La historia se está escribiendo. Con la fuerza del agua. Con la fuerza de las y los trabajadores. Con la fuerza de un corazón que late fuertemente en defensa de una institución que es una referencia dentro del cooperativismo a nivel provincial, nacional e incluso latinoamericano.

Así de trascendentales son estos días de diciembre de 2020.

Porque lo que está en juego es una institución que nació en 1963 para brindar el servicio de agua. Cuando el Estado no se hacía cargo de garantizar este derecho humano. Cuando al mercado tampoco le interesaba, considerando que la rentabilidad no estaba asegurada. Ahí fue cuando un grupo de vecinos y vecinas decidieron echar mano al cooperativismo como herramienta de autogestión y organización para resolver este problema básico que hace a la calidad de vida.

El proceso se profundizó en diciembre de 1986, cuando las y los trabajadores se pusieron al frente de la conducción de la institución. A partir de ahí, la cooperativa y la ciudad se transformaron. Empezó a brindarse agua potable y no sólo agua corriente. Se potenció el servicio a través de la construcción del segundo acueducto, pese a las resistencias municipales. Se colocaron medidores, se extendió la red a cada casa de la ciudad y la región, dejando de ser una imagen reiterada a de las canillas públicas donde había que ir con bidones para abastecerse. Comenzó a controlarse el derroche a través de la colocación de medidores, cubriendo el 100% de la zona de prestación.

Luego llegó la ampliación de servicios.

Con las cloacas, el gas natural (en sociedad con el estado municipal), la salud a través del Banco Solidario de Sangre, el servicio de telecomunicaciones en el sur de Punilla, la cultura a través los Encuentros Latinoamericanos de la Cooperación, los talleres culturales y las Casas de Cultura en Icho Cruz y Villa Carlos Paz, y la comunicación a través de VillaNos Radio.

En todo este tiempo de trabajo, los servicios brindados por la COOPI han sido de calidad. Los propios funcionarios municipales lo han reconocido también en estos días. De modo que claramente la discusión de fondo, es otra. La discusión de fondo es política, no técnica.

Con este atropello por parte del gobierno de Carlos Paz Unido, se está poniendo en riesgo la prestación del servicio de agua potable en medio de una pandemia y en medio de una de las sequías más importantes de las últimas décadas.

Y decimos que se lo pone en riesgo porque aun desde el municipio no han dado cuenta de manera acababa sobre cómo pretenden llevan adelante la prestación, cuáles son los objetivos que se plantean con este traspaso y qué pasará con las fuentes de trabajo que hoy garantiza la COOPI. Por eso, el temor que existe es que detrás de la mencionada municipalización haya un proceso de privatización encubierta. Es decir que el gobierno local mantenga la mascarada de que la prestación está en manos del Estado, pero apele al mecanismo de tercerizaciones para desarrollar las tareas operativas que implique sostener el servicio.

Los hechos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” y no analizó el recurso judicial presentado por la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz para objetar la municipalización del servicio de agua.

La resolución se dio a conocer el 27 de noviembre y dejó firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que en diciembre de 2017 dictaminó que el municipio podía retomar el servicio por decreto y no a través del Concejo de Representantes como lo establece la Carta Orgánica municipal.

Apenas se conoció la noticia, el cuerpo social de la COOPI se autoconvocó frente a la sede de la institución. Allí, el gerente general Rodolfo Frizza advirtió que el fallo deja planteada “una situación jurídica de gran precariedad”.

“Es cierto que por decreto pueden recuperar el servicio, pero no dice que de ahí inmediatamente puedan comenzar a prestarlo. Tienen que tomar una decisión en base a todos los complejos legislativos provinciales y municipales para decir que ellos son los prestadores o para concederlo a otra figura. Para ambas cuestiones la decisión tiene que pasar por el Concejo y debe aprobarse con mayoría agravada. Es decir: ocho votos. Por eso, en realidad el fallo deja una zona muy gris”, dijo.

Por su parte, el secretario general del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) Gustavo Valdez, enfatizó en que “no está dicha la última palabra”. “Vamos a declarar el estado de alerta y movilización permanente del gremio en toda la provincia de Córdoba. Porque no se trata de quitarle los servicios a la COOPI, se pone en cuestión al conjunto de trabajadores sanitarios  de la provincia de Córdoba. Esos trabajadores que al momento de la pandemia fueron declarados esenciales y tuvieron que salir a ponerle el cuerpo al virus”, recordó.

La reacción del municipio ante la novedad, fue más lenta.

Después de más de una semana de silencio, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la intención de asumir la prestación del servicio de agua después de la temporada. El anuncio se hizo el 9 de diciembre, horas antes del acto en defensa de la COOPI (ver aparte) y a la audiencia en el Ministerio de Trabajo, a la cual se convocó a representantes del municipio y del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias.

De la convocatoria a la prensa participaron además el asesor letrado Darío Pérez, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, la presidenta del Concejo de Representantes Soledad Zacarías y el flamante responsable de la subsecretaría de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti (ex concejal y ex trabajador de la COOPI, que fue despedido con justa causa).

“Él estará instrumentando todas aquellas cuestiones, bajo las directivas de la secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental”, dijo Gómez Gesteira y habló de que el traspaso debe darse “de manera pacífica”. Sin embargo al día de hoy el municipio no ha habilitado ningún canal de diálogo para que eso sea posible.

En cuanto a las fechas, el decreto 543/2020 estableció que el 16, 17 y 18 de diciembre se haría una verificación de las condiciones en la que se entregaría el servicio. Para el 26 de febrero quedó definida la asunción provisoria del servicio y para el 31 de marzo la recepción definitiva.

Marcha de velas y petición digital

Al cierre de esta edición se llevó a cabo una marcha de velas, de la cual participaron unas 300 personas. La iniciativa fue impulsada por vecinos y familiares de trabajadores de la institución, preocupados por el futuro de la prestación de los servicios de agua y cloacas, y por la continuidad de los puestos laborales que hoy sostiene la cooperativa.

Por otra parte, una vecina lanzó una petición en el sitio change.org para reclamar la intervención de los gobiernos nacional y provincial en el conflicto. En menos de 24 horas, la solicitud consiguió más de 3000 firmas adherentes.

La petición está dirigida para que el presidente de la Nación Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti intervengan para abrir “caminos de diálogo con la Municipalidad de Carlos Paz” y para que “la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte urgentemente una medida cautelar”.

Tras el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubo dos audiencias en el Ministerio de Trabajo. En ninguna de ellas el municipio dio certezas sobre cómo dará continuidad a los puestos de trabajo. 

SIPOS: “No habrá recepción provisoria del servicio si no está resuelta la situación de todas y todos los trabajadores”

Más de cuatro horas se extendió la última audiencia concretada el lunes 21 de diciembre en la sede del Ministerio de Trabajo, en el marco de conflicto por el servicio de agua. 

En representación de la municipalidad estuvieron los abogados Darío Pérez y Marcelo Di Pietro; en representación de la COOPI el gerente general Rodolfo Frizza y el asesor letrado Aníbal Martínez; por el SIPOS estuvieron el secretario general Gustavo Valdez y el responsable de Prensa y Comunicación del gremio Jorge Boido.

En la audiencia el municipio dijo que enviaría al Concejo de Representantes un “instrumento” para absorber a las y los de la COOPI, aunque no precisó de qué se trata y qué tipo de tratamiento requerirá para abrirse paso en el cuerpo legislativo.

“Planteamos la continuidad en las mismas condiciones, bajo el mismo régimen legal. Y eso se va a disponer a través de un instrumento que va a pasar seguramente por el Concejo de Representantes. La idea es que continúen con el mismo régimen jurídico que es la ley de contrato de trabajo de derecho privado, y para eso hace falta un acto expreso de la administración de adhesión. Lo único que cambiaría sería el empleador”, dijo Pérez en diálogo con Hora 7 (Next). Además sostuvo que esperan tener resuelto el tema “no más allá de la primera quincena de enero”.

Sobre cuántos trabajadores serían contratados por el municipio reconoció que, “es uno de los temas que ha quedado pendiente”. El municipio insiste en que solo absorberá a los trabajadores del servicio de agua, mientras que desde el SIPOS se plantea que tiene que ser a la totalidad de empleados de la cooperativa.

“La situación es complicada. Cuando parece que logramos avanzar un poquito, no en grandes decisiones y definiciones sino que entiendan de qué se trata dejar cientos de trabajadores en la calle, aparece alguna actitud o planteo y volvemos a foja cero. No entienden nada, no les interesa nada”, dijo Valdez en asamblea al terminar la reunión. 

Sostuvo que “lo novedoso” es que los representantes municipales dijeron que la absorción se haría a través de la sanción de una ordenanza. “En la propuesta va implícito reconocer que no es el intendente quien puede resolver incorporar a los trabajadores de la COOPI en las condiciones de legalidad y con respeto en sus derechos laborales adquiridos”, manifestó el dirigente.

En este sentido, el gremio le ha solicitado al Ministerio de Trabajo que intime al municipio para que suspenda el proceso de traspaso del servicio hasta tanto no traigan el proyecto donde se detalle cómo van a resolver la continuidad de los puestos de trabajo. “Seguimos sosteniendo que tienen que incorporar a todos y todas las trabajadoras. Hasta que no tengan la ordenanza, no pueden seguir avanzado en el proceso de toma del servicio”, dijo y remarcó: “No hay 26 de febrero, no hay recepción provisoria si no está resuelta la situación de todas y todos los trabajadores”.

La postura de la COOPI fue en la línea de cuestionar todo el proceso y enfatizó: “La única prestadora capaz de sostener la cantidad y calidad de puestos de trabajo es la cooperativa. No hay otra alternativa”.

En cuanto a los cuestionamientos de la municipalidad sobre la cantidad de trabajadores que hoy tiene la institución, Frizza contestó que es un orgullo seguir generando trabajo y que eso no puede ser un cuestionamiento. Y agregó: “Tenemos una ciudad que crece promedio un 3% anual. Cada año se incorporan más conexiones, más usuarios, más servicios. También crecen los reclamos porque sigue la obsolescencia de la cañería, merced a que ellos siguen sin aprobar los planes directores”.

La COOPI también planteó en la audiencia que en función de la presentación hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cesen con todo el proceso. “Esta presentación tiene que ver con el avasallamiento de los derechos humanos. Les dijimos que no pongan en riesgo las responsabilidades del Estado municipal, provincial y nacional”, dijo Frizza.

También se le solicitó al Ministerio de Trabajo que interceda para generar una instancia de diálogo. “El proceso de diálogo ni siquiera está comenzado. Lejos está de estar agotado”, subrayó recordando la cantidad de veces que los sucesivos presidentes de la COOPI (Edith Manera, Alicia Clérico y hoy Adolfo Mena), solicitaron ser recibidos.

Por su parte, el abogado Aníbal Martínez dijo que todo el traspaso del servicio de agua a manos municipales fue tildado de nulo e ilegal.

Sostuvo también que la propuesta de la que habló el municipio en la audiencia es lo mismo que vienen diciendo desde el 2016, sin embargo el “instrumento” no aparece. “Hoy ha sido una demostración vaga. Lo único que manifestaron es tener la voluntad política de llevar al Concejo un proyecto para la incorporación de todos los trabajadores, aunque eso también hay que ponerlo en tela de juicio porque se sigue hablando de cifras muy inferiores”, explicó el letrado.

En esa línea remarcó que la COOPI dejó expreso que en lugar de estar hablando de la continuidad de las fuentes de trabajo, hay que hablar de un nuevo contrato de concesión.    

Pidió que dicte una medida cautelar que tutele el acceso al agua potable y los puestos de trabajo.

La COOPI acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Cooperativa Integral Paz realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que el Ejecutivo Municipal se abstenga de continuar con su plan sistemático de destrucción institucional.

La novedad se dio a conocer el martes 15 de diciembre en el marco de una conferencia de prensa que se concretó esta mañana en la Casa de la Cultura de la Coopi y de la que participaron el presidente del Consejo de Administración de la Coopi, Adolfo Mena, el gerente General Rodolfo Frizza, vecinos en defensa de la Coopi, y los abogados Claudio Orosz, Juan Carlos Antonino y Aníbal Martínez.

La Coopi, junto a sus trabajadores, asociados y vecinos de la ciudad, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino – Municipalidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba – por violación a los derechos humanos consagrados en los arts. 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) y el art. 6.2 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales en relación con los arts. 26 y 1.1. de la CADH.

Dicha presentación también incluye el requerimiento a la CIDH, dada la gravedad y urgencia de la situación, que otorgue medidas cautelares a favor del conjunto de los y las carlospacenses y de las localidades ubicadas al sur del Departamento de Punilla y por consiguiente exija a la municipalidad de Villa Carlos Paz ‘la suspensión de la decisión arbitraria e inconsulta del Poder Ejecutivo de Villa Carlos Paz (Decreto N° 466/16) y de toda otra decisión administrativa que adoptare en ese sentido’.

“No sólo hemos hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de los usuarios, tanto socios como adherentes del servicio. Sino también en representación de los trabajadores que se ven afectados por esta situación”, explicó Orosz.

Además se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 3 de diciembre, notificó formalmente la recepción de la presentación internacional realizada y dio curso a las medidas cautelares requeridas.

En este sentido, el abogado reconoció la celeridad con la que recibieron respuesta. “Me ha tocado trabajar con el sistema interamericano de derechos humanos por causas de lesa humanidad contra genocidas que han sido condenados en esta república y es la primera vez en mi vida que veo que una presentación hecha el martes 1 de diciembre ya tiene respuesta el jueves 3, con trámite y número”, precisó.

Atento a esta situación se exige a las autoridades municipales que se abstengan de seguir avanzando en medidas de traspaso del servicio. “Si el municipio desconoce esta situación, por acción u omisión, nos van a poner en un estado de necesidad de comunicar inmediatamente al organismo internacional. Creemos que entrarán en razón, pero si no, nos obligarán a entrar en estado de necesidad y responder con todo el andamiaje jurídico nacional e internacional’, sostuvo Orosz.

Multitudinario acto en apoyo a la COOPI

Bajo la consigna “el agua no es un negocio” cerca de mil personas participaron el miércoles 9 de diciembre  en un acto en defensa de la Cooperativa Integral. El evento se desarrolló en los jardines municipales y contó con la presencia de referentes del arco político local y provincial, integrantes de organizaciones cooperativas, sociales, sindicales, culturales y de derechos humanos.

Mientras se desarrollaba el acto, en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia se concretaba una audiencia entre representantes municipales y del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Concejales y dirigentes de diferentes espacios políticos locales participaron del acto. Estuvieron los ediles Gustavo Molina, Daniel Ribetti, Natalia Lenci y Carlos Quaranta, el referente del frente Capaz Walter Gispert, el exconcejal y dirigente de Ciudad Futura Adrián Lizarriturri y el líder de Carlos Paz Despierta Emilio Iosa. El concejal Jorge Lassaga envió una carta de apoyo.

Las federaciones y cooperativas de base también expresaron su apoyo a la COOPI en este difícil momento. “La COOPI es una referencia ineludible a nivel nacional y provincial. Desde esta integración cooperativa -que incluye a 270 localidades a lo largo de 20 provincias- abogamos por la apertura de un espacio de recapacitación”, dijo Alberto Calvo de Colsecor.

Pablo Tissera, del Instituto Movilizador de Fondos de Cooperativos expresó sus sospechas de que “detrás de todo esto, hay negocios”. “Por eso nos tenemos que poner firmes y no movernos de estos espacios, que es la calle. Es acá donde tenemos que acompañar a la cooperativa”, subrayó.

Los recorridos de la comitiva municipal

Fueron tres días de mucha tensión. Tras un silencio inicial, el municipio emprendió una serie de acciones tendientes a comenzar con las acciones administrativas de traspaso del servicio, tal como estaba establecido en el decreto 534/2020.

Día 1, 16 de diciembre

Estaba previsto que la comitiva municipal se dirija a la sede central de la COOPI y al Centro Operativo de calle Paraguay para acceder a base de datos informáticos relativos a cuentas afectadas al servicio de agua, rutas de lectura de medidores, historial de consumo e información de acceso en tiempo real de monitoreos y maniobras de válvulas, acceso a controles remotos de bombeos y niveles de tanque de almacenamiento.

El primer intento de ingresar se dio pasada las 08:00. La comitiva oficial estuvo integrada por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti, el flamante subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti, el Asesor Letrado Darío Pérez y parte de su equipo (Marcelo Di Pietro y Ramón Montenegro), y el escribano Gastón Recalde. De parte de la COOPI fueron el gerente General Rodolfo Frizza y el abogado Juan Carlos Antonino, los encargados de explicar las razones de la impugnación al ingreso.

Más de una hora llevó llegar a acuerdos en los términos que se dejaron plasmadas en el acta. Allí se dejó sentado que la comitiva municipal no iría al Centro Operativo Paraguay porque los fundamentos del rechazo al procedimiento son los mismos.

Apenas cerrada el acta, tanto los representantes del municipio como de la COOPI se dirigieron a la fiscalía número 2 a presentar denuncias penales. En el caso de la municipalidad acusando entorpecimiento del cumplimiento de una orden judicial y en el caso de la COOPI, denunciando abuso de autoridad por parte de las autoridades municipales.

Mientras tanto, en el interior de la COOPI se desarrollaba una asamblea de trabajadores. Con cánticos dirigidos particularmente a Roberto Cotti y Aldo Lescano, extrabajadores de la COOPI (en el caso de Cotti, inició una demanda laboral contra la Cooperativa y la perdió). “Cotti y Lescano traidores”, “se fueron con los ladrones”, “corruptos”, “fuera ñoquis” gritaban lxs trabajadorxs desde adentro de la Cooperativa.

Cerca de las 11:00 la comitiva municipal volvió esta vez acompañada por el jefe de la Departamental Punilla, Cristian Cattaneo y el subjefe Elvio Agüero. Alegaron que había una orden del fiscal Mazzuchi para ingresar. Las autoridades de la COOPI se reunieron con ellos aclarando que la Cooperativa también había hecho una presentación judicial y que el fiscal tome una decisión informado, incluso convocando a las partes. En ese intercambio también salió la aclaración que la supuesta orden de Mazzuchi había sido verbal y no por escrita.

Tras la reunión con las autoridades de la Departamental, se quedó a la espera de la resolución de fiscalía, considerando toda la información aportada.

Allí la asamblea de trabajadorxs empezó a recibir adhesiones de vecinxs autoconvocadxs. También se hicieron presentes todxs lxs concejalxs de los bloques minoritarios: Natalia Lenci (UCR), Gustavo Molina (Frente Capaz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), y Daniel Ribetti(Carlos Paz Despierta).

Cerca de las 15:00 llegaron de nuevo el jefe y subjefe de la departamental Punilla, esta vez con la orden judicial escrita del fiscal Mazzuchi y el refuerzo de la fuerza policial. Además de los agentes de la policía de Córdoba que ya estaban se sumó personal de la Guardia de Infantería, con escudos y bastones.

Una vez más los interlocutores por parte de la COOPI fueron el gerente general Rodolfo Frizza y los abogados Juan Carlos Antonino, Aníbal Martínez y Julio Cesar Martínez quien dejo constancia que la orden del fiscal decía que se estaba cometiendo un delito al impedir el ingreso de la comitiva municipal, pero sin precisar cuál era el delito.

Finalmente, la comitiva municipal ingresó.

Entraron el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental García Setti, el abogado Ramón Montenegro, Aldo Lescano de la subdirección de Agua y Saneamiento. “Les expresé que más allá de dejarlos ingresar porque no nos oponemos a la orden del fiscal, apenas pueda se les brindará la información. En estos momentos es imposible porque hay un estado de asamblea y movilización, donde los trabajadores obran con quita de colaboración. Además ya estaba vencido el horario de atención en la Cooperativa, que era más de las 14:15. García Setti respondió que se retiraban sin haber cumplido el cometido objeto de la resolución”, detalló Frizza sobre el intercambio mantenido con los funcionarios municipales.

Día 2, 17 de diciembre

Tras exhibir una orden judicial y acompañados por la policía, los funcionarios municipales ingresaron a las plantas potabilizadoras de agua de Cuesta Blanca y de barrio La Quinta. Era la primera vez se presentaban en el lugar.

Los primeros en entrar fueron los abogados de la municipalidad Darío Pérez y Ramón Montenegro. Desde la COOPI impugnaron el procedimiento diciendo que hay plazos procesales abiertos. Tras ello, los abogados de la municipalidad se retiraron para habilitar el ingreso de la comitiva municipal que se había especificado en el decreto 534/2020: el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti (finalmente no estuvo por razones familiares), el subsecretario de agua y saneamiento Roberto Cotti, el vocal del Tribunal de Cuentas Salvador Insigna, el director de Servicios Públicos Germán Rivero y director de Obras Públicas, Luis Piñero.

La presencia de Cotti e Insigna fue fuertemente repudiada. “Corrupto, ladrón”, les gritaban con bronca los trabajadores de la COOPI. Desde la COOPI consideraron que esto fue un acto de provocación. Cuando la comitiva se hizo presente en la planta de barrio La Quinta, la policía le solicitó a Cotti que no ingrese al predio para evitar mayor confrontación.

Día 3, 18 de diciembre

El presidente de la COOPI, Adolfo Mena, junto al coordinador general de los servicios de agua y cloacas José Ipólito y al asesor letrado Juan Carlos Antonino fueron los encargados de seguir a la comitiva que en esta oportunidad estuvo integrada por los abogados Darío Pérez y Ramón Montenegro, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Gustavo García Setti y el director de Obras Públicas, Luis Piñero en representación de la municipalidad.

El primer punto de encuentro era la estación de bombeo de calle Maipú. Allí hubo un desencuentro. Los municipales llegaron primero y comenzaron a labrar el acta sin la presencia de ningún representante de la COOPI. Cuando se encontraron en la estación de bombeo de calle Tokio, se recriminaron actitudes. Allí los representantes de la Cooperativa consultaron a los municipales si tenían a orden judicial (ya se había dejado en claro que sin esa documentación no ingresarían puesto que la COOPI objetó cada día el procedimiento municipal por considerar que hay plazos procesales que no se están respetando).

“Estamos a disposición. Si tienen la orden correspondiente, les habilitaremos el ingreso para que vean qué hay y que todo está funcionando”, expresó Ipólito.

Los municipales no tenían la orden judicial, por ende se tuvieron que ir sin poder ingresar a las estaciones de bombeo. No obstante siguieron el recorrido por los tanques de reserva barrial de calle Matacos (en barrio Costa Azul) y de barrio La Quinta. En este caso como se trata de predios que son de acceso público, hicieron la inspección sin presencia de representantes de la Cooperativa Integral.

Tras conseguir la orden judicial una vez más emanada por el fiscal Ricardo Mazzuchi, pasado el mediodía volvieron a la estación de bombeo de calle Maipú para poder ingresar y ver los detalles técnicos de las bombas y tableros eléctricos que hay en el lugar. Esta vez, la comitiva vino acompañada por agentes de la policía de Córdoba y de la Guardia de Infantería. Es que la notificación de fiscalía decía –como sucedió en los días anteriores- que de existir alguna negativa se haría uso de la fuerza pública.

Al finalizar el recorrido, VillaNos Radio pudo dialogar con el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti quien dijo que se pudo constatar que las dos estaciones de bombeo “funcionan de manera correcta”.

“Pude sacarle foto a los motores para ver as características, las válvulas de presión. Pude observar y ver el estado de funcionamiento correcto”, insistió.

En cuanto a los tanques de reserva, el funcionario detalló que primero fueron a la cisterna de calle Matacos en la cual detectaron algunas “cuestiones estructurales”. Y aclaró: “Yo no estuve en la construcción de esa cisterna y me resulta difícil poder apreciar si hay deficiencias o no. Ha tenido perdidas y en la mayoría se han subsanado. Hay dos paredes que han sufrido, probablemente por una carga excesiva de agua y a lo mejor por alguna cuestión estructural. Pero insisto, desconozco porque yo no estuve en la construcción. Pero si, hay un movimiento de dos paredes que se ven desde arriba. Se ve un desplazamiento. Hay que hacer un estudio para ver si es necesario algún tipo de resguardo”, dijo.

Vale recordar que la construcción de esa cisterna fue otorgada a una empresa privada (X-Diseño –Yael Pérez Machado). La COOPI se había presentado a la misma licitación.

En cuanto al tanque de barrio La Quinta, el funcionario dijo que pudieron y comprobar que “el funcionamiento es el adecuado” y que hay alguno detalles menores como el cerco perimetral en mal estado. Vale mencionar que la construcción del tanque de barrio La Quinta también fue hecha durante la gestión de Carlos Paz Unido. En este caso, los trabajos se le otorgaron a otra empresa privada (Carlos Martínez Construcciones).

Fuerte apoyo político a la COOPI ante el atropello del gobierno municipal

La totalidad de concejalxs de la minoría expresaron su rechazo a que el gobierno comience con acciones de traspaso del servicio de agua a la esfera municipal. Lo hicieron durante la asamblea que la COOPI estaba desarrollando en la sede central, minutos antes de la llegada de la comitiva municipal el 16 de diciembre.

Gustavo Molina, del Frente Capaz, fue el primero en llegar a la institución y habló de la importancia de la “unidad en la acción”.

Profundamente emocionada, la concejala Natalia Lenci, recordó su paso por la institución siendo trabajadora. “Estar en este momento, es duro. Venirlos a acompañar es recordar cuando ingresé en 1999. Siempre estuvimos en lucha por distintos motivos. Estar desde afuera es más difícil todavía. No puedo dejar de emocionarme al ver su fuerza”, dijo.

“Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Es ilegitimo toda decisión de un gobierno cuando la tiene que imponer por a través del uso de la fuerza pública”, dijo Jorge Lassaga de Carlos Paz Somos Todos. 

 “Creemos que es sumamente injusto este atropello y este estratégico plan de destrucción de la institución instrumentado desde el Departamento Ejecutivo de la actual gestión y de la anterior. Estamos convencidos que esta es una institución emblemática para la ciudad. No hay ninguna duda respecto del servicio y lo que significa la institución para todo Carlos Paz”, expresó a su turno Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).   

Daniel Ribetti del espacio Carlos Paz Despierta señaló que la prioridad es la defensa de los puestos de trabajo y remarcó que “los problemas de la ciudad no se pueden resolver con esta prepotencia”.

Nota correspondiente a la edición n° 560 del periódico La Jornada, del 30 de diciembre de 2020.

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