Por Alejandro Gómez

Aun para los nefastos estándares de Carlos Paz Unido relacionados a los servicios públicos, el manejo del gobierno del intendente Daniel Gómez Gesteira respecto al gas natural es sumamente desprolijo, poco transparente e improvisado. Como mínimo.

Desde la creación de Carlos Paz Gas, en 2003, se sabía que la sociedad tenía como fecha de vencimiento, si no había acuerdo para prorrogarla, el 30 de noviembre de 2020.

Por eso resulta lisa y llanamente inexplicable la demora en buscar alternativas sólidas y viables para garantizar que la prestación del servicio quede en manos de los vecinos y no vuelva a ser privatizado.

Lo primero que hay que decir es que no existen razones para no continuar con Carlos Paz Gas en la conformación actual (socios municipio y Coopi) más allá de que, según el gobierno, no existe más ‘affectio societatis’, algo que se entiende en el marco del ensañamiento y persecución que viene realizando sistemáticamente a la Coopi el espacio que lidera el exintendente Esteban Avilés y que afecta también a los servicios de agua y cloacas.

En un intento desesperado por evitar pagar el costo político de una eventual privatización, Gómez Gesteira anunció recién el 12 de noviembre la intención de conformar una nueva empresa para prestar el servicio de gas natural con la Cooperativa San Roque como socia.

Llamativamente en el acto no estuvo presente ningún directivo de la institución.

Hubo elogios del mandatario para ‘una institución que ha crecido en el tiempo y que desarrolla hace muchos años un servicio fiable y sostenible’.

¿En serio?

La Cooperativa San Roque presta el servicio en el barrio Villa del Lago y nunca logró asegurar por su cuenta agua de buena calidad. De hecho, el contrato de concesión (que dicho sea de paso está vencido desde hace muchos años) habla de agua corriente y no potable. Y las mejoras en la prestación se deben a que ahora se está distribuyendo agua potable que se trae desde la planta de Cuesta Blanca… que opera la Coopi y que es regional (abastece según cupo de la autoridad provincial de recursos hídricos a todas las localidades del sur de Punilla).

Durante el anuncio no hubo ningún tipo de precisiones sobre la estructura de la nueva sociedad (el proyecto fue presentado la semana siguiente) aunque sí un mensaje a la oposición: si la propuesta fracasa (debe ser aprobada con mayoría agravada y con mecanismo de doble lectura y audiencia pública) la responsabilidad será de ellos.

Ni siquiera se tuvo en cuenta que no hay tiempo material para que todo esté finalizado antes del 30 de noviembre, sin contar con los trámites de inscripción ante la Dirección de Inspecciones Jurídicas y la tramitación de la matrícula de subdistribuidora en el Enargas, el órgano que decide en última instancia quién puede prestar el servicio.

Y todo esto antes de conocerse que la Cooperativa San Roque tiene suspendida su matrícula por parte del Inaes y que la asamblea donde se modificó el objeto social está denunciada por ‘gravísimas irregularidades’.

Pensar que en el municipio desconocían estas cosas sería demasiado inocente.

Sostiene el gobierno que la decisión de apartar a la Coopi del gas tiene respaldo de la ciudadanía. La afirmación es como mínimo temeraria, teniendo en cuenta que las expresiones públicas de los vecinos y de la totalidad de los espacios políticos activos (con la única excepción de CPU) apuntan a la continuidad de la empresa tal como está conformada.

Por eso, y en el contexto general de lo que viene sucediendo, el análisis decanta en dos opciones: o el gobierno exhibe una falta de capacidad alarmante, o todo es parte de una premeditada estrategia para embarrar la situación, quitar a la Coopi y entregar el servicio a manos privadas.

En cualquier caso, estamos ante el mejor ejemplo de la ‘no gestión’ en mucho tiempo.

La Cooperativa San Roque, con matrícula suspendida y denuncias por irregularidades en la convocatoria y realización de la asamblea

La Cooperativa San Roque, elegida por el municipio como nueva socia para la prestación del servicio de gas natural en la ciudad, tiene la matrícula (2021) actualmente suspendida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), la máxima autoridad regulatoria de las entidades cooperativas.

Según se pudo conocer la suspensión fue dispuesta a través de la resolución Nº 1864/2019, por no haber realizado la Actualización Nacional de Datos en 2018.

Por otro lado también se denunció ante el Inaes a la CSR por ‘las gravísimas irregularidades’ cometidas ‘tanto en la convocatoria como en la realización de la asamblea’ del 7 de noviembre con el objetivo de reformar el objeto social.

Hasta ese momento la institución estaba limitada a la prestación de servicios de agua y electricidad, y se amplió el objeto social a los fines de permitir la incursión en el gas natural, a través de una sociedad con el municipio.

En una nota ingresada al cuerpo legislativo, Patricia Marziale y María Elena Paz confirmaron que por esta situación ya se realizó una denuncia ante el Inaes ‘sin perjuicio de la demanda judicial que se presentará ante el juzgado competente’.

Precisan que en la convocatoria no se cumplió con lo dispuesto en el estatuto al no notificar a los asociados con 30 días de anticipación la realización de la asamblea, poniendo a disposición la documentación a considerar.

Habiéndose realizado la asamblea en la modalidad a distancia, ‘tampoco se permitió la libre accesibilidad de todos los asociados’, como lo exige el Inaes.

Lo más grave, de acuerdo al escrito, es que ‘se aprobó la reforma del objeto social sin contar con la mayoría de dos tercios de los asociados’ conforme lo exige el estatuto.

‘Lo consignado precedentemente demuestra el accionar poco serio de esta cooperativa, totalmente irresponsable y que demuestra además su total falta de apego a la legalidad e institucionalidad, lo que además ratifica el hecho de que a la fecha su matrícula de registro ante el Inaes se encuentra vencida.

Hacemos presente que nos resulta imposible acompañar con esta presentación el acta de la asamblea denunciada porque hasta la fecha las autoridades de la cooperativa, en clara violación de los estatutos y lo dispuesto en el art 55 de la ley 20337 se negaron a proporcionarnos copia de la misma’, finaliza la nota.

El porqué de las sanciones a la Coopi

Uno de los argumentos que, una y otra vez, arrojan desde el oficialismo en detrimento de la Coopi, tiene que ver con las sanciones que recibió como contratista.

Aunque se intenta vincular esta decisión con un ‘castigo’ por irregularidades en ejecución de obras, la realidad indica que fueron aplicadas por la Distribuidora de Gas del centro (Ecogas) ante el inicio de los trabajos sin contar con su autorización y ante la demora inexplicable por habilitarlos. En ambos casos las obras habían sido ordenadas por el directorio de la empresa Carlos Paz Gas, y la Coopi las ejecutó en calidad de contratista.

Pero de qué se trata, exactamente. Hubo dos sanciones por parte de Ecogas, una en enero de 2008; y otra en setiembre de 2011.

La primera corresponde a los proyectos de red en barrios Los Algarrobos y Altos de San Pedro – Centro de Inquilinos, cuando se estaba finalizando la ejecución de ambas obras.

Los puntos observados fueron los siguientes: comienzo de la obra en un sector de Los Algarrobos en 2004 sin permiso de la distribuidora Ecogas. Los trabajos se había iniciado por orden de Carlos Paz Gas (acto publicado en distintos medios con participación del entonces intendente Carlos Felpeto); construcción de la obra en forma inorgánica (no se construyó desde los mayores diámetros hacia los menores, sino que la ejecución avanzaba en forma sectorizada, de acuerdo a las órdenes de Carlos Paz Gas en base a la adhesión de los usuarios al pago de la obra); construcción de distintos tramos que no estaban en el proyecto original y que se construyeron con la orden de Carlos Paz Gas; sectores observados en algunos tramos (cañería debajo de línea de árboles en calle Sayago – Centro de Inquilinos), lo cual tenía el permiso de parques y paseos de la municipalidad y de la inspección de Carlos Paz Gas.

La segunda sanción de Ecogas fue por el proyecto en barrio Costa Azul construido en 2007, obra que fue iniciada por indicación de Carlos Paz Gas luego de 6 meses de tramitaciones sin respuesta en la distribuidora, cuando la ley 24076 indicaba que la licenciataria debía responder en el plazo de 30 días a las solicitudes.

En ambas sanciones la distribuidora actuó contra la contratista y no contra la subdistribuidora, que era quien ordenaba la ejecución de los trabajos. También se sancionó al Representante Técnico de la contratista y no así al Director Técnico de Carlos Paz Gas ni al inspector de obra, que nunca realizó una orden de servicio con observaciones a los trabajos realizados.

Por otro lado, la distribuidora que tiene a su cargo la inspección de la obra no observó errores ni intimó a la corrección de los hechos que luego sanciona.

Queda claro, entonces, que actuó discrecionalmente contra la contratista que es quien recibe las instrucciones de la subdistribuidora.

Las novedades de un mes intenso

29 de octubre: Carlos Paz Inteligente propone prorrogar Carlos Paz Gas S.A. por 10años.

El concejal Carlos Quaranta, autor del proyecto, pide que sea tratado sobre tablas.

“Estoy convencido que no se ha llegado a esta situación de incertidumbre por una mera casualidad o por errores y divergencias en las formas o en el proceso. Creo que esto es parte de una ordenada estrategia que comenzó hace un tiempo para dejar a la empresa primero sin la calidad de subdistribuidora, luego sin la concesión y ahora se deja que muera indefectiblemente para empezar el proceso de liquidación. Esto va a traer perjuicios a la ciudad. De eso no tengo ninguna duda”, dijo.

Tras tensa discusión, el oficialismo rechazó esta alternativa y envió el proyecto a comisión.

30 de octubre: Reunión virtual convocada por el concejal Molina.

El edil del frente Capaz coordinó una reunión por Zoom de la que participaron vecinos y dirigentes de distintos espacios políticos para abordar la problemática de Carlos Paz Gas. El apoyo a la empresa tal como está constituida fue unánime.

Entre los más de 100 participantes estuvieron presentes los exintendentes Carlos Felpeto y Gustavo Dellamagiore, el actual concejal Daniel Ribetti, el exconcejal Adrián Lizarriturri, el expresidente del Concejo de Representantes Walter Gispert, el gerente General de la Coopi, Rodolfo Frizza, el titular del Sipos Gustavo Valdez, y los directores de la firma Mario Díaz y Blanca Pérez (también exconcejala). Así también dio su apoyo el vocal del Ersep Daniel Juez.

En ese contexto Gispert hizo públicos los datos de una encuesta realizada por la consultora Ideco–Schreiner Asociados que confirmaba el decidido apoyo de los vecinos a la continuidad de Carlos Paz Gas. El 61% de los encuestados se mostró a favor de que CPG siga prestando el servicio de gas natural, contra apenas el 7% que se expresó en contra.

Con este respaldo comenzó a gestarse la idea de impulsar un referéndum.

5 de noviembre: Oposición pidió interpelar al intendente Daniel Gómez Gesteira.

Los concejales Carlos Quaranta (CPI), Daniel Ribetti (CPD), Jorge Lassaga (CPST) y Gustavo Molina (Capaz), presentaron el  proyecto.

‘El intendente debe dar explicaciones y dejar de esconderse’, afirmaron en la conferencia de prensa previa.

Durante la sesión se pidió el tratamiento sobre tablas también con el apoyo de Natalia Lenci (UCR), pero sin que nadie del oficialismo dijera ni una sola palabra, el proyecto fue sometido a votación y los 7 votos del bloque de CPU lo condenaron a ser enviado a comisión.

7 de noviembre: Asamblea de la Cooperativa San Roque.

Se conoció bastante después que ese día se realizó una asamblea para ampliar el objeto social. Es que originalmente solo estaba habilitada para prestar servicios de agua y electricidad, por lo que se debió modificar el estatuto a los fines de permitir la incursión en la prestación del servicio gas natural.

10 de noviembre: Reunión virtual del grupo Vecinos por Carlos Paz Gas.

Más de 120 vecinos manifestaron su adhesión a la continuidad de Carlos Paz Gas tal como está en la actualidad. Y dirigentes de prácticamente todo el arco político carlospacense se manifestaron en el mismo sentido. Entre ellos, referentes de los cuatro espacios (aparte de CPU) que lograron representación legislativa en los comicios de 2019: Carlos Felpeto y Walter Gispert (Capaz), Rodrigo Serna (Carlos Paz Somos Todos), Emilio Iosa (Carlos Paz Despierta) y Margarita Gallardo y Román Calós de Vit (Partido Justicialista-Carlos Paz Inteligente), entre otros.

También hubo respaldo del gobierno nacional a través de Hugo Yagüe (delegado en Córdoba del INAES) y Alberto Gandulfo(presidente de la CONAMI -Comisión Nacional de Microcrédito-).

11 de noviembre: Capaz pide la realización de una consulta popular.

El concejal Gustavo Molina (Capaz) presentó un proyecto que tiene como objetivo la realización de una consulta popular, en abril de 2021, a los fines de que sean los vecinos quienes definan quién debe seguir con la prestación del servicio de gas natural en la ciudad. La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del jueves siguiente y pasó a comisión.

12 de noviembre: Gómez Gesteira anunció la intención de formar una nueva empresa con la Cooperativa San Roque como socia.

Durante una sorpresiva conferencia de prensa el municipio confirmó su intención de que la Cooperativa San Roque sea la nueva socia del Estado para la prestación del servicio de gas natural.

El anuncio estuvo encabezado por el intendente Daniel Gómez Gesteira, quien estuvo acompañado por la presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarías, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Darío Zeino.

13 de noviembre: Asamblea de Carlos Paz Gas.

La reunión entre los socios se llevó a cabo en el salón Auditorio del Palacio 16 de Julio y se extendió por unos minutos, al solo efecto de designar los síndicos del Socio Clase A (municipio), uno por el oficialismo (Marcelo Lucas Blengino) y otro por la oposición (Paola Vassallo).

En ese marco, Vecinos por Carlos Paz Gas entregaron una nota a los apoderados del municipio, César Maldonado (se negó a recibirla), y de la Coopi, Rodolfo Frizza, dejando en claro el rechazo a la propuesta del ejecutivo ‘de incorporar como socio a otra empresa que no sea Carlos Paz Gas’.

Y solicitaron ‘habilitar un referéndum para que la ciudadanía, mediante el derecho democrático a ser escuchada, decida por el destino de la empresa que actualmente brinda el servicio con calidad, eficiencia y rédito –sin fines de lucro-’.

17 de noviembre: El proyecto de creación de VCP Gas SA ingresó al Concejo.

Se conoce, finalmente, cuál es la estructura societaria que pretende imponer el gobierno.

Se trata de una sociedad anónima con 51% de acciones Clase A (íntegramente en manos del municipio), y 49% Clase B. De estas, el municipio se queda con el 24%; y el 25% restante son para la Cooperativa San Roque.

En el directorio habrá cuatro representantes del municipio y uno de la CSR.

El estatuto deja abierta la puerta para que el socio privado pueda vender sus acciones, y nada dice sobre el compromiso de no retirar las ganancias hasta que esté concluido el tendido de la red de gas natural en toda la ciudad.

El capital social es de un millón de pesos, representado en 510 acciones Clase A y 490 Clase B (mil pesos cada una). La duración de la sociedad se establece en 15 años.

18 de noviembre: Se conoce que la Cooperativa San Roque tiene la matrícula suspendida por el INAES.

El grupo Vecinos por Carlos Paz Gas ingresa sendas notas dirigidas al Concejo de Representantes, la intendencia y la defensoría del Pueblo informando que la empresa elegida por el municipio para conformar la nueva sociedad tiene la matrícula de cooperativa (2021) suspendida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

‘Esta grave circunstancia expone el grado de improvisación con el que se pretende asumir un servicio público de la naturaleza, importancia y delicada gestión como lo es el de la distribución de gas natural en nuestra ciudad.

Solicitamos a Uds. como quienes tienen la obligación de representar a la población, un acto de responsabilidad que evite poner en grave peligro la normal prestación del servicio, que actualmente se brinda de modo excelente en esta ciudad’, señala la nota entregada a los ediles.

19 noviembre: Con tres proyectos sobre el gas, la discusión se instaló en el Concejo.

Sorprendentemente, y aunque en la reunión de labor parlamentaria se había adelantado la decisión de tratar la creación de VCP Gas sobre tablas, al momento de la sesión el oficialismo la pasó a comisión. ‘Si bien habíamos solicitado el tratamiento sobre tablas entendimos desde el bloque pasarlo a la comisión para tratarlo la semana que viene’, esbozó Sebastián Guruceta, a manera de explicación.

Sí se llevaron a votación otros dos proyectos. El primero planteaba la derogación de la ordenanza de 2012 que ordenaba la expropiación de las acciones de la Coopi en Carlos Paz Gas, y que el gobierno nunca pudo materializar. Aunque resulta obvio que dicha normativa quedaría abstracta apenas CPG deje de existir (fue el argumento esgrimido por el concejal Carlos Quaranta), el oficialismo insistió en derogarla.

La ordenanza de derogación ‘es la expresión del fracaso político de un gobierno que genera acciones sin acuerdos’, sentenció Jorge Lassaga (CPST).

La otra propuesta facultaba al intendente a nombrar los liquidadores de Carlos Paz Gas, aun cuando la empresa todavía está vigente. La oposición rechazó la posibilidad de delegar atribuciones que son propias del cuerpo legislativo, pero al oficialismo eso poco le importó y avanzó en su aprobación.

‘Estas cosas tan mal preparadas nos hacen pensar que solo tienen como objetivo que las rechacemos’, interpretó Daniel Ribetti (CPD).

Ambos proyectos se aprobaron con los 7 votos del bloque de CPU.

En la sesión también ingresó una nota presentada por dos vecinas denunciando serias irregularidades en la convocatoria y realización de la asamblea de la Cooperativa San Roque durante la que se modificó el objeto social.

Nota correspondiente a la edición n° 559 del periódico La Jornada, del 25 de noviembre de 2020.

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