Desde el 30 de abril, el municipio de Villa Carlos Paz se encuentra al frente de la prestación del servicio de agua. Si bien el fallo del Tribunal Superior de Justicia -ratificado con el no tratamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- decía que el litigio debía circunscribirse al ejido de Villa Carlos Paz, lo cierto es que el otorgamiento de la operación de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca le ha permitido al gobierno de Carlos Paz Unido construir una red regional de abastecimiento de agua potable donde fija las nuevas reglas de juego, sometiendo al resto de los municipios y comunas del sur de Punilla que hasta entonces eran abastecidos por la Cooperativa Integral.

La discusión sobre el alcance del fallo en relación a la invasión de jurisdicciones tiene que ver con el concepto de monopolio natural. Aquí hay un solo río de donde sacar agua y hay una sola planta de tratamiento que no está en ningún terreno que sea propiedad de la municipalidad de Villa Carlos Paz. Y aunque fuera de propiedad del municipio, está fuera de su jurisdicción. La planta se pensó regionalmente y fue construida en ese lugar por disposiciones provinciales en coherencia con un decreto de la por entonces Dirección Provincia de Hidráulica que establecía los cupos de agua a obtener y potabilizar para cada una de las localidades (desde Villa Carlos Paz hasta el sur). La planta fue construida en un terreno de la Federación Unida de Viajantes de la República Argentina. Sí tiene una servidumbre de paso a favor de la municipalidad de Villa Carlos Paz que era la única que en ese momento (comienzos de la década del ’60) tenía entidad jurídica en toda la región.

Que el municipio de Villa Carlos Paz opere la planta potabilizadora de Cuesta Blanca solo fue posible con el aval del Poder Judicial de Córdoba y de las autoridades de la provincia que le otorgaron al gobierno de Villa Carlos Paz el poder fáctico de crear un nuevo esquema prestacional para la región donde las autoridades del Palacio 16 de Julio imponen las condiciones.

Para la legisladora Mariana Caserio, “la provincia trató de beneficiar políticamente a Carlos Paz”. Y enfatizó: “Hoy el gobierno de Villa Carlos Paz es un aliado estratégico de la provincia. No tuvieron en cuenta la necesidad de proteger a una cooperativa, en una provincia donde el cooperativismo es muy importante. Una cooperativa de más de 50 años de historia. Ha sido más fuerte el tema político que el institucional. Esto tiene una gravedad enorme”.

En apenas tres meses, los municipios y comunas que eran abastecidos por la COOPI, avanzaron en asumir la prestación del servicio de agua, sin que hasta entonces hayan manifestado su decisión de hacerlo. Primero fue Estancia Vieja y recientemente San Antonio de Arredondo que, en menos de un año, paso de querer firmar un contrato de concesión con la COOPI (septiembre del 2020) a municipalizar el servicio de agua, que fue lo que terminó aprobando el Concejo Deliberante en sesiones express y con escasa participación ciudadana.

Al parecer, por el mismo camino irá Mayu Sumaj cuyas autoridades han señalado que pretenden crear una sociedad de economía mixta con algunos emprendedores privados. En Icho Cruz, la cooperativa que abastece a parte de la localidad viene padeciendo el ninguneo de las autoridades de Villa Carlos Paz. En Cuesta Blanca, en tanto, aun están analizando la situación luego de haber mantenido sendas reuniones con autoridades del municipio carlospacense y de la Cooperativa Integral. 

También hay consecuencias en la Cuenca Norte. Tras casi 20 años al frente de la prestación del servicio de cloacas en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, la Asociación Regional de Cooperativas (ARCOOP) anunció que no puede seguir sosteniendo el servicio Cuencas Serranas. Si bien la entidad está compuesta por 13 cooperativas del Valle de Punilla, la COOPI era central sobre todo en el aporte logístico, técnico y económico. Estaba previsto que la provincia asuma la prestación el 1 de junio, pero nadie se presentó. A partir de allí, comenzaron los problemas con el cobro de salarios de los 32 trabajadores afectados al servicio. Al cierre de esta edición, el conflicto seguía abierto.

Por ese hablamos de un “efecto dominó”. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué hay detrás de estas municipalizaciones improvisadas?

Lo primero y evidente: las presiones del gobierno de Villa Carlos Paz, admitidas por autoridades de los municipios y comunas en reuniones, pero no frente a los micrófonos ante alguna consulta periodística. Y ¿qué condiciones pone Villa Carlos Paz para abastecer de agua? Que los municipios y comunas no mantengan ningún vínculo prestacional con la Cooperativa Integral.

“Hay clara decisión de eliminar el cooperativismo de la estructura de prestación de servicios públicos. Si no se lo elimina directamente, se lo buscará eliminar de manera progresiva”, evaluó el gerente General de la COOPI, Rodolfo Frizza.

De esta manera, la quita del servicio de agua a la COOPI en Villa Carlos Paz fue mucho más allá de ser un conflicto meramente local. Hay una búsqueda clara de eliminar la experiencia prestacional de la Cooperativa Integral. Desterrarla. Arrancar de raíz este modelo de gestión eficiente y solidario, donde los recursos eran reinvertidos en nuevos servicios como educación para adultos, Banco de Sangre, Casa de la Cultura y radio. Un modelo basado en el respeto de derechos laborales y con trabajadores empoderados.

Sin recursos técnicos ni humanos, los municipios y comunas están avanzado en asumir la prestación de un servicio esencial, sin planificación. Con gobiernos endebles, susceptibles a presiones (políticas y económicas), lo que se esconde detrás de estas municipalizaciones es la creación de un sistema de abastecimiento de agua capaz de apuntalar emprendimientos inmobiliarios.

Si bien en Villa Carlos Paz, por Carta Orgánica, no está permitido el desarrollo de barrios cerrados, no existe legislación similar en el resto de los municipios y comunas del Sur de Punilla que ahora pasarán a ser los prestadores del servicio. De esta manera, el municipio de Villa Carlos Paz es el brazo ejecutor de esta decisión del gobierno provincial en la región.

“Entendemos que hay una decisión de reformular el sistema en el marco de un esquema de crecimiento muy importante de estos servicios. Vale recordar el discurso de apertura de sesiones legislativas que dio el gobernador Schiaretti donde dijo que en los próximos años se volcarían sobre todo el territorio provincial mega acueductos y ducto cloacal por un valor de 20 mil millones de dólares. Están reformulando el sistema en función de lo que eso significa en términos empresariales y sin ninguna consideración sobre la situación de los trabajadores”, consideró el secretario General del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), Gustavo Valdez.    

En el caso de San Antonio, la especulación inmobiliaria detrás de la municipalización queda más en evidencia cuando en el artículo 8 del Ente Municipal de Obras y servicios de San Antonio (E.M.O.S.S.A.) -que sería el responsable de la prestación- será el que tenga la facultad de dar factibilidad de agua a los nuevos emprendimientos y loteos. Un dato más: los vecinos del barrio cerrado El Dorado se expresaron también a favor de la municipalización del servicio de agua.   

Esto cierra mucho más si analizamos “el mundo postpandemia” que se nos viene, donde ya se anticipa que crecerá la demanda de tierras para impulsar urbanizaciones fuera de las aglomeraciones urbanas y más cercanas a contextos naturales.

Siguiendo con la caracterización del nuevo modelo de prestación impuesto por Carlos Paz Unido, también podemos mencionar su fuerte cuota extorsiva. En este sentido vale recordar el tenor del modelo de convenio a firmar con las localidades del Sur de Punilla, aprobado en el Concejo de Representantes solo con los votos del bloque oficialista.

El convenio deja en claro que es el municipio de Villa Carlos Paz quien determina unilateralmente, y amparado en el monopolio de la operación de la planta de Cuesta Blanca, las condiciones de prestación. También se deja en claro que puede dejar de abastecer agua a la localidad que se atrase 15 días en el pago del monto convenido, amén de aplicar intereses sobre las eventuales deudas.

El carácter extorsivo de la norma quedó manifiesto también cuando, en pleno debate el punto, el concejal Sebastián Guruceta trajo a colación que el municipio de Villa Carlos Paz opera además el Centro Ambiental, que hoy es el depósito final de la basura generada. “Nos dicen que estamos atropellando a las comunas, cuando hemos celebrado todo tipo de convenio para facilitar y tener un trabajo regional, como es la utilización de la planta de residuos. Tienen la posibilidad de ingresar sus residuos y utilizar nuestra planta. Y lo hacemos con generosidad. También está en licitación por parte de la provincia, la cañería para trasladar los líquidos cloacales que van a desembocar en la planta que tiene Carlos Paz. Esta será la forma de trabajar regionalmente con respecto al agua. Las comunas del sur se tienen que sentir parte. Tiene que estar y ampliar los reservorios correspondientes para que todos nos podamos abastecer de agua”, expresó el edil en aquella oportunidad.

Esta claro. Ese será el modelo de Carlos Paz Unido: la prepotencia, la exclusión de la COOPI, la precarización laboral y dejar el camino allanado en la región para la llegada de nuevos emprendimientos inmobiliarios, cumpliendo las directivas del gobierno provincial.

Nota correspondiente a la edición n° 567 del periódico La Jornada, del 28 de julio de 2021.

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