Bastaron sólo unas pocas reuniones para que diferentes sectores políticos, sociales, sindicales y activistas en general coincidieran en los cuestionamientos al gobierno de Carlos Paz Unido. De esta manera, y con renovada fortaleza, a finales de 2020 quedó reactivada la Multisectorial.

El primer encuentro se desarrolló el martes 29 de diciembre. Allí hubo expresiones de preocupación por la Cooperativa Integral, tras el intento de pasar el servicio de agua a manos municipales, sin que haya cuestionamientos sobre la calidad del servicio y sin dar garantías sobre qué pasará con los puestos de trabajo. También inquieta la situación del personal de salud municipal, quienes vienen reclamando mejores condiciones laborales, sin que haya existido posibilidad de diálogo con las autoridades municipales.

Entre los presentes estuvieron la legisladora Mariana Caserio, los referentes del Frente Capaz Carlos Felpeto y Walter Gispert, y el líder del espacio Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa.

“El diálogo es una palabra que realmente no conocen. No les importa la opinión de los demás. Pero por sobre todas las cosas, no les importan los ciudadanos”, dijo Caserio al hacer uso de la palabra en el encuentro.

Felpeto, por su parte, hizo referencia a la cuestión mediática, poniendo la mirada en las presiones que el gobierno de Carlos Paz Unido ejerce sobre la prensa. “No sé si pauta mata idea, pauta mata presencia. ¿Dónde están los medios de Carlos Paz? Eso es lo que también nos tiene que preocupar y hacer reflexionar. Se ha logrado tener una sociedad desinformada”, expresó.

Walter Gispert habló de la necesidad de seguir trabajando en la construcción de consensos en el armado de un espacio plural. También participaron los concejales Natalia Lenci (UCR), Gustavo Molina (Frente Capaz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta).

“Estamos todos preocupados por el futuro de la ciudad. Este espacio tiene que servir para discutir todo lo que es necesario de discutir en la ciudad, estemos o no en temporada”, consideró Quaranta.

Lassaga, a su turno, sostuvo que la decisión del gobierno de Carlos Paz Unido sobre el servicio de agua “puede ser legal, pero no es legítima”. “Y no lo es porque no se tomó en el ámbito de representación que tienen los vecinos de Carlos Paz, que es el Concejo de Representantes. No lo hicieron ni con el Concejo anterior, ni con este”, recordó.

Las organizaciones sociales también se hicieron presentes. Hubo referentes de escuelas, merenderos y comedores de la ciudad, del Refugio Nocturno Cura Brochero, del Club Solidario “De Mano en mano” y de organizaciones ambientales como Protección Humana del Medio Ambiente y la ONG Educación, Ambiente y Trabajo. Su referente, Juan Carlos Paesani, sostuvo que el problema principal es que el gobierno municipal “jamás respetó a las organizaciones”.

“No solo la COOPI viene soportando desde hace muchos años el destrato, sino también otras organizaciones como las ambientales, que no decimos cosas que les gustan a los que gobiernan”, señaló.  

En la segunda reunión plenaria de la Multisectorial, más organizaciones sociales, referentes y activistas de diferentes luchas se sumaron a participar. Unas 70 personas participaron de la reunión que, por cuidados sanitarios, se desarrolló de manera mixta (presencial y virtual).

A partir de ese encuentro ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) comenzó a integrar el espacio. El pediatra Roberto Álvarez, uno de los ocho trabajadores de la salud despedidos, sostuvo que la situación “es sumamente grave” y que el hospital municipal Gumersindo Sayago “está desmantelado”. “Este Ejecutivo municipal nos desprecia y desprecia la salud. Esto es lo que ya dije y me costó el puesto en el hospital”, expresó.

Junta de firmas por el agua, la salud y el trabajo

De los encuentros mantenidos en la Multisectorial se definieron las tres temáticas más urgentes a trabajar: la situación del personal de salud, el conflicto por el servicio de agua y la continuidad de Carlos Paz Gas.

Una de las acciones que se emprendió rápidamente fue la junta de firmas por los barrios para adherir a un petitorio en el que se pide: 1) la reincorporación de los trabajadores despedidos del hospital Sayago y el cese de la precarización del sistema de salud municipal; 2) la firma de un contrato de concesión por el servicio de agua con la garantía de los puestos de trabajo dignos de la COOPI; y 3) la continuidad de Carlos Paz Gas.

El primer balance de la campaña fue altamente positivo. En apenas 12 horas se reunieron unas 570 adhesiones, certificadas debidamente por la escribana Beatriz Vaca Olmos.

El cronograma de colecta de firmas se completó de la siguiente manera: el lunes 25 en barrio Colinas, martes 26 en Sol y Río, jueves 28 en Santa Rita, viernes 29 en barrio La Quinta. El lunes 1 de febrero, en  tanto, habrá junta de firmas en San Antonio y el viernes 5 en Icho Cruz (en lugar a definir en los próximos días).

Asamblea Pública Participativa

Los días 2, 3 y 4 de febrero la Multisectorial llevará adelante Asambleas Públicas Participativas con el objetivo de escuchar opiniones y debatir sobre los tres temas más urgentes que le preocupan a la ciudadanía: el personal de salud, el servicio de agua y la continuidad de Carlos Paz Gas.

La convocatoria se ampara en el preámbulo de la Carta Orgánica Municipal y en los artículos 2, 17, 29 y concordantes que hablan de “incentivar la participación ciudadana” y “el logro del bien común”. Las Asambleas estarán presididas por un Comité Evaluador y, por razones sanitarias, se desarrollarán de manera mixta (presencial y virtual).

Serán cinco sesiones en total. La primera será el 2 de febrero de 18:00 a 21:00. Las siguientes serán el 3 y 4 de febrero de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00 en el salón auditórium del Hotel Portal del Lago (Gobernador Álvarez esq. J. L. de Cabrera de la ciudad de Villa Carlos Paz), para quienes asistan presencialmente y por enlace de la plataforma Zoom, a publicar oportunamente, para quienes participen virtualmente.

“La Asamblea Pública Participativa en su desarrollo respetará los principios de participación, igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad”, se lee en el reglamento. 

Se trata de una acción democrática por excelencia, donde el propio pueblo se organiza para ser escuchado. Quienes deseen ser participantes, sea en condición de oradores o de oyentes, pueden inscribirse hasta el 31 de enero a través de correo electrónico que se publicará en la respectiva convocatoria.

Está previsto que los miembros del Comité Evaluador formulen por escrito, dentro de los tres días de finalizada la última audiencia, un dictamen final como resultado de los aportes recogidos en las diversas sesiones. Este informe será publicado y dado a conocer por diversos medios masivos de comunicación y formalmente a las autoridades municipales y otras que se considere conveniente notificar fehacientemente. El dictamen tendrá todo el valor necesario para el ejercicio de las acciones que fueran pertinentes deducir en la defensa del bien común democrático (art. 194 a 198 de la COM).

Nota correspondiente a la edición n° 561 del periódico La Jornada, del 27 de enero de 2021.

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