Avilés convocó a elección de defensor del Pueblo para el 25 de junio y el Concejo deberá resolver cómo se conforma la Junta Electoral

El intendente Esteban Avilés firmó el decreto convocando a elección del defensor del Pueblo y su Adjunto para el 25 de junio próximo y, al mismo tiempo, envió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza para conformar una Junta Electoral Municipal Provisoria (JEM) idéntica a la que tuvo intervención en los comicios municipales de 2015. Esto es, con dos letrados designados por el Colegio de Abogados y un escribano.

Por su parte, el interbloque Cambiemos presentó una propuesta alternativa que plantea conformar la JEM con un magistrado o funcionario de la justicia federal, un magistrado o funcionario de la justicia provincial (jubilado) y un abogado con domicilio en Carlos Paz.

En este marco cabe recordar que en 2012 el Tribunal Superior de Justicia decidió no integrar más las juntas electorales en ninguna localidad de la provincia, lo que puso a la ciudad ante una encrucijada legal ya que la Carta Orgánica establece taxativamente que el organismo a cargo de los comicios debe estar conformado por funcionarios del Poder Judicial.

Aunque el TSJ hizo una excepción e integró con funcionarios de la justicia provincial la Junta para la elección del defensor del Pueblo de 2013, para los comicios municipales de 2015 la negativa fue tajante y hubo que conformar una Junta Provisoria.

Desde aquel momento y hasta la fecha no se registró ningún proyecto del departamento ejecutivo, ni del bloque oficialista en el Concejo de Representantes, para solucionar este tema de manera definitiva.

En contrapartida, la concejala Natalia Lenci (UCR) sí presentó en setiembre de 2015 una propuesta para reformar la Carta Orgánica Municipal y modificar, entre otros puntos, el relacionado a la Junta Electoral. Pero la iniciativa nunca fue tratada.

 

La postura del oficialismo

El proyecto que elevó el intendente Esteban Avilés la semana pasada plantea una Junta Electoral Provisoria idéntica a la que funcionó para los comicios municipales de 2015. Así, propone su integración con dos letrados designados por el Colegio de Abogados y un escribano.

Darío Zeino, secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, defendió esta decisión. “Nos basamos en la Junta de 2015 porque hubo consenso primero en el Consejo de Partidos Políticos y luego en el Concejo de Representantes. En este tiempo se pudieron manifestar todos los espacios y no hubo ninguna objeción ni planteo en cuanto a que haya funcionado mal, por lo que consideramos que van a mantener una postura coherente”, dijo a VillaNos Radio 100.7. E insistió: “Hubo tiempo para plantear al Concejo de Representantes alguna objeción o propuesta, no sólo los espacios políticos que tienen bancas, sino también los que no las tienen, pero no hubo ninguna sugerencia y los tiempos corren para todos”.

Informado sobre el proyecto alternativo que presentó el jueves pasado el interbloque Cambiemos opinó que, “será cuestión de debate”.

“Me parece bien, y no quiero hacer conjeturas, pero si hay que hacer convenios con la justicia no sé si llegamos con los plazos”, afirmó. Cabe acotar que el 25 de abril la Junta Electoral ya debe estar funcionando de cara a los comicios de junio.

“Acá los que se han demorado son los que han tenido otras sugerencias y han esperado que el ejecutivo mande el proyecto. Nosotros tenemos argumentos muy fuertes que avalan esta conformación que surgió de los mismos espacios partidarios”, sostuvo.

Respecto a porqué desde el ejecutivo no se impulsó una enmienda o una reforma a la Carta Orgánica para resolver definitivamente la cuestión de la Junta Electoral, Zeino opinó que esa responsabilidad le cabe al Concejo de Representantes.

“Este problema de la junta data de 2012. Todos lo saben. Para solucionarlo hay que modificar la Carta Orgánica y esa es una decisión del Concejo de Representantes, pero quizá no hubo madurez para tratar este tema. Los distintos poderes deben hacerse cargo de sus atribuciones”, subrayó.

 

La propuesta de Cambiemos

El jueves por la mañana los ediles del interbloque Cambiemos (Natalia Lenci, Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira) ingresaron un proyecto para que la JEM se conforme con un magistrado o funcionario de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Córdoba, designado por la Cámara Federal de Apelaciones; un magistrado o funcionario Judicial de la Provincia o de la Justicia Federal, en ambos casos jubilados; y un abogado con antigüedad en la matrícula superior a los 10 años en el fuero local con domicilio en Villa Carlos Paz.

La iniciativa contempla, además, dejar establecido que el Concejo de Representantes deberá en 2018 “enmendar o llamar a elecciones de constituyentes para reformar la Carta Orgánica Municipal de manera que la Junta Electoral se conforme de manera definitiva”.

En los fundamentos, los ediles del Frente Cívico y la UCR plantearon que “resulta imperioso un amplio consenso político y social” para resolver el tema. Y criticaron la “apurada resolución” que pretende imponer Avilés.

“El gobierno de Avilés intenta armar nuevamente una Junta Electoral de urgencia para votar al defensor del Pueblo, a dedo, violando otra vez lo normado por la Carta Orgánica y sin el aval de todos los actores políticos de la ciudad.

Desde junio de 2015 hasta la fecha el gobierno municipal no ha querido resolver la legalidad de la Junta Electoral Municipal, mostrando desidia e irresponsabilidad al respecto”, denunció Lenci.

 

Cómo sigue

En este complejo escenario y sin margen para dilaciones, el cuerpo legislativo deberá trabajar contrarreloj para conseguir el ‘consenso político’ que se reclama desde diferentes sectores, a los fines de garantizar la realización de la elección del defensor del Pueblo. Y en esta instancia sobrevuela el temor de que alguna agrupación política o un vecino particular, pueda presentarse ante la justicia para impugnar una conformación de la Junta diferente a la que especifica la Carta Orgánica.

 

Nota correspondiente a la edición n° 457 del semanario La Jornada, del 19 de marzo de 2017.

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