Por Felipe Etkin

Desde el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri las tensiones con la cuestión laboral fueron, quizás, una de las más visibles y caldeadas. El programa de gobierno que Cambiemos implementó desde un primer momento -con altibajos pero sin modificaciones- colisiona, a corto o largo plazo, con los intereses de la población trabajadora; hecho que no ha generado el beneplácito del sindicalismo más combativo. Amén de esto, el respaldo al oficialismo en las pasadas elecciones legislativas puso en cuestión la influencia directa que el bolsillo y la billetera de los ciudadanos puede tener en la decisión dentro del cuarto oscuro; demandando un mayor refinamiento en los análisis político-electorales. Sin embargo, las políticas de despidos masivos en el ámbito público y privado, el techo a las paritarias con una inflación asfixiante y la Reforma Laboral en curso, indican que ‘el trabajo’ es una de las cuestiones estratégicas de mayor prioridad para el gobierno.

En el marco del Día de los y las trabajadores, distintos representantes gremiales analizan un panorama marcado por la incertidumbre y la tensión constante, al calor de cifras poco esperanzadoras para quienes día a día salen a defender su puesto de empleo.

 

Precarización y perversidad

Con gran aspaviento mediático, desde las primeras horas, el nuevo oficialismo nacional anunció una reforma con respecto al Estado como empleador. Acorde con la historia de los gobiernos de corte liberal que ya tuvieron lugar en nuestro país, el gobierno tuvo el objetivo de desfinanciar ciertas áreas gubernamentales para transferir esos recursos al sector financiero. A su vez, la mediatización de la política desemboca en la conformación de un clima de época que genera un visto bueno para el vaciamiento y la precarización a nivel provincial y municipal, como así también para el sector privado.

 

En los servicios

Gustavo Valdez, secretario General del Sindicato de Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) consideró que frente a este panorama “los trabajadores son la principal variable de ajuste”. En este sentido evaluó que la situación específica de su sector es tan complicada como lo es a nivel general para todos los trabajadores de prestación de servicios públicos. “Por un lado, el panorama de los tarifazos en todos los niveles del Estado y servicios castiga a los usuarios, a la vez que exime de cargas a determinados prestadores que incrementan sus tasas de ganancias, esto termina perjudicando a los trabajadores que son obligados a discutir convenios y salarios a la baja alegando la necesidad de ajustar costos”, comentó.

El gremialista aseguró que el momento es complejo y que el panorama hacia adelante demandará la defensa de los derechos adquiridos para lograr que no se utilice a los trabajadores a los fines de reducir costos. Valdez sostuvo: “hay un proceso de transferencia de recursos a las empresas prestatarias; a la vez que el Estado se corre de su lugar de garante de estos servicios. En esta situación se pretende que el hombro lo pongan los trabajadores y los usuarios, con el único fin de beneficiar a los dueños de aquellas empresas”.

Para el sindicalista, el único objetivo del gobierno es levantar las tarifas para que lo soporten los usuarios, a la vez que arremeten contra todos los gremios de cualquier rama y actividad “para ajustar a los trabajadores superando la valla que significa que los sindicatos estén defendiéndolos”.

 

En el Estado

En este mismo sentido se expresó Eugenia Mercado del Sindicato de Empleados Públicos, quien se desempeña como congresal y delegada de Rentas de Villa Carlos Paz: “A nivel nacional estamos en una batalla; día a día tenemos que pelear por nuestra postura gremial-sindical porque permanentemente nos están avasallando”, informó.

Mercado aseguró que la precarización laboral existe en el Estado y que en algunas reparticiones el salario es insuficiente, como por ejemplo en el PAICOR y en el área de Salud. “El panorama es el mismo en toda la provincia y estamos en la lucha por tener nuevos recursos monetarios y humanos. Sin embargo hemos crecido mucho como gremio en los últimos años, abrimos nuevas delegaciones y logramos el pase a plata de 4800 contratados en toda la provincia”, destacó.

 

En los barrios

En los últimos años, el fortalecimiento de organizaciones sociales de base instaló un debate que, surgido de los barrios, llegó al Congreso de la nación. Se trata de la visibilización de los trabajadores de la economía popular; una enorme cantidad de población que trabaja en los márgenes de las normativas estatales y por fuera del reconocimiento formal. Natalia Astegiano, secretaria Adjunta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP-Córdoba), sostuvo que se trata de un tercio de la población económicamente activa y que son los que pagan las peores consecuencias de todas las políticas de ajuste. “En nuestro sector no hay despidos formales, no existen las paritarias y no se actualiza el salario; la ley no está pensada para la economía popular”, explicó. La gremialista explicó que uno de los desafíos, precisamente, reside en disputar la forma de las normativas: “Nuestros compañeros se organizan en unidades productivas que no entran dentro de las leyes como están establecidas; hemos logrado tomar forma de Cooperativas para amoldarnos, pero también el cooperativismo fue desmantelado por el Estado. Se nos exige una legalidad que el mismo Estado no habilita”.

Astegiano aseguró que desde el 2015 a la actualidad realizaron un paso muy grande en visibilizar la problemática. En tal sentido, destacó que al generar políticas propias destinadas a la economía popular como la Ley de Emergencia Social y el Salario Social Complementario se produjo una revalorización del sector. Sin embargo, consideró que uno de los saltos más importantes para la CTEP fue lograr organizar a los compañeros en torno al eje del trabajo en vez de que la articulación se diera por aspectos meramente resolutivos en base a las necesidades de cada barrio. “Ahora salimos a pelear por derechos concretos referidos a la Tierra, Techo y Trabajo”, sintetizó.

En tal sentido, destacó que la Confederación logró torcer políticas destinadas a los comedores y merenderos en el marco de lo que promueven como Ley de Emergencia Alimentaria; “impulsamos el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el que pudimos relevar las situaciones de vivienda y dar un primer paso al derecho de posesión. Seguimos peleando por nuestra propia obra social y el reconocimiento de todos los ámbitos del Estado para la contratación del trabajo”.

No obstante, aseguró que no se trata de una lucha sectorizada: “CTEP también pelea por los derechos de todos los trabajadores porque nos reconocemos dentro de esa clase”, expresó.

 

En los medios

En diciembre del 2017 asumía la primera mujer al frente del Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación. El dato no es menor en el marco de este contexto sindical y del impulso del feminismo y los debates de género en la opinión pública. Mariana Mandakovic, secretaria General de la entidad evaluó que la situación de los trabajadores de la comunicación es alarmante a nivel mundial. “La precarización laboral en un sector tan fundamental para la sociedad como es la prensa y la comunicación es de una perversidad total. En este caso no son solo problemas del trabajador, se trata de un problema para la sociedad en su conjunto. La precarización laboral genera el deterioro de la información y esto colabora con el deterioro de la democracia en general. Una sociedad que no está bien informada es una sociedad que no puede tomar buenas decisiones”, comentó.

De acuerdo con la periodista y docente universitaria, uno de los factores que genera esta situación está dado por el desarrollo tecnológico que ha modificado los procesos de producción de contenidos y formas de consumo. “Los gremios de prensa también entran en crisis porque se redujeron muchísimo los puestos laborales y los aportes al sindicato. En este panorama, el sector tiene que acomodarse a una forma de consumo distinta; esto no es sencillo porque en ese camino se produce la precarización laboral; y a su vez el sindicalismo tiene que abrir la cabeza para integrar a todos los trabajadores de prensa y comunicación que existen”, consideró.

Mandakovic precisó que la precarización laboral en el ámbito de la prensa ha existido desde siempre y se trata de una generalidad ya que frecuentemente los periodistas “han trabajado más por la fama y por tener un espacio en los medios que por valorizar el trabajo”. Asimismo, la convergencia tecnológica abona a la problemática, ya que una persona “con el mismo salario y el mismo horario ahora tiene que sacar fotos, escribir, entrevistar, subir la información a la web, entre otras tareas”.

 

En la municipalidad

Villa Carlos Paz ha generado fuertes tensiones y debates en torno a la forma en la que el municipio contrata y emplea a sus trabajadores. La precarización se hace evidente con diferentes mecanismos como las becas de capacitación y los contratos; situación por la cual cientos de ciudadanos fueron y son empleados de manera temporal con sus derechos laborales vulnerados. A su vez, en el marco de la arremetida contra la Cooperativa Integral el punto sobre qué pasara con los actuales trabajadores de la Coopi es uno de los aspectos más sensibles y rechazados por los sujetos afectados.

José Altamirano, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) indicó que su calificación frente a la precarización laboral no es totalmente positiva: “Falta mucho para trabajar y corregir. Las becas de capacitación son un tema filoso, desde el 2001 que se crearon, pero son un disfraz para tomar personal precarizado y atender favoritismos políticos. Sin embargo, este es el único municipio en la provincia de Córdoba que le puso tope. Nosotros logramos una ordenanza para que al año y cuatro meses automáticamente pase a contratado, donde tiene todo lo que corresponde a un trabajador. Si bien es un contrato determinado y no es lo mismo que planta permanente, es un paso”, observó.

Al ser consultado sobre el acatamiento estricto de la ordenanza, Altamirano señaló que siempre que haya una irregularidad en la aplicación plantean los recursos de consideración para que se revea. “Dentro de todo se está trabajando de forma coordinada para que estos atropellos no se cometan. Es difícil pelear contra esto porque sabemos que los municipios se manejan de esa manera”, comentó. Asimismo, Altamirano descartó que en el municipio haya trabajadores precarizados: “Están todos regulados. Si bien hay becas y contratos, están regulados. No dejan de ser temporales, pero están regulados”, opinó. No obstante, confirmó que hay trabajadores que llevan casi 20 años como contratados.

El sindicalista consideró que en los 10 años que lleva su gestión han tenido un avance importante: “Dignificamos la estabilidad laboral que es lo que más ser persigue y es lo más complicado actualmente. Siempre luchamos por el pase a planta permanente y por suerte lo hemos venido logrando con la recategorización de 102 compañeros desde el 2014. Esto nos da credibilidad a los efectos de que ahora estamos trabajando por un nuevo pase a planta, que se va a lograr a fin de año cuando vamos a tener la incorporación de nuevos compañeros. La gestión del ejecutivo municipal nos escucha y abre una puerta, nos prepara mesas de discusión y consenso; esto abre un diagnóstico positivo para el futuro”.

En el caso concreto de Villa Carlos Paz, desde SIPOS evalúan que en los servicios de agua y saneamiento “no hay precarización laboral ni trabajadores con una situación fuera de lo que establece la ley en términos de derechos laborales”. De acuerdo con Valdez, la Coopi exhibe una conducta impecable como empleadora, aunque no se puede decir lo mismo de la municipalidad. “La política precarizadora del municipio permitió dejar sin contrato a una médica que trabajaba desde hace 16 años de manera irreprochable en el Hospital Gumersindo Sayago. En rigor, el Estado se ha convertido en el peor precarizador y más perverso de los empleadores”, observó

 

En los comercios

“Durante este verano se notó el receso laboral y la demanda de la gente, no hubo muchos espacios de trabajo”, subrayó Carlos Orso, secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC). El gremialista precisó que los supermercados tomaron gente durante enero y ya en febrero dejaron el personal; mientras que los negocios regionales han mantenido el personal desde comienzos de verano hasta semana santa. Los datos indican que desde marzo a esta parte varios negocios en la ciudad cerraron sus puertas o quedaron con el personal mínimo e indispensable. Orso asegura que  en estos momentos hay una gran demanda laboral en la ciudad.

“Hemos dialogado con las cadenas de supermercados que están en Villa Carlos Paz y nos dijeron que por el momento no va a haber despidos, tenemos preocupación por lo sucedido en Carrefour. Hay ciertos temores, pero hay expectativas por lo conversado con los empresarios. Indudablemente los diagnósticos no son muy buenos. La situación es difícil y va a ser problemática durante todo el invierno. Trataremos de priorizarlo, buscando conservar los puestos de trabajo”, manifestó.

En esta etapa del año,  desde el CEC observan que quienes se encontraban trabajando en blanco durante la temporada pasaron a trabajar de forma no declarada. “Muchos comerciantes hacen renunciar a los trabajadores para que continúen informalmente”, aseguró.

Consultado respecto de cifras que ilustren el panorama de la ciudad, Orso indicó que de eso se encarga el gobierno de la provincia y que no les han suministrado datos.

 

En el país

De manera general, los distintos gremios -muchas veces de signo político contrario- coinciden en resaltar el escenario de conflictividad sindical y laboral. La Reforma Laboral y Previsional propuesta por Cambiemos se impone como uno de los tópicos más alarmantes, junto con el tarifazo, la inflación y el repertorio de medidas desreguladoras que el neoliberalismo guarda en el tintero desde su desembarco en el país junto con la última dictadura militar.

Desde el CEC, informaron que quieren que se dé marcha atrás con la propuesta de la reforma laboral “porque no va a beneficiar a los trabajadores de los comercios ni a los sindicatos”. Asimismo, Altamirano del STM analizó que a nivel nacional estamos pasando un momento muy difícil: “La inflación nos tiene en jaque y en una incertidumbre total. Mientras el ejecutivo nacional siga presionando a los trabajadores vamos a seguir creando inflación porque no se ve un acierto consistente en que esto pueda llegar a mejorar. El gobierno pone un techo en vez de poner un piso, ahí hay una equivocación”.

Por el lado de CTEP, Astegiano aseguró que la Reforma Previsional tuvo un impacto muy grande en la economía popular porque modificó las tasas de cálculo para el aumento de un índice que afecta la Asignación Universal por Hijo. “Junto con la Reforma Laboral son medidas de un gobierno que busca beneficiar a las empresas y no a los trabajadores, desde la CTEP consideramos que hay que aspirar a la unidad del pueblo trabajador. Esa unidad se da en las calles, por eso hemos sido uno de los gremios más activamente generó un plan de lucha contra todas las medidas de Macri”.

Por su parte, Valdez advirtió que hay que prestar atención al conjunto total de los trabajadores: “Hay que hablar de los trabajadores sindicalizados, pero también hay que hablar de trabajadores autogestionados, los de la economía popular e informal de la economía social. Hay una inmensa población castigada por las políticas actuales. Es un escenario donde se impone conmemorar el 1º de mayo entendiendo que hay que plantearse la unidad, la organización y la lucha de todos los sectores del trabajo en contra del despojo de los derechos laborales”.

Este 1º de mayo las ollas populares y los brindis tendrán cierto sabor a una indignación que va macerándose al calor de la coyuntura nacional, provincial y municipal. En la mesa está servido el juego mientras el sindicalismo y el gobierno se disputan quién comenzará la siguiente partida.

 

Nota correspondiente a la edición n° 512 del semanario La Jornada, del 30 de abril de 2018.