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En menos de 15 días, el gobierno de Carlos Paz Unido ha dado muestras del cambio de paradigma que pretende instalar en la gestión del servicio de agua: improvisación y mercantilización de un servicio público esencial.

A la grave situación en la que se encuentran lxs 83 trabajadores del servicio de agua (que en la COOPI tenían todos sus derechos laborales garantizados y que al pasar al municipio se encuentra en negro y sin obra social), se suma ahora la definición sobre el valor que tendrá el agua potable para los municipios y comunas el Sur de Punilla.

Vale recordar que la semana pasada el Concejo Representantes de Villa Carlos Paz aprobó un modelo de convenio que, entre otras cosas, taxativamente que la falta de pago por el servicio de agua hará incurrir en mora a la municipalidad o comuna que corresponda y que “sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna se genera automáticamente para LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ la facultad de aplicar intereses sobre las deudas previstos en el artículo 76° de la Ordenanza Tarifaria Anual de esta Municipalidad, de rescindir el contrato y de no abastecer agua potable”.

En la última sesión del cuerpo legislativo, el bloque oficialista definió en soledad el valor del agua para la venta en bloque: 4,10 pesos el metro cúbico.

“Este proyecto de ordenanza es para incorporar el valor del servicio del agua en bloque al cuadro establecido por la ordenanza 6710 en el cual se fijaron los importes a cobrar por diferentes ítems relacionados al servicio de agua y teniendo en cuenta el modelo de convenio aprobado bajo ordenanza 6714 para el abastecimiento de agua potable desde la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, resulta necesario la incorporación de esta modificación”, señaló escuetamente la concejala Carina Fernández.

Por su parte, el edil Sebastián Guruceta utilizó gran parte de su intervención para seguir endilgando responsabilidades a la Cooperativa Integral, haciendo referencia a un “cobro ilegítimo”. “Cobraban a las comunas el agua que era de Carlos Paz”, acusó el edil sin mencionar ni reconocer -claro está- el trabajo puesto en la prestación.

Desde la oposición, en tanto, pusieron la mirada en el hecho de que se está finando el precio de un servicio publico y como tal, para su tratamiento se requiere doble lectura y audiencia pública. Es decir: no se puede aprobar solo con una lectura y con mayoría simple.

Así lo subrayó en su intervención el concejal Carlos Quaranta: “Se hablan de cosas que pasaron y de cosas que supuestamente sucedieron, pero del proyecto no dicen nada. Este proyecto claramente está determinando un valor al servicio para aquellos municipios, comunas y cooperativas que adquieran agua potable a través del metro cúbico”, dijo.

Y remarcó: “El municipio de Villa Carlos Paz le está poniendo un precio a un servicio público. Esto es tarifa. Y esto merece un tratamiento especial que establece la Carta Orgánica”.

Más allá de las objeciones, el proyecto se terminó aprobando con los siete votos del oficialismo (Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla).

Sin información sobre el pago por servidumbre de paso

Otro de los proyectos que figuraba en el orden del día referidos al servicio de agua era un pedido de informes impulsado por el concejal Jorge Lassaga en el que solicitaba que se remita al Concejo la documentación sobre los convenios o contratos firmados entre la municipalidad de Villa Carlos Paz y las autoridades del Sur de Punilla donde se explicite la obligación, por parte del Estado Municipal de Villa Carlos Paz, de abonar en concepto de canon por uso del espacio público, en relación a los acueductos de transporte del servicio de agua potable que abastece nuestra ciudad.

Entre los considerandos del proyecto, Lassaga precisó que, en la sesión del 6 de mayo, el jefe del bloque oficialista, Sebastián Guruceta, expresó que el municipio ya se encontraba abonando un canon en concepto de “servidumbre de paso” por la infraestructura de transporte que presenta el servicio de agua potable para nuestra ciudad.

“Es importante para este Cuerpo Legislativo y por su intermedio para la comunidad en general, tomar conocimiento sobre contratos o convenios firmados por el Estado Municipal de Villa Carlos Paz, con los Estados comunales o municipales del sur de Punilla, a los fines de revisar la relación existente y los términos de la misma, en todo lo que comprende al servicio de agua potable, particularmente en lo referido a la producción y transporte del recurso”, justificó el edil impulsor del pedido de informes.

“No vamos a apoyar este proyecto porque no se entendió lo que se dijo en la sesión pasada o se lo ha tergiversado. El artículo uno habla de remitir convenios. No hay convenios entre los municipios y las comunas, con Carlos Paz. Simplemente cobra el canon. Al pasar el caño, cada uno de los municipios tiene la tarifa correspondiente. Para establecer de cuanto es el canon, puede ir a cada uno de los municipios y solicitar el valor de cuanto se cobra por el espacio público”, se excusó Guruceta.

Lassaga replicó el planteo diciendo que la falta de acompañamiento al pedido de informes evidencia que la trasparencia y honestidad de la autodenominada “gestión comunitaria”, no aparece en sus catos. “Mucho relato y poco dato. No se puede decir cualquier cosa. No se puede engañar permanentemente”, resumió.

Por su parte, el concejal Gustavo Molina habló de que es necesario contar con la información. “Supongamos que es cierto que no hay convenio, al menos envíennos la información sobre cuánto es lo que pagamos a cada municipio por donde pasan los caños que traen el agua a Carlos Paz. Es muy sencillo”, manifestó.

La respuesta de Carlos Paz Unido fue bloquear el pedido de información, y el proyecto pasó a comisión.

Antes de la votación, la concejala radical Natalia Lenci tuvo una breve intervención en la que hizo un llamado de atención al Cuerpo Legislativo en su conjunto sobre la situación en la que están lxs trabajadorxs del servicio de agua, que a menos de días de que el municipio esté al frente de la prestación, aun no han sido registrados en AFIP.

“Menos palabras y más hechos. Es una vergüenza que habiendo incorporado hace dos semanas a 83 trabajadores al servicio de agua, estén sin ART, sin obra social y completamente en negro. Me parece que antes que hablar tanto, hay que concretar las cosas que se dicen”, expresó.   

La respuesta al planteo fue un incómodo silencio; luego se procedió a votar el proyecto en cuestión.

La sesión completa

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