20 meses de injusticia: la lucha de Cristian Dematei por su libertad

Por Jorgelina Quinteros

¿Qué son veinte meses en la vida de una persona? Veinte meses lejos de tu familia, veinte meses sin poder ir a trabajar, veinte meses de encierro…

¿Qué son veinte meses de injusticia? Una total y completa irresponsabilidad, negligencia y arbitrariedad de parte del Estado, con el Poder Judicial y la policía de Córdoba como protagonistas centrales del robo de la libertad a un hombre inocente.

En la vida de Cristian Dematei el encierro implicó un alejamiento de sus vínculos familiares, la pérdida de su trabajo, el endeudamiento de su familia para pagar los costos de su defensa y el impedimento de ver crecer a su hijo.

Cuando fue encarcelado su bebé tenía dos meses de vida, actualmente va a cumplir un año y diez meses. Se perdió sus primeros pasos y palabras y no pudo acompañar a su esposa durante esos esenciales meses de crianza. No hay manera de recuperar el tiempo perdido y de borrar la angustia que atravesó a Cristian, sus familiares y amigos en todo este tiempo.

El tribunal y la fiscal, cuando le otorgaron la libertad, dejaron expuestas las falencias de la investigación. Tres horas de audiencia pasaron hasta obtener el fallo que esperó un año y ocho meses. Un fallo que devolvió al joven a la vida de la había sido arrancado impunemente.

Entender el accionar del Poder Judicial de nuestra ciudad es clave para reconstruir la trama de complicidades que permitieron que el caso de Dematei llegara a esta instancia. Asimismo, también es importante acompañar a la familia en su difusión de la causa con el objetivo de garantizar que nadie vuelva a vivir lo que atravesaron con su hijo.

Cristian Dematei estuvo preso diecinueve meses y diez días en la cárcel de Bouwer (Córdoba) acusado de un robo que no cometió, en base a una investigación plagada de irregularidades y contradicciones. Desde un primer momento, la familia denunció las anomalías y exigió su liberación, clamando su inocencia.

Tuvieron que esperar que el caso llegara a juicio para que se conociera la verdad. El miércoles pasado el tribunal de la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba encabezado por el juez Eduardo Valdés, absolvió a Cristian Dematei y declaró su inmediata liberación. De esta manera, el delito de robo calificado que pesaba sobre él quedó sin efecto.

 

Los hechos

El joven de 22 años fue acusado en febrero de 2016 de robo calificado, por Claudia Molina. La mujer era empleadora de su hermana Paola Dematei y denunció que vio una foto en Facebook de Cristian. A partir de ese momento, lo identificó como el asaltante que le sustrajo 75 mil pesos.

El 24 de febrero Claudia Molina había sido asaltada mientras ingresaba a su casa. Le robaron dinero y electrodomésticos. Inicialmente, la mujer dirigió sus sospechas hacia su empleada.

Molina vive de la venta particular de electrodomésticos y Paola era la encargada de realizar la cobranza casa por casa. A partir de ese vínculo laboral, la víctima los señaló como responsables del asalto. Acusó a Paola de brindarle información a su hermano y a Cristian de perpetrar el asalto.

La denuncia de Molina y la imagen de Facebook apuntando a Cristian Dematei como el autor del hecho fueron el único argumento tomado en cuenta para ordenar su detención.

A pesar de que esa acusación inicial fue perdiendo fuerza en el marco de la investigación, nunca se consideró la inocencia de Cristian y, en un principio, tampoco la de Paola.

La causa fue polémica porque la víctima del robo se desdijo en varias oportunidades y acusó a distintas personas. Más allá de su palabra no tenía otras pruebas que los inculparan.

De hecho, la policía realizó un operativo buscando una moto enduro blanca y el arma con la cual la víctima del robo fue intimada. En los allanamientos realizados a la vivienda del joven jamás encontraron estos elementos ni otros que lo impliquen.

“No encontraron nada porque no había nada. Somos gente trabajadora. Mi hijo es un trabajador de Carlos Paz”, manifestaba Ángel Dematei, padre del joven, en declaraciones a VillaNos Radio el 13 de julio de 2016.

La causa estuvo en manos de la fiscalía N°2 a cargo de Ricardo Mazzuchi. También tuvo intervención el juez de Control y Minoridad, Daniel Strasorier, quien el 12 de julio de 2016 revocó el pedido de libertad para Cristian y confirmó su prisión preventiva hasta llegar al juicio.

Cabe mencionar que en el desarrollo de la investigación, ambos hermanos fueron trasladados al penal de Bouwer, pero Paola fue beneficiada con la prisión domiciliaria debido a que tenía un hijo pequeño.

Finalmente, Strasorier la desvinculó del episodio, negando su carácter de “partícipe necesaria”. Al poco tiempo resolvió su libertad. Sin embargo, no tuvo el mismo criterio con Cristian.

La familia decidió apelar esta medida ante la Cámara de Acusación de Córdoba. En el escrito presentado como apelación, el abogado de Dematei, Miguel Carol Lugones, señaló que se trataba de una “resolución contradictoria” y expuso: “Si para el juez de Control no hay elementos que puedan acreditar que Paola Lorena Dematei dio el ‘dato’ a su hermano Cristian Dematei del dinero que tenía la víctima Molina, cabe preguntarnos cómo pudo éste participar en el hecho de algo que nunca pudo haber conocido; por lo que y sumado al resto de las probanzas, correspondería no tener por partícipe en calidad de autor al aún privado de la libertad”.

Asimismo, el abogado defensor esgrimió otros argumentos para pedir la libertad de Cristian que no fueron tenidos en cuenta, como la ausencia del riesgo procesal.

 

La justicia hizo oídos sordos

Un fiscal de Villa Carlos Paz (Mazzuchi) y un juez (Strasorier) intervinieron en la causa. Ninguno escuchó al joven o la familia Dematei.

Hubo dos movilizaciones frente a la fiscalía reclamando la liberación de Cristian por falta de pruebas. Un sólo testimonio, el de la víctima del robo, fue suficiente para que Cristian fuera apresado en su casa y trasladado casi de manera inmediata a la cárcel de Bouwer.

Para la Policía de Córdoba el caso estaba cerrado, los funcionarios judiciales le sacaron la etiqueta de trabajador al joven y le pusieron la de delincuente, pero ¿el principio de inocencia dónde quedó?

El artículo 19 de la Constitución Nacional señala que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”.

“Un imputado sin antecedentes penales, que poseía trabajo, tiene un hijo, una familia constituida de la cual es el sostén, una honra intachable infelizmente mancillada en un causa plagada de contradicciones donde la misma denunciante equívocamente sindicó diversas personas (…)”, expresaba el abogado defensor Carol Lugones en su escrito de apelación.

Incluso, “la misma víctima decidió contratar los servicios de un letrado para defender a los imputados”, detallaba.

Y concluía que el proceder de la justicia “(…) nos obliga a tener que desvirtuar mediante prueba (…) una “presunción de culpabilidad”, inexistente en nuestro sistema legal, pero impuesta por esta investigación que lesiona sensiblemente la estructura jurídicamente organizada del Estado de Derecho”.

 

“Quiero dar un mensaje para que esto no vuelva a suceder”

El miércoles pasado, al finalizar el juicio, Cristian fue liberado inmediatamente. “Estoy contento, porque estoy en libertad. Volví a mi hogar”, declaró a VillaNos Radio.

Antes de su encarcelamiento, el joven era futbolista del club Independiente de Playas de Oro y trabajaba como guardavidas de la municipalidad de Carlos Paz, empleo que perdió por esta causa. “No se me acercó nadie de la municipalidad, sólo el entorno periodístico”, manifestó.

Cristian, desde un primer momento, se mantuvo firme en su reclamo de justicia. “Siempre tuve esperanzas de que iba a salir toda la verdad. Fue un tiempo duro el que me tocó vivir. Pero siempre tuve fe de que tarde o temprano esto se iba a aclarar, porque era una mentira y fui llevado injustamente a una cárcel”, recordó.

“Fue muy injusto. Nadie en ese entonces puso un poco de ganas en leer la causa”, agregó sobre el proceso que llevó a su detención. Y detalló: “El miércoles tres horas le alcanzaron a la fiscal para darme una resolución”.

“Al tribunal de esta cámara no le alcanza una fotografía de Facebook para dictar sentencia, así que declaro esta persona absuelta”, son las palabras que le permitieron recuperar su libertad. Esa frase quedará grabada en su memoria para toda la vida.

“Con mi última palabra le agradecí al tribunal y la fiscal porque ellos fueron los que hicieron justicia, pero no hubo disculpas por parte de nadie”, aclaró.

Casi 20 meses transcurrieron en la cárcel de Bouwer que Cristian vivió como “una pesadilla”. Por eso, asumió el compromiso de dar a conocer su caso para evitar que otros sufran una injusticia similar. “Quiero dejar un mensaje y que esto se vea y se vuelva viral, para que no vuelva a suceder”, sentenció.

Además, anunció que está evaluando con su abogado la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Estado. “Seguramente algo haré, porque nadie me va a devolver ese tiempo que perdí de mi bebé, sus primeros pasos y palabras, y con mi familia. Nadie me va a reparar lo que le sucedió a mi familia”, aseguró.

Todo lo que tuvo que atravesar por la impunidad con la que se manejó la causa, a Cristian le sirvió para reconocer el “valor que tiene la vida”. “Quiero disfrutar a mi hijo y formar el vínculo con mi familia. Quiero volver a trabajar y recuperarme”, concluyó.

 

“Lo que hemos sufrido nosotros no se lo deseo a nadie”

Ángel Dematei es trabajador de la Cooperativa Integral. Junto a su mujer Norma Altamirano acompañaron a su hijo en cada paso de este calvario.

Participaron en las movilizaciones, fueron a visitarlo en cada oportunidad a la cárcel, con mucho sacrificio lograron juntar el dinero para su defensa y los viajes a Córdoba. Sobre todo, lo ayudaron a Cristian a sobrellevar el peso de la injusticia y el desamparo, con expresiones de cariño y aliento.

“Lo que hemos sufrido nosotros no se lo deseo a nadie. Fue algo desgarrador, no me lo olvido nunca y lo revivo todos los días. Fue horrible estar en mi casa sin poder dejar de pensar un minuto en él, algo que me pateó el corazón”, rememoró el padre del joven.

Ver en libertad a Cristian fue volver con la memoria a todo lo que ocurrió a fines de febrero de 2016. “Lo trasladaron como si ya fuera el autor del hecho. No tenía antecedentes, pero no le importo al señor fiscal. Yo me preguntaba por qué me hacen esto si mi hijo es inocente”, añadió sobre los momentos en que Cristian fue detenido.

Cuando los familiares y amigos del joven se dirigían a Tribunales II iban con la certeza de que se volvían con Cristian. “Esto era una farsa, no tenían como sostenerlo. No había pruebas y no lo quería ni un minuto más adentro”, afirmó Ángel.

Una vez que se confirmó la absolución, las 15 personas que estaban dentro de la sala de audiencias quebraron en llanto. Ángel fue una de ellas. “Fue muy emocionante. Teníamos ansiedad de abrazarlo y corrimos todos hacia él cuando lo vimos salir. En la ruta veníamos tocando bocina”, relató.

La caravana terminó en el hogar de la familia Dematei de barrio Colinas. Desde el miércoles a la noche la casa es una fiesta. Cristian volvió a reencontrarse con todos sus afectos y su sonrisa es la marca registrada de todas las fotos.

“Tengo a mi hijo en casa. Estoy re feliz y festejando con él junto a toda la familia. Ahora estamos empezando de nuevo”, destacó su papá.

También, valoró la actitud que asumió Cristian de contar lo que vivió y romper con el estigma social que pesa sobre quienes pasaron por la cárcel. “Nadie va a recuperar nunca lo que se le quitó. El mensaje que él deja es que no vuelva a pasar esto porque a una persona la señalan con el dedo”, finalizó.

 

Justicia para unos pocos

En mayo de 2013 se conoció un caso similar, que también implicaba a la fiscalía de Mazzuchi. Los acusados eran Brian Arias (23) y Alejandro Orellano (23) y la víctima del robo era Verónica Gudiño.

El hecho sucedió cerca del hospital municipal Gumersindo Sayago. Gudiño iba caminando y dos chicos que se encontraban sentados en la vereda la asaltaron a mano armada, la golpearon y le robaron sus pertenencias.

En aquel momento, la víctima acompañaba los pedidos de libertad de los chicos, diciendo que ellos no fueron los que la asaltaron. Más de dos meses estuvieron los jóvenes presos en Bouwer hasta que se declaró su inocencia.

Lo que le sucedió a Cristian Dematei deja en exposición una forma de operar de la justicia en connivencia con la policía. La culpabilidad recae, aún sin pruebas concretas, sobre los sectores sociales más desprotegidos y vulnerables con menos posibilidades de acceso a la justicia.

¿Hubiera sido tan rápido el envío de un sospechoso a prisión si estuviéramos hablando de un funcionario público o de un ciudadano de Carlos Paz cuyo apellido implicara cierto poder y reconocimiento social? ¿Dónde que queda el principio de inocencia para los trabajadores, para los jóvenes de sectores populares, para los vecinos de barrios periféricos de la ciudad? ¿Dónde está la justicia efectiva y rápida para resolver los casos de Andrea Castana y Hernán Sánchez (a cargo del fiscal Mazzuchi)?

¿Cuándo vamos a empezar a cuestionarnos la cárcel como una institución de disciplinamiento social para los sectores más vulnerables, pero donde los criminales poderosos no pasan ni un día? ¿Cuándo la palabra de denuncia injustificada de unos va a dejar de valer más que la defensa y los derechos de otros?

 

Nota correspondiente a la edición n° 486 del semanario La Jornada, del 08 de octubre de 2017.

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