Por Evelina Ramírez

“Son catorce años saliendo a las calles, llenando el centro de lxs pibxs y dando una enorme pelea contra la represión, denunciando la impunidad y las políticas de Estado que garantizan los privilegios de unos pocos por medio de palos, amedrentamientos, criminalización, torturas, y asesinatos en manos de las fuerzas represivas.

Son catorce años denunciando el antiguo código de faltas y actual código de convivencia que sólo sirve para señalar a lxs pibxs. Acá estamos para seguir enfrentando la política represiva y defender nuestros derechos. ¡Que se sepa que estamos más plantadxs que nunca, avivando las brasas de las luchas! ¡Que recordamos nuestra historia y a les pibes fusilades por el aparato represivo! ¡Ante la respuesta represiva, somos memoria presente y lucha colectiva!”.

(Fragmento del documento final de la 14° Marcha de la Gorra).

El viernes 20 de noviembre se llevó adelante en Córdoba capital la 14° Marcha de la Gorra, el evento cultural impulsado por jóvenes que ya es un emblema de denuncia de la violencia policial.

Este año, la mirada estuvo dirigida al reforzamiento del aparato policial dado en pandemia. “Estamos enfrentando dos pandemias: la sanitaria y la represiva. Los gobiernos con la excusa de garantizar la cuarentena, lejos de dar soluciones a les millones de pobres, desplegaron al aparato represivo, posibilitando un mayor amparo para las prácticas vejatorias de derechos humanos en un contexto que amerita respuestas de orden sanitario y social”, denunciaron las organizaciones convocantes en el documento final.

“El peor virus es la yuta”, resumió mejor uno de los tantos carteles que se pudieron ver a lo largo de la movilización, que en esta oportunidad no pudo llegar hasta el edificio de El Panal porque el vallado policial se adelantó unos metros sobre calle 25 de mayo.

La familia de Franco Amaya, el joven de 18 años asesinado por la policía en Villa Carlos Paz, participó de la movilización. “La marcha siempre se vive con mucha adrenalina. Vengo a acompañar a otras madres, a escuchar los testimonios. Ver que se suman nuevos casos, nuevas víctimas, es muy doloroso. Marchamos para levantar la voz, para hacer escuchar el nombre de los chicos por la memoria de ellos y para que se haga justicia”, dijo.

En lo que va del año en Córdoba se cometieron ocho asesinatos por gatillo fácil (siete de ellos en contexto de pandemia).  A nivel nacional, la cifra ya supera los 100 crímenes a manos de las fuerzas represivas estatales. Según datos de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en agosto de este año ya eran 102 las víctimas de violencia policial, incluyendo allí uso letal de arma de fuego, muertes en lugares de detención, femicidios cometidos por agentes policiales y desapariciones.

Nuevo protocolo

A nivel provincial, tras el asesinato del adolecente Joaquín Paredes de 15 años (ocurrido el 25 de octubre en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje) el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera presentó un nuevo protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza.

La norma establece, entro otros aspectos, la prohibición de efectuar disparos a personas que solamente están causando daños materiales o pueden producir lesiones mínimas. También prohíbe disparar hacia una multitud, desde o hacia vehículos en movimiento (salvo que corra riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial o de un tercero y no hubiere otra opción de abordaje), o “hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido”.

Valeria Plaza, abogada y coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que “este protocolo no inaugura nuevas leyes sino lo que hace es tipificar o aclarar qué sanciones administrativas van a correr para el personal policial”.

En esa línea consideró necesario definir esferas del control administrativo, judicial y político. “Hay que definir de qué manera se va a estar controlando y que el actor policial se sienta observado y controlado por el plano político, que es a quien la ciudadanía le puede exigir que haga o no haga algo”.

Nota correspondiente a la edición n° 559 del periódico La Jornada, del 25 de noviembre de 2020.

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