agua potable. Finalmente, la inescrupulosidad de algunos, el silencio cómplice de otros, junto a una serie de incomprensibles decisiones gubernamentales y judiciales, se impusieron al diálogo, nunca aceptado por las autoridades, y a la búsqueda de soluciones consensuadas.

“No fueron los vecinos y vecinas quienes reclamaron que la Coopi deje de brindar el servicio de agua. Todo lo contrario. Fue a espaldas de la ciudadanía como se llegó a esta situación: no hubo audiencias públicas ni consultas al Concejo de Representantes. Nuestros 57 años de trayectoria estuvieron llenos de desafíos. Y este es un duro golpe, el más duro de nuestra historia. Pero las innumerables muestras de apoyo y reconocimiento recibidas son hoy nuestro principal impulso para seguir adelante”, expresó la COOPI a través de un comunicado.

En menos de un mes, lo que ha dejado en evidencia Carlos Paz Unido es que no les interesa brindar un servicio de calidad, sino que el fin de todo este litigio fue quitarle a la COOPI la principal herramienta redistributiva.

La primera medida tomada por la autoproclamada “gestión comunitaria” fue pintar de naranja el portón de ingreso a la planta potabilizadora. Otra muestra de dominio, de ocupación territorial. La segunda fue pretender instalar mediáticamente que el servicio está desmantelado. Ni los periodistas que participaron de esa convocatoria creyeron lo que decían las autoridades. Por supuesto, jamás lo dirán públicamente. Solo lo comentan por lo bajo.

En menos de un mes al frente de la prestación del servicio, Carlos Paz Unido (CPU) ha demostrado improvisación. Y la situación más grave es la de las y los 83 trabajadores de la COOPI que firmaron el traspaso y que al día de hoy se encuentran trabajando en negro y sin obra social. Tampoco cuentan con herramientas, ropa de trabajo y elementos de seguridad (ver aparte).

La cuestión regional es otro de los ejes centrales a tener en cuenta.

Si bien el auto interlocutorio número 31 del Tribunal Superior de Justicia dice que la COOPI debe continuar con los servicios que presta “en diferentes comunas, como San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca”, lo cierto es que el 30 de abril el municipio de Villa Carlos Paz procedió a tomar el control de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. A partir de esa acción, ha planteado un nuevo régimen de prestación para el sur de Punilla basado, lisa y llanamente, en la extorsión.

El modelo de convenio aprobado el jueves 6 de mayo establece taxativamente que la falta de pago por el servicio de agua hará incurrir en mora a la municipalidad o comuna que corresponda y que “sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna se genera automáticamente para LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ la facultad de aplicar intereses sobre las deudas previstos en el artículo 76° de la Ordenanza Tarifaria Anual de esta Municipalidad, de rescindir el contrato y de no abastecer agua potable”.

Las reacciones de los gobiernos del Sur de Punilla han sido diferentes. Desde San Antonio fueron los primeros en advertir que el municipio tiene autonomía para decidir en manos de quien tiene que estar la prestación del servicio. Cuesta Blanca y Mayu Sumaj optaron por el silencio, mientras que desde la cooperativa de Icho Cruz (que abastece a la localidad) se mostraron sorprendidos. Ante la falta de capacidad de reacción colectiva, organizada y fuerte, el gobierno de Villa Carlos Paz arremete en la definición de nuevos criterios de gestión de manera unilateral y autoritaria.

Otro de los impactos que se ha visto en el corto plazo tiene que ver con las cloacas en la Cuenca Norte. Tras casi 20 años al frente de la prestación del servicio, la Asociación Regional de Cooperativas (ARCOOP) dejará de ser la prestadora -a través de la firma Cuencas Serranas- en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino. Durante años, la COOPI lideró la gestión de ese servicio en el norte de Punilla con recursos económicos, logísticos y técnicos que permitieron emprender una importante tarea de saneamiento.

Si uno mira la región, la quita del servicio de agua a la COOPI genera todo un efecto dominó. En ese marco, no es ilógico pensar que tarde o temprano se plantee la privatización de los servicios en todo el corredor Punilla. Sobre todo, teniendo en cuenta la falta de experiencia y conocimientos de los municipios locales sobre el tema, y que ponen en riesgo la salud de la población en un servicio que no permite la improvisación ni la ineptitud.

Frizza: “El gran desafío es hacer sustentable la COOPI sin el servicio de agua”

Más allá del duro golpe que significa la quita del servicio de agua para la COOPI, el gerente General de la institución, Rodolfo Frizza, llamó a “mirar hacia adelante”.

“Desde el lugar que me toca quiero invitar a mis compañeros, al Consejo de Administración, delegados, socios, usuarios y amigos que valoran la COOPI y su historia, a capitalizar la inmensa cantidad de reconocimientos que estamos recibiendo”, dijo en una entrevista con VillaNos Radio. Y destacó dos momentos puntuales donde la institución tuvo un enorme apoyo por parte de vecinos, dirigentes de distintos espacios políticos, instituciones y agrupaciones: la celebración de los 57 años de vida el 5 de junio de 2020; y las Audiencias Públicas Participativas que realizó la Multisectorial en febrero pasado.

“Hay que mirar hacia el futuro para decir que la COOPI sigue de pie, trabajando, luchando y pensando en los asociados y usuarios de la región, para poder brindar lo que tenemos al servicio de la construcción del bien común”, señaló.

En este punto, y aunque consideró la decisión del municipio “injusta, arbitraria e ilegal, más allá de lo que dijo la justicia”, planteó que el desafío “es hacer sustentable la COOPI sin el servicio de agua que construimos durante más de 57 años de la nada, y que por una cuestión jurídica y decisiones más económicas que políticas, no lo tenemos más”.

“Ese es el gran desafío y estamos recibiendo mucho apoyo para lograrlo”, dijo. Y anticipó que ya se está trabajando sobre varios proyectos para que la COOPI pueda “rediseñarse y transformarse”.

En cuanto a la situación de los puestos laborales que están en riesgo (municipio absorbió solo 83 trabajadores quedando 139 en la institución), Frizza indicó que están haciendo un reacomodamiento “para darle sentido a la permanencia de cada uno porque debemos seguir prestando servicios de cloacas, gas, telecomunicaciones, Banco de Sangre, cultura, radiodifusión y educación”.

“Si hubiésemos sido una empresa como cualquiera, hoy se deberían haber enviado gran cantidad de telegramas de despido, pero eso no es el espíritu de la COOPI, y mientras no tengamos que llegar a esa situación no llegaremos”, remarcó.

Aclaró, de todos modos, que la tarea no es sencilla y que habrá que “sentarse a conversar” con todas las partes de la institución.

Nota correspondiente a la edición n° 565 del periódico La Jornada, del 26 de mayo de 2021.

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