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El peligro de militarizar la democracia

Por Agustina Sosa

El pasado 23 de julio, escoltado por el ministro de Defensa de la nación, Oscar Aguad, el presidente Mauricio Macri anunció en Campo de Mayo una reforma en asuntos militares. Se trata de un decreto que busca reformar la regulación que rigió durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La propuesta del actual gobierno pretende incrementar la competencia de las Fuerzas Armadas permitiendo su intervención en temas de seguridad interior.

El polémico decreto 683/2018 firmado recientemente por el presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, plantea en uno de sus artículos: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina”. De este modo, dicho punto viene a modificar lo establecido anteriormente durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando en el decreto 727/2006 se fijó que las Fuerzas Armadas sólo podían intervenir ante “agresiones de origen externas perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros estados”.

Como podemos observar, ya no se habla de la necesidad de una agresión de una fuerza armada de otro país sino de “cualquier” agresión externa. En ese sentido, el propio Aguad declaró que el objetivo gubernamental es que las Fuerzas Armadas “actúen frente a cualquier ataque de origen externo, que puede ser perpetrado por un Estado o por nuevas organizaciones vinculadas al terrorismo y al narcotráfico.

Otro punto de gran resonancia es el que habilita la planificación de operaciones de seguridad interior. Si bien según esta nueva iniciativa sólo se establece el apoyo logístico de las fuerzas de seguridad del interior del país en casos de “emergencias” o “catástrofes naturales”, se contrapone nuevamente al anterior decreto firmado por Kirchner, en el cual se prohibía planificar, adquirir equipos o realizar inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.

Cabe destacar que antes de este decreto, Gendarmería y Prefectura eran las encargadas de controlar y vigilar fronteras y ríos, además de custodiar “objetivos estratégicos”. A partir del decreto firmado por Macri, las Fuerzas Armadas compartirán estas tareas con ambas fuerzas de seguridad.

 

Términos pocos precisos y peligrosos

En sintonía con la alarma que produce este cambio que conjuga y confunde Defensa y Seguridad, el comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Grupo Convergencia XXI (académicos y especialistas en defensa, seguridad y relaciones internacionales) advierte sobre la falta de precisión de algunos términos claves: “este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas ‘agresiones externas’; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas”.

Además, es importante resaltar la negación por parte del gobierno nacional para que esta situación se trate en el Congreso, evitando delegar el tratamiento de esta medida y someterla a votación, optando por un decreto abrupto e inoportuno si tenemos en cuenta tanto la crisis económica y el descontento popular, además de una imagen presidencial que va en sentido decreciente.

“El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una ‘verdadera reforma del sistema de defensa nacional’. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista”, concluye el comunicado.

 

La experiencia de México y Brasil: violaciones a los derechos humanos e impunidad

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización con sede en Washington que tiene como fin realizar investigacionesincidentes a favor de los derechos humanos, elaboró un informe a raíz de los delitos y violaciones cometidos por soldados mexicanos. En este informe, titulado “Justicia olvidada: La Impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, el organismo analiza lo sucedido en estos últimos diez años luego de que el anterior gobierno de ese país desplegara militares como estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada. WOLA denuncia que el fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público “se ha dejado en segundo plano”, como así también hace hincapié en la influencia de Estados Unidos que apoyó este enfoque a través de la “Iniciativa Mérida”, con la cual una gran parte de recursos se destinaron a las fuerzas armadas.

“La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente”.

Siguiendo a la prestigiosa periodista mexicana Cecilia González, dentro de los casos más emblemáticos de violaciones de derechos humanos y muerte podemos mencionar el de la comunidad de Tlataya, en donde miembros del Ejército ejecutaron a 15 personas fingiendo un enfrentamiento. Pero quizás el caso de mayor resonancia, repudio e impunidad sea el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde también hay militares involucrados.

Volviendo con el informe de WOLA, es importante remarcar la importancia de que, tras estas violaciones sistemáticas por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, el sistema judicial “enfrenta retos —incluyendo acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones— para que las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados se castiguen”.

Todo pareciera indicar que la militarización de la sociedad civil es un proyecto a implementar en Latinoamérica. En Brasil, el pasado 16 de febrero, el presidente de facto Michel Temer firmó un decreto para la militarización de Río de Janeiro, convirtiéndose en la primera intervención militar sobre la seguridad pública registrada desde el inicio del proceso democrático con la Constitución de 1988. Este proceso aumentó los asesinatos por parte de policías, paramilitares y los tiroteos que se despliegan en las calles.

Tal vez el caso más emblemático sea el asesinato de la concejala y activista Marielle Franco, quien fue atacada a sus 38 años con una ametralladora en el centro de Río de Janeiro, y cuyos proyectiles pertenecían a la policía federal. Por el momento, se estima que los presuntos autores del crimen son un policía retirado y un exmiembro del cuerpo de bomberos.

 

¿Están los soldados preparados para luchar contra el narcotráfico?

El secretario de la Defensa Nacional de México,general de división Salvador Cienfuegos, admitió el “desgaste” de sus tropas. Se estima que más de 50 mil soldados están movilizados a toda hora y los enfrentamientos son permanentes. Además, se trata de un trabajo para el cual no hay reemplazo. Según el diario español El País, desde que Vicente Fox decidió utilizar las fuerzas militares en la guerra contra el narcotráfico (en el año 2005), el saldo ha superado las 100 mil vidas.

Tiene sentido preguntarse si en nuestro país las Fuerzas Armadas están preparadas para luchar contra ese monstruo llamado “narcotráfico”, suponiendo que ese fuera el destino de esta medida, desde ya. ¿Quién pagará los platos rotos del desgaste psicológico? ¿Quién se ocupará de asegurar las condiciones materiales y la contención para las tropas? ¿Somos un país realmente dispuesto a equivocarse aún teniendo como pruebas explícitas lo que acontece en regiones vecinas?

 

La importancia de mantener viva la Memoria y movilizadas las calles

Como respuesta al decreto, un porcentaje importante de la sociedad argentina se manifestó el pasado jueves en las calles de las principales ciudades. Es así que organizaciones de Derechos Humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. entre otras, convocaron a marchar contra el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.

Además de los organismos de Derechos Humanos, se hicieron presente organizaciones sociales, partidos políticos opositores al actual gobierno, organizaciones sindicales como la CGT, CTA, ATE y cientos de miles de autoconvocados que caminaron reclamando Nunca Más.

En tanto que Mauricio Macri afirmó en conversación con Radio Seis de Bariloche que, “lo importante es que les cayó bien a la mayoría de los argentinos que tengamos unas Fuerzas Armadas involucradas y participando activamente de los problemas de los que podemos llegar a tener que defendernos”.

En un claro intento de hacer oídos sordos a las movilizaciones ciudadanas de repudio, el presidente de los argentinos añadió: “No hay que seguir condenando a varias generaciones después por un drama que vivimos en el país, un hecho que quedó en el pasado. Nuestro compromiso democrático está fuera de esta discusión”.

Resulta imposible no visualizar un hilo de tensión entre el decreto y nuestro pasado, más si tenemos en cuenta que no han pasado tantos años desde que recuperamos la democracia. El espíritu de mantener a las Fuerzas Armadas alejada de asuntos de seguridad interior fue para nuestro país un propósito trascendental, desde el expresidente Raúl Alfonsín pasando por Menem y todos los presidentes posteriores. Con esto quiero decir que ningún presidente elegido por voto popular se había atrevido a tanto. Porque traer a las Fuerzas Armadas hacia el interior de asuntos en los que por consenso ciudadano habíamos determinado que no tienen que tener competencia, es retroceder en una discusión en la que muchos pensábamos ya habíamos avanzados muchos casilleros.

La firma de ese decreto por parte de Mauricio Macri y Oscar Aguad impactó en los habitantes y en los medios de comunicación de manera inmediata. Pero además tenemos que tener en cuenta el rol de las redes sociales, en donde repudiar lo obligatoriamente repudiable se volvió una expedición de volver al pasado, una suerte de presente tragicómico y triste.

La teoría de los dos demonios puede aparecer por debajo de los adoquines del silencio incómodo que muchos pronuncian en cada 24 de Marzo, cuando otros marchamos y sentimos ese día como un nudo apretado en la garganta y un compromiso con la Memoria, más que como un feriado. Se me ocurre que la verdadera grieta tal vez exista entre quiénes despliegan su arsenal de argumentos relativizando el horror, las desapariciones, las torturas más impensadas y el robo de bebés y quienes no queremos olvidar lo sucedido. Quizás porque ayer los crímenes más oscuros y el genocidio que aún nos deja heridas civiles, económicas y cómplices hayan sido posibles bajo el slogan de la “lucha contra la guerrilla”, sea que hoy nos cueste mucho creer en el supuesto argumento de la “lucha contra el narcotráfico”.

Las estadísticas y las cifras están a la vista, sólo basta con mirar lo que el modelo neoliberal saqueó y destruyó estructuralmente en países maravillosos como México y Brasil.

Tal vez porque no alcanzan las botas, las ametralladoras y los tanques cuando de inseguridad se alcanza; la inseguridad de no comer todos los días, de no acceder a un sistema de salud cada vez más quebrado o a una educación pública que hace malabares para sostenerse. Quizás porque la sociedad esté más preparada para debatir sobre legalización de drogas y en el fondo el propósito de “patear la pelota fuera de la cancha” sea ese, para evitar tocar los verdaderos negociados que huelen a pantano y sin embargo financian a sectores poderosos.

Hay muchas formas de discutir la inseguridad y las desigualdades. Pero hay algo que no debemos permitir por más que desde arriba insistan: olvidar el pasado. Seguir diciendo “Nunca Más” queda, otra vez, en manos de la sociedad civil.

Nunca Más, para siempre, Nunca Más.

 

Fuentes: www.wola.org – El País – Telesur – Cels – Chequeado.com – Clarín.

 

Nota correspondiente a la edición n° 525 del semanario La Jornada, del 30 de julio de 2018.

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