El Foro Social del Pramu (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio) se reunió el sábado 22 de abril en el centro vecinal de barrio Sol y Río con la intención de concretar una reunión informativa-resolutiva.

La convocatoria surgió tras conocerse que funcionarios nacionales y provinciales recorrieron el pasado martes 4 de abril la ex mina de uranio de Los Gigantes, en el marco del proyecto de remediación que impulsa el senador Carlos Caserio.

Dicha visita fue convocada por el defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, quien llevó adelante la gestión frente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que se permitiera conocer el estado de los monitoreos y trabajos que se efectúan allí.

Desde el Foro Social, que se creó cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) configuró el Pramu para poder remediar “el desastre” de la mina de uranio, reclaman ser parte del proyecto.

“No al uranio en las cabeceras de las cuencas”, fue una de las consignas del encuentro. Además, se planteó la necesidad de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) respete al Foro Social “como uno de los pilares de la participación social”.

Luego de una exposición sobre la tarea del Foro Social, su creación y su función, comenzó a analizarse un documento, que luego de hacérsele algunos agregados se dará a conocer en forma definitiva.

En el encuentro se resaltó la actividad del Foro Social como órgano de contralor, que requiere de la más amplia participación social. En esa línea, se invitó a las organizaciones participantes y ciudadanos a actuar como multiplicadores en la sociedad.

“La idea fue elaborar una especie de guión sobre las cuestiones que son importantes de hacer”, dijo el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM (Fundación en defensa del Medio Ambiente) en diálogo con FUNEAT (Fundación Educación Ambiente y Trabajo).

Sostuvo que los cuatro puntos más importantes sobre los cuales exigir medidas concretas son: que se comience con la remediación de la mina de uranio, la declaración de la ilegalidad del recomienzo de actividades en la planta de Dioxitek S.A. en Alta Córdoba, solicitar que se disminuya la cantidad de uranio permitido en agua y reivindicar la importancia de que más municipios y comunes se declaren zonas no nucleares.

“Para cada uno de estos puntos hay una serie de pedidos. Quizás el más importante sea el pedido urgente de la remediación de la mina de uranio de Los Gigantes, pero con una previa auditoría participativa. En el documento también planteamos que haya un plan de contingencia, en el caso de que haya una lluvia excepcionalmente alta en la parte alta de la cuenca; que haya estudios epidemiológicos. La condición sine qua non es que cualquier proceso de remediación sea precedido por un estudio de impacto ambiental y audiencia pública”, detalló Montenegro.

 

Nota correspondiente a la edición n° 463 del semanario La Jornada, del 30 de abril de 2017.