Es jueves 18 de marzo. La tranquilidad habitual de la localidad de Cuesta Blanca se ve interrumpida por la fuerte presencia de personal policial y de la Guarda de Infantería que desde las 6 de la mañana comienzan a rodear la planta potabilizadora de agua.

Los agentes descienden de vehículos propios y también de móviles de la municipalidad de Villa Carlos Paz que habitualmente son utilizados para acciones de promoción turística. Bajan palos, escudos, cascos. Todo el equipamiento listo para ser utilizado en un escenario de represión.

Fueron muy pocas las voces que se alzaron para repudiar este escenario de violencia.

Lo cierto es que ese día, las autoridades municipales estaban dispuestas –una vez más- a arremeter contra la Cooperativa Integral y asumir la prestación del servicio de agua. Tres días antes, el intendente Daniel Gómez Gesteira había firmado el decreto 134 a través del cual había readecuado las fechas de asunción de la prestación del servicio de agua: el 18 de marzo sería la toma provisoria y el 19 de abril, la definitiva.

En los considerandos del decreto se afirmaba que, “mediante la medida cautelar dictada por la Excelentísima Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, se dispuso de manera excepcionalísima suspender la ejecución de todo acto que sea ejecutorio del decreto 534/2020 como de la resolución 039/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, hasta que se lleve a cabo la audiencia fijada para el día 1 de marzo de 2021.

“Que llevada a cabo a audiencia referida, cesó la medida cautelar dispuesta, por lo que el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para readecuar los plazos establecidos en los artículos 3 y 4 del decreto 466/2016”.

En otras palabras, las autoridades municipales pretendieron avanzar en la toma del servicio de agua siendo que aun estaba pendiente la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación referida al amparo presentado por socios y trabajadores socios de la Cooperativa, ante la arbitrariedad del decreto 534. Entendieron que la sola realización de esa audiencia ya los habilitaba a readecuar los plazos y seguir adelante con el proceso.

Vale mencionar que fue la Cámara Dos la que en febrero tuvo una resolución que frenó el traspaso del servicio prevista para el 26 de ese mes (ver aparte).

Para el 18 de marzo tampoco se había terminado en el Ministerio de Trabajo la definición sobre la continuidad de los puestos de trabajo involucrados en el servicio de agua. Es por ello que desde el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) también se objetó el procedimiento que estaba llevando adelante la municipalidad.

“Está pendiente de resolución un trámite judicial que puede modificar sustancialmente la situación planteada en este momento. En un estado de derecho el municipio debería esperar esta decisión”, dijo Gustavo Valdez, secretario General del gremio en referencia al amparo presentado ante la Cámara Dos.

Respecto a la situación de los trabajadores advirtió que “no está resuelta”, más allá de las expresiones en contrario del municipio. “Hay un proceso que no concluyó, queda gente sin haber podido firmar el consentimiento al traspaso al municipio”, expresó.

“Nosotros impugnamos el decreto y pedimos una audiencia urgente al ministerio de Trabajo. Exigimos que esto no se hiciera hoy porque no está resuelta la situación de los trabajadores”, remarcó.

Además lamentó que la situación del traspaso del servicio de agua “se plantee nuevamente en términos de violencia y atropello” por parte del municipio.

Si bien el decreto 134 hablaba de que el municipio asumiría el servicio a las 10 de la mañana, el cordón policial frente a la planta potabilizadora se instaló desde mucho antes. Incluso por algunas horas se entorpeció el ingreso de las cuadrillas de operarios de la COOPI que desde el martes trabajaban en la reparación de los daños que la creciente del río San Antonio había ocasionado en la planta.

El abogado Claudio Orosz, representante de la COOPI, denunció a través de sus redes sociales que “por orden de la municipalidad de Villa Carlos Paz, la policía, sin orden judicial, ha declarado el estado de sitio en Cuesta Blanca e impide la circulación, lo que está prohibido por la constitución”.

“El intendente sabe que el TSJ y la Cámara Segunda Contenciosa de Córdoba deben tomar resoluciones inminentes y sin embargo, manu militari, impide la circulación. No se descarta la complicidad de la fiscalía de Carlos Paz que es casi una oficina del intendente. Serán denunciados. Pero hoy hay que impedir la represión y la violencia”, afirmó. Y remarcó que, “la constitución debe ser respetada. Los ciudadanos en especial los trabajadores, sin violencia deben hacer valer sus derechos. La policía no puede cometer delitos, tampoco los fiscales aunque se lo ordene el intendente. Fuerza los trabajadores de la COOPI. Fuera los negocios del intendente con los acueductos troncales de Schiaretti y la privatización”, lanzó.

Lo sucedido en Cuesta Blanca también tuvo repercusión nacional. El diputado Eduardo Fernández, en tanto, repudió “la actitud de un municipio que antepone la fuerza represiva al diálogo en un tema tan sensible para los intereses de toda la comunidad”.

“Están en juego no sólo los empleos de cientos de familias, sino la calidad en la prestación de un servicio público esencial como el agua, algo que parece una preocupación menor para el intendente”, expresó.

La resolución del TSJ

En el portón de ingreso a la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, la comitiva municipal –liderada por el asesor letrado Darío Pérez- se encontró con los abogados de la COOPI, Juan Carlos Antonino y Claudio Orosz, quienes detallaron las objeciones planteadas al intento del municipio de hacerse cargo del servicio de agua desde este jueves.

El Oficial Mayor del municipio, Ramón Montenegro, tuvo la tarea de elaborar el acta.

“No se hablita el procedimiento en razón de encontrarse impugnados judicialmente los decretos 534 como su reglamentario 039 y el decreto consecuente 134/2021”, dijo Antonino.

Orosz, por su parte, argumentó, entre otros aspectos, que el decreto 134/2021 es “extemporáneo por prematuro ya que habiendo sido notificado el 15 de marzo a la fecha no se encuentra firme”. En este sentido precisó que el decreto “es susceptible de un recurso de reconsideración para que el que hay plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación, término que aún no ha vencido por lo cual carece de ejecutoriedad”.

Mientras elaboraban el acta se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no hizo lugar al amparo presentado por la COOPI, pero informó al municipio que debía “diferir” la toma del servicio hasta que la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación pueda resolver todas las objeciones y cuestionamientos en relación al traspaso del servicio.

Para que la mencionada cámara pueda receptar todas las causas y actuaciones que pudieran estar tramitándose en otros tribunales por cuestiones similares, el TSJ concedió un plazo de diez hábiles judiciales. Durante ese término, la Cámara Uno deberá “concretar las readecuaciones, acumulaciones y demás alternativas procesales que resultaran oportunas”.

Dicha concentración en un único órgano es “para evitar el dispendio que significaría que cuestiones conexas sean tratadas y decididas por diferentes tribunales”.

Como consecuencia, el TSJ también hizo saber a la municipalidad de Villa Carlos Paz que, en virtud de la ordenación procesal establecida, deberá diferir, durante el plazo fijado, los términos que ella misma había previsto para la recepción provisoria y definitiva, respectivamente, del servicio.

Por otro lado, el TSJ ratificó el “carácter irrevocable y terminante” de lo que había decidido en el año 2017 –lo que el año pasado fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sobre la recuperación o reasunción de la gestión directa de los servicios en cuestión por parte de la administración municipal.

En definitiva, de acuerdo con el TSJ, por vía de ejecución de lo dispuesto en la resolución del año 2017, ante la Cámara designada solo podrán discutirse las cuestiones atinentes, por ejemplo, a los bienes y obras civiles que la COOPI esgrime que ha concretado durante más de cinco décadas a cargo del servicio, entre otras aristas.

Por otra parte y en atención a “la relevancia social e institucional” de lo debatido, así como a su complejidad, el TSJ exhortó a las partes a que no vuelvan “sobre cuestiones que ya han quedado irrevocablemente firmes”.

“Esto, para facilitar el traspaso del servicio en curso y para consolidar la convivencia social, así como el desarrollo de una mejor calidad de vida y el logro del bien común, de acuerdo con lo que manda la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz (preámbulo y art. 2)”, destacó en la resolución.

La decisión del TSJ fue adoptada por mayoría. En disidencia, el vocal Luis Enrique Rubio manifestó que no se había “brindado el trámite procesal correspondiente al recurso planteado por la parte actora [COOPI]”.

Al mismo tiempo, el TSJ destacó que el conflicto debe circunscribirse a la ciudad de Villa Carlos, porque la COOPI deberá continuar con los servicios que presta “en diferentes comunas, como San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca”.

Tras conocerse la resolución, desde la COOPI emitieron un comunicado en el que confirmó que sigue al frente de la prestación del servicio. El Consejo de Administración de la COOPI consideró que el TSJ impidió “el avance arbitrario de la municipalidad de Villa Carlos Paz”.

“La Justicia ha señalado que la Cooperativa Integral ha sido vulnerada en sus derechos y le ha exigido al municipio que el proceso de traspaso del servicio se realice conforme a las normativas vigentes y mediante el constitucional proceso de ejecución de sentencia que supone un fallo que se encuentra firme”, señaló la institución.

En este contexto, la COOPI confirmó que se hará responsable de la prestación “hasta el momento en que la Justicia habilite el traspaso del servicio, lo que no podrá ser antes del 5 de abril”. “Este Consejo de Administración continuará defendiendo el interés y todos los derechos de sus trabajadores y los de la comunidad en su conjunto”, finaliza el comunicado.

Nota correspondiente a la edición n° 563 del periódico La Jornada, del 31 de marzo de 2021.

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