El 30 de noviembre de 2020 vence el contrato societario de la empresa Carlos Paz Gas, la empresa que desde el año 2004 brinda el servicio de gas natural en la ciudad.

Se trata de una experiencia de gestión de un servicio público que es emblemática, porque si bien es una sociedad anónima –el marco regulatorio nacional así lo establece como condición-, los socios que participan de esta empresa son el municipio de Villa Carlos Paz y la Cooperativa Integral. Es decir: dos instituciones públicas de carácter social, integradas y representadas por vecinos y vecinas de la ciudad y la región.

Por eso, lo que está en riesgo hoy es el patrimonio público.

A esto se suma la lógica solidaria con la que se lleva adelante la gestión. Como ejemplo vale mencionar dos aspectos del funcionamiento de la empresa. El primero tiene que ver con que los excedentes son reinvertidos en la extensión de la red de gas natural en los barrios que aun no cuentan con el servicio. Es decir: el dinero queda en la ciudad. Ni siquiera se reparten los dividendos entre los socios, sino que es utilizado para ampliar la zona de prestación.

El segundo es que la obra es de pago voluntario. Es decir, cuando la red de gas  pasa por el frente de su vivienda, no hay obligación de pagarla hasta tanto el vecino frentista sea usuario del servicio. Es decir: haya logrado hacer la red interna de conexión y esté en condiciones de afrontar el pago.

Los primeros en manifestar su preocupación por esta situación fueron un grupo de vecinos que a través de una solicitada expresaron su voluntad de que Carlos Paz Gas siga funcionando tal como está. “La empresa surgió cuando el Gobierno Municipal recuperó el servicio concesionado hasta ese momento por la empresa privada EMPRIGAS. Desde entonces pasó de ser un negocio a un servicio desde un interés público, colectivo y social; los vecinos son los dueños por ser ciudadanos en esta Municipalidad de Villa Carlos Paz y asociados y usuarios de la Cooperativa Integral”, dice parte del escrito que también se subió a la plataforma change.org para recolectar firmas que serán dirigidas al Concejo de Representantes.

“Costó mucho hacer la empresa, que tiene una finalidad cooperativa. Es una empresa que ha venido a cubrir aquellas falencias que tuvo EMPRIGAS. Esta es una empresa que no es deficitaria”, expresó Fernando Revello, uno de los vecinos firmantes.

Además hizo hincapié en que los recursos que genera la empresa, quedan en la ciudad al ser reinvertidos en la extensión de la red. “Los barrios del sur hoy tenemos gas natural gracias a Carlos Paz Gas. Lo menos que podemos hacer es tratar de defender eta empresa. Si fuera una empresa deficitaria, se podría entender. Pero que se disuelva una empresa que está funcionando bien, me parece un despropósito”, señaló el dirigente vecinalista de las Rosas Centro.

En la misma línea, consideró que si bien desde el municipio no se han expresado por la disolución de la firma, es preocupante que aun no exista una definición por la continuidad. Y remarcó: “No siempre lo que hace el Estado está bien ni las cooperativas son buenas. Pero en este caso, la empresa funciona y funciona bien. Entonces ¿por qué cambiar algo que está funcionando bien? No me parece lógico. Nada va a garantizar que  una empresa privada será mejor que Carlos Paz Gas. Esta es una empresa nuestra, de los socios, a través de la cooperativa o a través del municipio”.

Por su parte, María Elena Marconi –otra de las vecinas firmantes y directora de la escuela Ricardo Bernabé Fernández- sostuvo en diálogo con VillaNos Radio que resulta fundamental informar a la población sobre lo que está en juego. “Como ciudadana, como vecina y como parte de la gestión de una escuela, me parece que la empresa funciona bien. Además, las ganancias de la empresa vuelven a la ciudad en obras”, destacó.

En esa línea consideró que, “todos tendrían que sentarse en una mesa: municipio y cooperativa y tener el gesto histórico que estamos esperando los ciudadanos, y que dialoguen”. “Es momento de buscar las coincidencias para el beneficio de todos nosotros”, insistió.

Sin prórroga

El viernes 16 de octubre se desarrolló la asamblea de socios y había expectativa porque en ese encuentro se defina la continuidad de la empresa.

Del encuentro participaron los abogados Cesar Maldonado y Alejandro Tamagnini como apoderados de la municipalidad; el asesor letrado Juan Carlos Antonini y el gerente General Rodolfo Frizza en representación de la Cooperativa Integral.

También estuvieron los directores municipales Roberto Rizzi, Marcelo Cuevas y Fernando Cotti; y los directores cooperativistas Blanca Pérez y Mario Díaz. Como miembros de la comisión fiscalizadora estuvieron el abogado Julio Cesar Martínez por parte de la Coopi y el contador Mauricio Santa Cruz.

El primer punto del orden del día –que implicaba la ratificación de lo actuado por el directorio ante el ENARGAS y la municipalidad para la obtención de la prórroga de la licencia como subdistribuidora de gas natural y la renovación del contrato de concesión para la prestación del servicio-, fue aprobado.

El segundo punto, referido a prorrogar por 10 años la vigencia de la sociedad (comenzando a contar desde el 1 de diciembre de 2020), no contó con los avales suficientes para su aprobación.

El abogado Maldonado, en representación de la municipalidad, dijo no tener “una resolución emanada de los órganos pertinentes” y que por ende no podía definir una postura sobre ese punto. “Este representante no tiene facultades ni mandato para expedirse”, se lee en el acta firmada por los presentes al terminar el encuentro.

“Le pregunté quiénes eran los órganos que debían decir la prórroga o no, y me dijo que no podía contestar eso porque no era parte del orden del día. Pero luego, fuera de la reunión, me dijo que la orden debía venir del Concejo de Representantes. El socio es el municipio, no el Ejecutivo, y no me han dado mandato”, dijo a VillaNos Radio Rodolfo Frizza al término del encuentro.

Y remarcó: “Hoy podríamos decir que la sociedad no está prorrogada”.

Esto escenario abre las puertas a la disolución de la firma y a que el servicio vuelva a ser privatizado al quedar en manos de ECOGAS, la distribuidora multinacional que tiene injerencia en esta zona de prestación. Vale recordar que en 1992, en plena década menemista, se sancionó la ley 24.076 que dispuso la privatización de Gas del Estado S.E. y fijó el marco regulatorio para la actividad del transporte y distribución del gas natural.

Mediante licitación pública internacional, ECOGAS adquirió la concesión de distribución de gas natural de las regiones de Cuyo y Centro de la Argentina. ECOGAS opera hoy en Córdoba, La Rioja y Catamarca (Distribuidora de Gas del Centro S.A); y Mendoza, San Juan y San Luis  (Distribuidora Cuyana S.A.). La propiedad actual de la empresa se distribuye del siguiente modo: Central Puerto S.A con 44,10%; Magna Inversiones S.A con 11%; otros accionistas con participaciones menores de modo individual poseen el restante 44%.

Quedan bien claros los modelos de gestión que están en pugna.

La necesaria intervención del Concejo

Carlos Paz Gas nació a través de una ordenanza sancionada el 16 de septiembre de 2003. Por eso, la discusión sobre su continuidad también deberá ser planteada en el Cuerpo Legislativo.

El concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) -con el apoyo de Gustavo Molina (Capaz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta)- impulsó un proyecto con la intención definir la continuidad de la empresa. Incluso no se descarta convocar a una sesión especial para abordar el tema.

La propuesta apunta a “instruir al Departamento Ejecutivo Municipal para mandatar a los Directores (CLASE A) de la Empresa Carlos Paz Gas S.A. a proponer en Asamblea de Accionistas la prórroga del contrato societario hasta el 30 de noviembre de 2023”. “Entendemos que Carlos Paz Gas es una empresa que debe seguir en manos de los carlospacenses. Por eso planteamos una prórroga a la sociedad por tres años, para que en todo caso un nuevo gobierno lo pueda definir con más plazo”, explicó Lassaga.

Y remarcó: “El proyecto que presentamos es de mucho sentido común”.

El proyecto también prevé autorizar al intendente “a suscribir la renovación del contrato de concesión del servicio de distribución y suministro de gas natural (…) en los mismos términos y condiciones que el anterior oportunamente suscripto (…) por un período de tres años a partir de la sanción de la presente ordenanza”.

La iniciativa tomó estado legislativo en la sesión del pasado 24 de setiembre y pasó a la comisión de Desarrollo Urbano Ambiental.

Vale mencionar que para que el contrato sea válido debe ser aprobado por el Concejo de Representantes, con mayoría agravada (8 votos). La actual composición política del Legislativo impediría definir la cuestión expresamente –por sí o por no- a la continuidad. Por eso, la idea de un referéndum queda latente como posibilidad de resolución democrática y representativa de la voluntad popular. Y en este punto también  vale tener en cuenta que los siete votos con los que cuenta hoy el oficialismo representan al 36% de la voluntad popular, mientras que el resto de los concejales de los bloques minoritarios hoy representan a la mayoría de los carlospacenses.  

Para Lassaga, la situación de Carlos Paz Gas “debe resolverse en el ámbito político, porque si no se puede generar otro juicio millonario contra el municipio”. “Esto ni más ni menos que la plata de los vecinos afrontando los costos de esta vocación conflictiva que tiene el gobierno. Hay que dejar de lado las cuestiones personales y poner en el centro las necesidades de los vecinos”, remarcó.

Desde el frente Capaz, el concejal Gustavo Molina opinó en el mismo sentido. “Carlos Paz Gas debe continuar. La empresa es muy importante para el desarrollo local, y se ha venido sosteniendo con el aporte de los contribuyentes desde su origen”, indicó. Además consideró que la situación es grave “no solo por los trabajadores que perderán dicha condición, sino por entregar un servicio clave a manos privadas”.

“Notamos en el gobierno cierto desinterés por el desarrollo energético local”, interpretó.

El único integrante del oficialismo que se refirió al tema fue el concejal Sebastián Guruceta en el programa Forum. Según dijo en la entrevista, el intendente Daniel Gómez Gesteira ha enviado una nota al ENARGAS donde expresó la voluntad del municipio de seguir prestando el servicio. “Los directivos votaron que no tenían las instrucciones de parte del intendente para realizar la votación en el momento de la asamblea de socios. Le notificamos al ENARGAS toda esta situación y esperamos una pronta respuesta”, dijo el edil de Carlos Paz Unido, deslindando mayores competencias de gestión si realmente se tuviera la voluntad política de seguir estando al frente del servicio.

Consultado directamente si podría asegurar que el servicio de gas natural no va a quedar en manos de la multinacional ECOGAS, Guruceta respondió con evasivas: “La vieja ley de desguase del Estado, dispuso la división de los servicios y uno de ellos fue el gas. Nosotros, como Estado municipal hemos enviado notas para sostener nuestro servicio. Pero queremos tener ciertos resguardos. La Cooperativa ha sido sancionada y nosotros queremos tener la certeza necesaria para seguir estando, con este o con otro socio distinto, pero con la misma calidad y bajos las normas correspondientes”.  

Si esa fuera voluntad, está claro que con notas al ENARGAS, no es suficiente.

La verdadera puja que hay en esta discusión es por la defensa de una empresa local con lógica solidaria y cooperativa en la prestación; contra la entrega de un servicio público esencial a una multinacional con fines de lucro. Una decisión sobre la cual, como ciudadanos, también corresponde asumir. Porque afecta a nuestra economía regional, porque involucra a nuestra calidad de vida y porque tiene que con la defensa de nuestros recursos.

Los logros de Carlos Paz Gas

Una de las cualidades de la empresa es la inversión de sus excedentes, en obras. En la solicitada firmada por vecinos se detallaron los avances:

– Alrededor de 135.000 metros de redes domiciliarias en los 19 barrios;

– El ramal Asunción;  ramal Cárcano; la Cámara Reductora de Presión en calle Asunción; la Planta Odorizadora en zona ingreso a Carlos Paz por colectora;

– Más 14.000 nuevas conexiones, siendo la obra de pago voluntario, en menor tiempo que hasta 2004, cuando Emprigas concretó poco más de 10.000 en la zona principal de Carlos Paz con mayor poder adquisitivo y siendo la obra, en ese entonces, de pago obligatorio.

– A la fecha la prestación del servicio es absolutamente solvente en lo técnico y profesional.

– En el año 2020, aún con pandemia se está culminando la obra de Villa Independencia y Sol y Río. De la misma forma como se culminaron las obras de los barrios Obrero, Villa del Lago, Villa Suiza, Becciú, Costa Azul, El Fantasio, La Quinta Segunda Sección, El Canal, Villa del Rio, Las Rosas Centro, Las Rosas Norte, entre otros sectores de la ciudad. El retraso en el avance de las obras no lo constituye el limitante económico sino a decisiones de la Distribuidora ECOGAS en la aprobación de los Proyectos de los distintos barrios.

Valdez: “Están decidiendo hacer desaparecer una empresa sin considerar la situación de los trabajadores”

El secretario general del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), Gustavo Valdez, se refirió a la cuestión laboral en medio de la discusión sobre el futuro de Carlos Paz Gas.

El dirigente señaló que junto con el gremio de Trabajadores del Gas  solicitaron reunirse con cada socio a los fines de abordar el tema y pronunciarse por la continuidad de la firma. Con la COOPI lograron reunirse, no así con las autoridades municipales. Por eso se hicieron presentes en la asamblea de socios del 16 de octubre, aunque pero no los dejaron entrar. “Tuvimos que ver todo desde la ventana”, graficó.

Una de las cuestiones sobre las que el dirigente hizo hincapié es que el hecho de que el representante municipal no haya tenido un mandato claro sobre la prórroga del contrato societario, en lugar de votar por “no”, debería haberse pronunciado por la abstención.

“No puede exceder las funciones en el ejercicio del mandato que tiene. Lo que hubiera correspondido es la abstención y convocar a una nueva asamblea a los fines de que el representantes que acudió sin instrucciones, consiga los mandatos y vuelva. A esa asamblea correspondía ir con una definición”, subrayó Valdez y enfatizó: “Hay mucha improvisación y no se hacen las cosas en tiempo y forma. Esto pone en riesgo a una empresa que presta un servicio esencial en Carlos Paz”.

Consultado sobre las fuentes de trabajo, el dirigente dijo que no solo hay que considerar los puestos administrativos, sino también los involucrados en la obra de extensión de redes gasíferas domiciliarias.

“Hay que resolver la continuidad de los puestos de trabajo. Todo eso entra en una situación de indefinición e incertidumbre a partir del 30 de noviembre. No es una práctica de nuestro gremio quedarnos tranquilos aun cuando dicen ‘está garantizadas las fuentes de trabajo’. Además, nada indica que eso esté siendo considerado ahora”, expresó adelantando que uno de los pasos a seguir será llevar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Y subrayó: “Están decidiendo hacer desparecer una empresa sin considerar la situación de los trabajadores”.

Nota correspondiente a la edición n° 558 del periódico La Jornada, del 28 de octubre de 2020.

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