A través del decreto 189 firmado por el intendente Daniel Gómez Gesteira, el municipio determinó que este 30 de abril asumiría la prestación del servicio de agua en Villa Carlos Paz.

Sería el cuarto intento de la autodenominada “Gestión Comunitaria”.

El primero fue durante el gobierno de Esteban Avilés. En aquel momento -tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de diciembre de 2017 que avaló la municipalización a través de un decreto y sin pasar por el Concejo de Representantes como establece la Carta Orgánica-, la idea fue tomar el servicio el 28 de febrero de 2018.

La COOPI acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el tema quedó en stand by hasta fines de noviembre de 2020. Ese mes, la CSJ resolvió no tratar el reclamo de la institución cooperativa y dejó firme el fallo del TSJ.

Con ese aval, el intendente Daniel Gómez Gesteira apuntó al 26 de febrero de 2021 para hacerse cargo del servicio. Un amparo dictado la justicia, pedido por asociados y trabajadores de la COOPI, frenó el traspaso con el argumento de que no se habían cumplido debidamente los plazos procesales que hacen al control jurisdiccional de la “ejecución de sentencia”.

La gestión de Gómez Gesteira planteó, entonces, como nueva fecha el 18 de marzo, día en que con el apoyo de un enorme despliegue policial la municipalidad buscó ingresar a la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia que se conoció ese mismo día ordenó al municipio “diferir” la asunción, trasladando todos los reclamos judiciales sobre el tema a la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación.

A comienzos de abril, la Cámara de Segunda Nominación admitió dos amparos presentados por asociados y trabajadores de la COOPI, y giró las actuaciones a la Cámara Primera para que resuelva sobre las cautelares reclamadas (ver aparte). 

Aunque esta última definición aún no se resolvió, el municipio decidió “readecuar” los plazos del decreto original estableciendo el 30 de abril próximo a las 8,30 como el día en que tendría lugar la “recepción provisoria y toma de posesión de los bienes y servicios concesionados”.

En tanto, el 31 de mayo se efectuaría la “recepción definitiva”.

“Estamos en presencia de un proceso atípico que no reconoce antecedentes y de alguna manera, vamos desandando caminos”, dijo el asesor letrado Darío Pérez en diálogo con Hora 7 (Next Televisión). 

Sostuvo que desde el municipio tienen la expectativa de que después de los últimos procedimientos judiciales, se pueda efectuar la asunción “efectiva e inmediata” del servicio de agua. “No se ha otorgado ninguna medida cautelar ni de no innovar, en consecuencia, entendemos que estamos en condiciones de asumir el servicio. Por supuesto no descartamos que la Cooperativa vaya a continuar interponiendo recursos y acciones judiciales. Entendemos que en ningún caso le van a conceder la medida cautelar”, expresó.

Sostuvo que la fecha definida en esta oportunidad fue planteada para hacerla coincidir administrativamente con el cierre de mes. “La Cooperativa puede facturar hasta este mes y a partir del otro, el municipio. También por una cuestión de orden administrativo en torno a las relaciones laborales”, detalló Pérez.

Desde la COOPI, en tanto, dejaron en claro que hay instancias judiciales abiertas aún que tornan incierta la fecha del 30 de abril. “La Cooperativa no va dejar de prestar el servicio hasta el momento mismo en que se haga efectivo el traspaso a la municipalidad. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sabemos. Ha habido muchas fechas de ese efectivo traspaso, pero por decisiones judiciales, se han suspendido”, señaló el gerente General Rodolfo Frizza.

Detalló que la comunicación del nuevo decreto fue dejada por debajo de la puerta de la sede central y aclaró que el auto interlocutorio número 78 emitido por el Tribunal Superior de Justicia (sobre el cual se sostiene el decreto), aún no está firme.

Haciendo un repaso de las resoluciones judiciales recordó que el 18 de marzo (en medio del intento de toma del servicio por parte del municipio) se conoció el auto interlocutorio 31 a través del cual el TSJ resolvió que sería la cámara Contencioso Administrativa Número 1 la que se avoque al análisis resolución de los diferentes amparos presentados (tanto por la COOPI como por otros ciudadanos).

El 7 de abril pasado se conoció el auto interlocutorio 78 donde el TSJ resolvió correr traslado por 10 días a la municipalidad de Villa Carlos Paz para que conteste todas las presentaciones efectuadas por la cooperativa, especialmente la que planteaba que, previo a la entrega del servicio, debían individualizarse los bienes, tasarse y pagarse las indemnizaciones o realizarse las expropiaciones correspondientes. La misma resolución rechazó el planteo de “no innovar” solicitado por la COOPI.  

Entre esas dos fechas se conocieron resoluciones judiciales de otros dos amparos que habían recaído en la Cámara Dos. El primero pide que se declare la nulidad y arbitrariedad de los actos administrativos emitidos por la municipalidad desde diciembre pasado a la fecha. Por este amparo la Cámara había ordenado en medida cautelar preventiva suspender la toma del servicio prevista por el municipio el para el 26 de febrero pasado.

El segundo fue presentado por un colectivo de trabajadores que atacó el laudo del ministerio de Trabajo y el proceso acordado por la municipalidad en cuanto a absorber un número arbitrario de trabajadores, relegando a muchos otros que estando afectados al servicio de agua son discriminados por diversas razones y pierden su fuente laboral.

En ambos casos, la decisión de la Cámara Dos fue darle admisión al amparo y remitirlo a la Cámara Uno para que resuelva, tal como lo ha dispuesto el TSJ. Esos dictámenes, aún están pendientes.

“Hay una cantidad de cuestiones que a uno le hacen pensar si será posible efectivamente que se concrete el traspaso del servicio el 30 de abril. No digo que sí ni que no. Hay muchas situaciones judiciales que no están firmes. Hoy es aventurado decir que el 30 de abril a las 8:30 vamos a entregar el servicio”, dijo.

Y remarcó: “El Consejo de Administración ha dado instrucciones a la gerencia General para que entregue el servicio cuando no haya ninguna posibilidad de vía recursiva y cuando legalmente no haya ningún cuestionamiento que realizar”.

En este sentido enfatizó en que, “el Consejo de Administración no tiene una actitud de desacato frente a la autoridad, pero está dispuesto a hacer valer los derechos de la institución y sus asociados mientras haya posibilidades de hacerlo”.

“La municipalidad puede asumir el servicio de agua, el tema es en qué condiciones. Entendemos que en este proceso de ejecución de sentencia el auto interlocutorio 78 no habilita a que estén dadas las garantías para que se haga un traspaso con el respeto de todos los derechos constitucionales que la Cooperativa entiende que deben respetarse en este traspaso”.

Por último, remarcó que, “mientras la COOPI esté a cargo va a garantizar la prestación del servicio de agua con regularidad y calidad, como lo ha hecho hasta ahora”.

Sin acuerdo en el ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo concretó en abril cuatro audiencias entre el municipio de Villa Carlos Paz y el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias). Dos de ellas fueron para seguir definiendo los nombres de 118 trabajadores de la COOPI que deberían pasar a la municipalidad en un eventual traspaso del servicio de agua.

De las 102 personas que figuran en el laudo, dieron su consentimiento 81 (tres de lxs que firmaron desistieron de su voluntad de pasar). En la jornada del 20 de abril se dio por terminada esa etapa y se comenzó con la instancia de negociación donde la discusión central fue definir los reemplazos para ocupar aquellos lugares que quedaron vacantes y poner nombre y apellido a las 16 personas restantes para que, de esa manera, se pueda cumplir con el laudo y definir a los 118 trabajadores de la COOPI.

De la mesa de negociación participaron por el municipio el abogado Marcelo Ambroggio, el director de Recursos Humanos Roberto Buzurro y el director de Obras Publicas Luis Piñero. Por parte del SIPOS estuvieron el secretario general Gustavo Valdez, el secretario de Prensa y Propaganda Jorge Boido, el vocal Roque Merlos, el abogado Ignacio Ferrer y la delegada Claudia Saldaña.

En la primera reunión de la mesa de negociación, el gremio presentó el listado de los reemplazos y los nombres para completar la lista de 118. Así lo expresó a VillaNos Radio Pablo Conci, integrante de la Comisión Directiva del SIPOS: “Nos juntamos la Comisión Directiva y nos pusimos a trabajar para conformar este listado, presumiendo que no todos iban a firmar y que tendríamos que presentar propuesta de reemplazos. Les fuimos preguntando a los compañeros, uno por uno, si estaba dispuesto a pasar”.

Los reemplazos están compuestos por 5 trabajadores que fueron excluidos inicialmente del laudo por desempeñar funciones consideradas jerárquicas o bien ser considerado “personal de confianza” de la conducción de la Cooperativa. El resto del listado (serían 37 en total) es personal que ingresó en 2019 y 2020. Todos están abocados al servicio de agua. De hecho, hoy en la COOPI son 170 las y los trabajadores involucrados en la prestación.

Por eso, si bien la decisión primera es poder completar –con nombre y apellido- el listado de 118 que están contemplados en el laudo, la intención es que en esa mesa de negociación se pueda ampliar el número.

“Conociendo como se maneja el municipio, seguro intentará rechazar los reemplazos y que los que no firmaron, perdieron su oportunidad. Sabemos que el municipio ya ha contratado gente para brindar el servicio de agua. Por eso creemos que intentará dejar fuera los reemplazos que hemos planteado en el día de hoy. Pero tenemos claro que la lucha hay que darla. Tenemos que plantarnos firmes en esto”, dijo Conci.

Justamente, en la última audiencia de la mesa de negociación (concretada el 22 de abril) el municipio dio por terminada la negociación. Dijo que solo aceptaría a los 81 que firmaron el laudo y que no aceptaría ningún reemplazo puesto que hay un amparo laboral que está siendo tramitado en la Cámara Uno.

Desde el gremio aclararon que el recurso fue impulsado por un grupo de trabajadores que quedaron excluidos del laudo y que el gremio no intervino en esa decisión. No obstante, entienden que el planteo judicial no colisiona con la mesa de negociación puesto que ambas vías (la administrativa y la judicial) están demandando que el municipio absorba a las y los trabajadores que están involucrados en la prestación del servicio de agua.

Al no haber acuerdo, la resolución final queda en manos del Ministerio de Trabajo.

Dos amparos que esperan resolución

A comienzos de mes, la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación resolvió admitir dos amparos promovidos por asociados y trabajadores de la COOPI en el marco del intento del municipio por asumir la prestación del servicio de agua.

El primero pide se declare la nulidad y arbitrariedad de los actos administrativos emitidos por la municipalidad desde diciembre pasado a la fecha. Por este amparo la Cámara había ordenado en medida cautelar preventiva suspender la toma del servicio prevista por el municipio el para el 26 de febrero pasado.

En el autointerlocutorio 78 nada dice el TSJ sobre ese amparo. La COOPI solicitó que se mantenga el juez natural de esta causa (es decir, que siga en la Cámara Dos), pedido que le fue denegado de modo que continúa tramitándose en la Cámara Uno. En el planteo hecho ante el Tribunal, la COOPI reiteró la necesidad de que se respete el debido alcance de la cosa juzgada y que en la ejecución no se afecten otros derechos humanos básicos a tutelares.

“Una cosa significa que la Municipalidad de Carlos Paz asuma la prestación del servicio de agua para la Ciudad de Carlos Paz y otra distinta que lo haga confiscando bienes y costos de inversiones asumidos por la COOPI oportunamente”, se lee en el escrito.

Y agrega: “Los bienes y las inversiones realizadas y que pertenecen a la COOPI, deben tasarse y previamente ser indemnizados, y está prohibido despojarlos ilegalmente. A lo mencionado, se puede agregar que la toma de posesión de los bienes afectados a la prestación del servicio sin contemplar los que pertenecen a la COOPI, como la pretensión de asumir otros propios de las prestaciones que se hacen a la municipalidad de San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj e Icho Cruz significará para la Municipalidad además, un verdadero enriquecimiento sin causa, en los términos del art. 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación y como se viene diciendo, una verdadera confiscación inconstitucional. Todo ello en violación de lo dispuesto por la normatividad básica antes mencionadas”.

La segunda acción de amparo fue presentada por un grupo de trabajadores que atacó el laudo del ministerio de Trabajo y el proceso acordado por la municipalidad en cuanto a absorber un número arbitrario de trabajadores, relegando a muchos otros que estando afectados al servicio de agua son discriminados por diversas razones y pierden su fuente laboral.

En este sentido vale recordar que los accionantes consideran que la discriminación de los trabajadores, en función de su antigüedad con fecha de ingreso posterior a diciembre 2018 o por revestir una determinada jerarquía, “no surge como criterio de diferenciación” en el fallo del Tribunal Superior de Justicia por lo que la municipalidad de Villa Carlos Paz “violenta el derecho de defensa de los trabajadores amparistas, colocándolos en situación de cesantes”.

“No se puede avanzar sobre la toma del servicio de agua potable, sin antes definir la incorporación total a la órbita municipal, de los trabajadores de la Coopi afectados a dicho servicio, pues se trata de una consecuencia lógica y natural. De modo que dicho servicio, no podrá prestarse adecuadamente, si no es con el personal que tiene la experiencia necesaria para hacer el trabajo. El más idóneo”, se lee en parte de la presentación efectuada.

Al cierre de esta edición la Cámara Uno convocó a audiencia entre el municipio y los amparistas. Estaba previsto que en representación del gobierno participe el asesor letrado Marcelo Di Pietro y cinco de los trabajadores amparistas (son más de 100 los que firmaron este recurso judicial).

Hay expectativa de que esa reunión sea clave para ver si la Cámara Uno dictamina alguna medida cautelar para proteger los derechos vulnerados. En este caso también se solicitó que se suspenden los plazos de la toma del servicio hasta tanto esté garantizada la continuidad de los puestos de trabajo.

Los gobiernos del sur de Punilla, que forman parte de la zona de prestación de la COOPI, han asumido un rol expectante en conflicto.  Pese a no tener quejas sobre la prestación, decidieron no intervenir. 

La cuestión regional, en un manto de incertidumbre

Si bien el municipio de Villa Carlos Paz ha dispuesto que el 30 de abril se efectuaría la toma provisoria del servicio de agua, hay que decir que los municipios y comunas del sur que forman parte de la zona de prestación de la COOPI se encuentran en un manto de incertidumbre. La postura que han asumido los gobiernos es de “no intervención” ante un conflicto que lo entienden ajeno, pero que claramente afectará a sus localidades.

“Estamos en medio de un conflicto del cual no somos parte. No sabemos cómo la COOPI seguiría al frente del servicio si no tendrá de dónde sacar el agua para abastecer los servicios en la zona sur. Eso todavía está por verse. Al igual que los vecinos de Carlos Paz, estamos preocupados por la situación. Alguien tendrá que proveer del servicio en San Antonio, porque hablamos de un servicio básico. Desde el municipio entendemos que a futuro habrá que regularlo y que el servicio sea eficiente para los pobladores de la localidad”, dijo el secretario de Gobierno de San Antonio de Arredondo, Roberto Grigioni.

En la misma línea fueron las declaraciones de la jefa comunal de Mayu Sumaj, Mara Albello: “Nos preocupa mucho la situación. Tenemos buena relación tanto con la COOPI como con la municipalidad, que están en un litigio importante. Estamos esperando ver como se dirime todo esto. Lo que sí estamos seguros es que vamos a bregar por el servicio de agua en la comunidad”, afirmó.   

Desde ambas localidades aclararon que el gobierno de Villa Carlos Paz no les ha dado precisiones técnicas documentadas sobre cómo llevarían adelante la prestación. “Aun no nos han presentado un plan técnico. Es algo que se lo hemos solicitado de manera recurrente”, expresó Grigioni y añadió: “Nos dijeron que prestarían el servicio de la misma manera que se viene haciendo ahora. Nuestra preocupación es la prestación del servicio”.

Al ser consultados sobre si tienen alguna queja en torno al servicio que brinda la COOPI la respuesta fue clara: “Honestamente, el servicio ha sido muy bueno”, afirmó Albelo.

“No tenemos ningún problema con el servicio de agua que brinda la COOPI. Siempre ha sido excelente el servicio. Siempre tuvimos una muy buena relación con la gente de la Cooperativa. Lamentablemente estamos en medio de un conflicto del que no somos parte”, señaló Grigioni y añadió: “Cuando el municipio de Villa Carlos y la COOPI resuelvan la situación, nosotros nos sentaremos a charlar con quien preste el servicio para regularlo y fijar la tarifa”.

En este punto vale recordar que el auto interlocutorio 31 del TSJ dejó en claro que el conflicto debe circunscribirse a la ciudad de Villa Carlos y que la COOPI deberá continuar con los servicios que presta “en diferentes comunas, como San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca”.

Nota correspondiente a la edición n° 564 del periódico La Jornada, del 28 de abril de 2021.

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