Cuando al periodista Emilio Ruchansky, editor de la revista THC y ferviente militante en la causa de la legalización de la marihuana, le mencionan a Córdoba, sabe que se encuentra con una provincia reaccionaria a sus ideas.

De hecho considera “una payasada” las apariciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con operativos de secuestros que, a su juicio, van “sobre consumidores o vendedores de baja monta”. Muy alejado del tan mentado combate al narcotráfico.

Pero el punto central de las recientes modificaciones a la ley de Cannabis Medicional que el Congreso aprobó en 2017, es que la gestión de Juan Schiaretti nunca adhirió a la misma. Se sabe que tenía falencias, reconocidas hasta en el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, pero ahora la intervención de organizaciones cannábicas cambia las condiciones.

Sin embargo, este viernes el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, confirmó que “la intención del Gobierno es adherir a la norma nacional”.

El caso Carlos Laje

Recordado como miembro fundador de “la clínica de la marihuana”, el doctor Carlos Laje pasó un buen tiempo detenido acusado de “comercialización de estupefacientes” y en su momento debió pagar una fianza para salir de la cárcel.

Eran otros tiempos y la diversificación de su proyecto de venta de productos derivados del cannabis no pudo volar mucho. Son recordados en aquel 2017 los operativos en su clínica en la ciudad de Córdoba y otro centro en Carlos Paz. Las visiones locales sobre la marihuana, se sabe, iban por otro camino.

La contradicción entre la ley 23.737, denominada “de estupefacientes”, con la normativa en cuestión, fue la que determinó su absolución, con un fallo de hace unos meses dictado en la Justicia Federal tras tres años de investigación.

Sobre este punto el abogado Tomás Aramayo plantea un panorama “complejo” por el cruce entre las normas.

Cba24n

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