Foto: Carlos Benci, Graciela Diana y Alejandro Vega, durante una conferencia de prensa en 2006.

Artículo 261 del Código Penal. ‘Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública’.

Este delito se conoce como peculado y fue el gran protagonista del ‘escándalo de los pétalos de rosas’ que sacudió a Villa Carlos Paz en 2006, durante el gobierno de Carlos Felpeto.

Los entonces integrantes del tribunal de Cuentas Graciela Mabel Diana (presidenta – UCR), Alejandro César Vega (Vocal – UCR) y Carlos Antonio Benci (Vocal – Partido Justicialista) fueron denunciados por haber comprado con dinero del municipio combustibles, pétalos de rosas, champagne, vaselina, comida para animales, viajes a Buenos Aires, velas y adornos florales, entre muchas otras cosas ajenas de la actividad del organismo de control municipal.

Tras larguísimos 15 años, y ante la inminencia del juicio (la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Córdoba ya había definido la fecha), Diana, Vega y Benci finalmente admitieron la culpa, reconocieron el delito y devolvieron el dinero malgastado más los intereses correspondientes. Esto les permitió tener un juicio abreviado que se concretó el pasado 27 de abril y donde fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, recibieron una inhabilitación ‘perpetua’ para ejercer cargos públicos.

En total fueron comprobados 56 hechos de peculado por un monto aproximado de 600 mil pesos. Más los intereses, los exTribunos de Cuentas debieron devolver un total de 1.563.901 pesos, que fueron depositados en el Banco de Córdoba y que serán entregados al municipio.

Es la primera condena por hechos corrupción que se materializa en Villa Carlos Paz.

La palabra de la fiscal

La fiscal de Cámara, María Gabriela Rojas Moresi, llevó adelante la acusación que terminó en la condena y aclaró que, si bien los acusados habían ofrecido restituir todo el dinero sustraído de las arcas públicas, en este tipo de casos el proceso penal debe terminar inevitablemente en juicio por tratarse de funcionarios públicos.

‘No corresponde suspensión ni reparación integral, sino juicio’, insistió.

En una entrevista con VillaNos Radio repasó parte de la lista de los elementos que se habían comprado y concluyó que, ‘no eran adecuados a los fines del funcionamiento del Tribunal de Cuentas’.

En este sentido precisó que la acusación y la condena fue por ‘una sustracción de dineros que estaban asignados al presupuesto de gastos operativos de funcionamiento de ese cuerpo colegiado y esa sustracción se realizaba a través de la rendición de cuentas de gastos que eran atribuidos indebidamente en razón de gastos personales, pero que solventaba el municipio a través de esta maniobra’.

Rojas Moresi destacó ‘la actuación del fiscal instructor (Gustavo Machetti), que investigó en profundidad y con seriedad e hizo un análisis meticuloso de toda la prueba y superó los estadios de la Cámara para llegar a la instancia del juicio’.

Consultada sobre la demora de todo el proceso, teniendo en cuenta que los hechos fueron denunciados en 2006, la fiscal explicó que, ‘cada causa tiene un devenir distinto y en este caso lo importante era lograr el resultado que se obtuvo’,

Contó que la instrucción de la causa demandó bastante tiempo ya que, a partir de planteos de los abogados defensores, debió sortear la intervención del Juzgado de Control y la Cámara de Acusación para radicarse, a principios de 2013, a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Córdoba.

‘Una vez allí se realizaron los actos preliminares del juicio y ofrecimiento de pruebas, y en noviembre de 2016 se fijó la audiencia para realizar el juicio abierto. Recién en esa oportunidad los abogados defensores comenzaron las tratativas para restituir el dinero con los intereses. Eso demoró todo y cuando depositaron el dinero (marzo pasado) solicitaron que sea un juicio abreviado.

Accedí considerando que estas personas no tenían antecedentes, y que con posterioridad de este hecho tampoco incurrieron en delito alguno, por lo que se justificaba que la pena sea en suspenso’, expresó.

Para la fiscal, un aspecto clave que permitió destrabar la situación y llegar al juicio abreviado es que los acusados reconocieron haber cometido el delito.

Este tema, ‘venía controvertido durante la instrucción porque negaban la existencia del delito, y sobre todo en un caso, su participación, lo que finalmente fue reconocido lisa y llanamente sin objeción alguna’.

‘Si no lo reconocían en esos términos el juicio no se podría haber realizado del modo que se hizo’, insistió.

Consideró importante que, además de una ‘respuesta punitiva grave’, haya habido ‘un resarcimiento económico a la municipalidad porque el delito produjo perjuicio patrimonial’.

En cuanto a cómo se acordó el monto final, señaló que la municipalidad había iniciado una demanda civil (que se integró al juicio penal) por 600 mil pesos, a los que se sumaron los intereses desde el momento en que se cometieron los delitos hasta la fecha del depósito.

En total Diana, Vega y Lenci devolvieron 1.563.901 pesos.

En lo penal, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso (‘no van a cumplir la sentencia efectivamente en una cárcel, pero si cometieran un delito dentro de los próximos cuatro años, van a tener que cumplir estos tres años más la pena que correspondería por el nuevo hecho’) e inhabilitación por 10 años (en la práctica, perpetua), para ejercer cargos públicos.

Avilés: ‘Se hizo justicia, pero queda un sabor amargo’

En 2006, el entonces concejal radical Esteban Avilés, realizó la primera denuncia contra los tribunos de Cuentas en lo que se conoció como ‘el escándalo de los pétalos de rosas’.

Tras la condena de los exfuncionarios, el actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo planteó que, ‘se hizo justicia, pero queda un sabor amargo’.

‘Quince años después la Justicia condenó a 3 años de prisión en suspenso y un resarcimiento de 1.500.000 de pesos a los tribunos de Cuentas de la gestión de Carlos Felpeto, quienes habían usado el dinero de los vecinos para comprar pétalos de rosa, vaselina, velas aromáticas, comida para perros y otros elementos, cometiendo un total de 56 delitos.

Se hizo justicia, pero queda un sabor amargo. Lamentablemente, en su momento, el intendente Felpeto y sus asesores Lencina y Molas, no se constituyeron en querellantes particulares y eso evitó que los carlospacenses accediéramos a un juicio oral y público, por una serie de delitos que marcaron un antes y un después en la vida institucional de los órganos de control municipales.

El Tribunal de Cuentas debe garantizar el correcto destino de los fondos públicos, no incurrir en delitos’, reflexionó en su perfil de Facebook.

Nota correspondiente a la edición n° 565 del periódico La Jornada, del 26 de mayo de 2021.

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