Por Evelina Ramírez

El 1 de agosto, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la caducidad del contrato de concesión con la firma Autobuses Santa Fe, firma prestadora del servicio de transporte desde julio de 2007.

Escuetamente, el mandatario afirmó que el municipio “implementará un sistema de transición que permita que los vecinos cuenten con servicio”.

A los pocos días del anuncio, en una conferencia de prensa a la que se convocó a algunos medios, el intendente calificó a la firma como “la gran incumplidora” y planteó que al momento de resolver la caducidad del contrato se tuvo en cuenta que “debíamos estar preparados” para una disputa judicial.

“Por eso lo importancia de generar desde lo jurídico los instrumentos adecuados. La empresa tiene un objetivo diferente al de la función pública y seguramente harán las cuestiones jurídicas que les correspondan. No tendrán dinero para sostener el servicio en las condiciones que corresponden pero sí para sus abogados, que lo usen”, retó.

Por su parte el Asesor Letrado, Darío Pérez, precisó que la caducidad se sostiene a partir de la constatación de deficiencias graves en el servicio, sumado a incumplimientos de índole previsional, laboral e impositivo.

“Tenemos la carga de un sistema que no venía funcionando. Este servicio viene desde hace más de 13 años y quedan dos años de contrato, sobre un pliego muy complejo que ponía al municipio en un estado de indefensión que esclavizaba al vecino que no podía trasladarse, inclusive antes de la pandemia.

“En este primer año que me toca como intendente estoy tomando una de las definiciones más importantes que tiene que ver con la proyección hacia adelante y es la caducidad del contrato con una empresa incumplidora que durante muchísimos años brindó un servicio que no era acorde a las necesidades del vecino”, reforzó Gómez Gesteira.

El debate en el Concejo

En la sesión del jueves 6 de agosto, el Concejo de Representantes sancionó una ordenanza que declaró la emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en Villa Carlos Paz por un año, prorrogables por única vez por seis meses.

La decisión se tomó por unanimidad en general. Puesto a votación en particular, por mayoría se aprobó el artículo que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal, “mientras dure la emergencia declarada en el artículo precedente, a adoptar todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en nuestra Ciudad, tales como otorgar permisos precarios de explotación, acudir a medios alternativos de transporte, establecer y/o rediseñar frecuencias y recorridos, y toda otra medida que estime pertinente, -resultando el detalle precedente meramente enunciativo”.

Cuatro ediles de la oposición (Gustavo Molina, Carlos Quaranta, Jorge Lassaga y Daniel Ribetti) se manifestaron en contra de delegar atribuciones propias del Cuerpo Legislativo, y plantearon su disposición para trabajar en conjunto.

Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que dicho artículo no se contrapone a la Carta Orgánica Municipal, y que era necesario a los fines de que el intendente pueda disponer de herramientas para implementar un servicio de transporte urbano provisorio hasta tanto se pueda elaborar el pliego y llamar a licitación.

Previo a la votación se dio un largo y tenso y debate del que participaron todos los ediles.

Quien tuvo a su cargo presentar la posición del oficialismo fue Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido – CPU), quien consideró que la decisión del intendente de decretar la caducidad del contrato con Transportes de la Villa se tomó “en forma madura, consensuada y estudiada”. “Es una medida esperada”, dijo, y advirtió sobre el “declive” en la prestación del servicio.

Gustavo Molina (Capaz) recordó que desde la oposición venían “pregonando las deficiencias del servicio y la laxitud de los controles por parte del municipio hace mucho tiempo”.

“Estamos en presencia de una novela de realismo mágico de Gabriel García Márquez: ‘Crónica de una muerte anunciada’”, graficó. Enumeró una larga lista de pedidos de informes sobre el servicio que sistemáticamente fueron rechazados por el oficialismo.

“Los responsables tienen nombre y apellido: Carlos Paz Unido. La Gestión Comunitaria protegió, convalidó e hizo oídos sordos a los reclamos de los vecinos. Ante cada pedido de informes nos encontramos con un muro más sólido que el de Juego de Tronos”, criticó.

Sostuvo que las audiencias públicas sobre la tarifa del urbano que se desarrollaron en diversos barrios fueron “auténticas puebladas protagonizadas por vecinos, organizaciones políticas y estudiantiles” que reclamaban por las pésimas condiciones en las que se prestaba el servicio.

Subrayó que ante los pedidos de la oposición el oficialismo solo ofrecía como “lacónica respuesta” que “todo estaba bien y en orden”.

Precisó que en enero de 2018 ya se había presentado un proyecto para declarar la emergencia del urbano y exigir a la empresa que brinde el servicio en estricto cumplimiento de los pliegos.

“La situación actual no fue causada por un rayo en medio de la noche. Fue producto de un proceso sistemático y complejo, con una empresa incumplidora y un Estado laxo que no estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Desde Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lassaga señaló que el proyecto del oficialismo “solo viene a exponer fatalmente la falta de planificación y control sobre los servicios públicos y esenciales en Villa Carlos Paz”.

Indicó que tras los anuncios “no hay certezas” sobre cómo va a funcionar el servicio e insistió con que, “la falta de planificación es abrumadora”.

“El anuncio expone la construcción de un relato que está muy lejos de la realidad. El gobierno sigue haciendo mal las cosas. Reiteramos nuestra disposición para un diálogo real porque asumimos para ser parte de las soluciones. En cambio, parte del problema es la decisión política del gobierno de un gobierno de no escuchar, de no dialogar y de generar acciones legales”, pronunció.

Por su parte, Carlos Quaranta (CPI) reparó que cuando el intendente anunció la rescisión del contrato habló de que el servicio era “malo” desde hace 13 años.

“Por qué se dejó transcurrir tanto tiempo. Por qué los vecinos tuvieron que esperar siendo rehenes de una empresa que hacia lo que quería sin mediar mayores sanciones por parte del Estado. Quizá lo que falló no haya sido el contrato si no el proceso de control. Se han otorgado aumentos de tarifas en etapas condicionados a una correcta prestación que llegado el momento se daban por satisfechas. No entiendo”, argumentó.

“Hace casi cuatro años la empresa está en concurso preventivo y el Estado pensaba que podía seguir prestando el servicio. Una empresa no llega a esta situación en 90 días. Todo esto viene conviviendo hace años con un pésimo servicio, tolerado por el gobierno que minimizó los reclamos”, subrayó.

Natalia Lenci (UCR) expresó que, “todos hemos sido testigos de las irregularidades y hemos asistido a innumerables audiencias donde los vecinos reclamaban y manifestaban incumplimientos de la empresa”.

Adelantó su acompañamiento al proyecto aunque pidió que conste en actas su pedido de que se realicen audiencias públicas a los fines de que los vecinos puedan expresar sus opiniones, mostrando particular preocupación por la tarifa. “No puede ser excesiva, debe estar acorde al bolsillo de los vecinos”, subrayó.

A su turno, Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) expresó que la problemática fue abordada por el gobierno de manera “negligente”, y precisó que, “se incendiaron colectivos, se quedaron sin frenos. Corrió riesgo la vida de los vecinos y eso lo expusimos en innumerables proyectos que nunca llegaron a buen puerto”.

“Estamos ante una decisión política contundente que llega tarde, pero mejor tarde que nunca”, afirmó sobre la caducidad del contrato.

En cuanto al pedido de delegar facultades al intendente para que resuelva por su cuenta, sin la intervención del Concejo, se opuso. “No nos parece delegar atribuciones que son propias del poder legislativo. Queremos ser parte del proceso de construcción de estas alternativas, de esa discusión. Queremos ser parte de la solución y hay que entender que esta decisión va a trascender a este gobierno. Estamos ante una muy buena oportunidad para que se ponga en ejercicio el slogan de la gestión comunitaria”, reforzó.

Mariano Melana, de Carlos Paz Unido (CPU), consideró que “no se puede tomar a la ligera rescindir un contrato”. “Este proyecto necesita ser apoyado en su totalidad y no en parte”, recalcó, criticando la postura de parte de la oposición de no acompañar la delegación de facultades.

En su alocución, Carla Livelli (CPU) directamente enterró cualquier posibilidad de trabajar en conjunto para encontrar la mejor propuesta para el esquema de emergencia. Tras destacar que, a su criterio, el gobierno es ejemplo de planificación en materia de servicios públicos, envió un mensaje a la oposición: “El trabajo colaborativo se va a dar cuando el intendente envíe el pliego del llamado a licitación”.

Desde aquella decisión del Concejo de Representantes no hubo más ninguna otra información por parte del gobierno sobre cómo se materializará el esquema de emergencia.

Dura postura de la empresa: “No vamos a resignar ningún derecho que nos asista”

La UTE Autobuses Santa Fe S.R.L. – Empresa Recreo S.R.L., a cargo de la prestación del transporte urbano en Villa Carlos Paz a través de la empresa Transporte de la Villa, emitió un comunicado que responde en duros términos al municipio, tras el anuncio del intendente Daniel Gómez Gesteira de hacer caducar el contrato desde setiembre.

“Las declaraciones y actitudes del intendente nos causan absoluta sorpresa e indignación. Desde el día que asumió le venimos solicitando formalmente una audiencia para explicarle la compleja situación del sistema de transporte urbano de la Villa heredado desde la anterior gestión municipal, y nunca dispuso de un minuto para atendernos. Todo el transporte de la provincia de Córdoba, (a excepción de la ciudad capital) se encuentra paralizado desde el comienzo de la pandemia; ni la provincia ni ningún municipio ha tomado decisión tan temeraria sobre el transporte como la que anuncia Gómez Gesteira; y esta solo se entiende en un escenario donde la intención para con nuestra empresa es evidentemente la de incumplir con el contrato vigente”, sostiene el parte de prensa que se difundió el miércoles 5 de agosto.

En otro párrafo la firma advierte que, “fue necesario recurrir a la justicia para expresar el quebranto económico en el que la municipalidad de Villa Carlos Paz sepultó a la empresa, vulnerando todos y cada uno de los derechos que nos asisten. Y a tal punto es así que la provincia de Córdoba, por supuestas instrucciones municipales, retiene el pago de subsidios provinciales desde el mes pasado, que eran los pocos recursos destinados al pago de salarios”.

“Queremos que quede en claro que no vamos a resignar ningún derecho que nos asista, más aun cuando estos se vulneran intempestiva y discrecionalmente por funcionarios que asumen como propias las cuestiones públicas y han demostrado una clara decisión de perjudicar a nuestra empresa; como también queremos reafirmar nuestra voluntad de prestar el servicio para el cual participamos y ganamos una licitación pública hace 14 años”, finaliza el comunicado.

Preocupación en el gremio por el futuro de las fuentes de trabajo

Tras la declaración de la emergencia del servicio por parte del Concejo de Representantes, y la facultad que se le dio al Ejecutivo para que arbitre las medidas necesarias para poner en marcha un sistema provisorio hasta tanto se llame a una nueva licitación, lo único que se sabe es que, en teoría, los primeros días de setiembre el nuevo esquema debería estar funcionando.

Pero nada más.

En este sentido, desde AOITA (Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor), manifestaron su preocupación por el futuro de las fuentes de trabajo.

Vale recordar que 62 choferes tienen directa relación con el servicio de transporte urbano en Villa Carlos Paz, y otros 40 con los corredores del interurbano que tiene la empresa en la región. “Lo que estamos planteando es que se le dé continuidad a las fuentes de trabajo”, remarcó Abel Acevedo, delegado del gremio en la empresa Transportes de la Villa.

Sobre la decisión del municipio de dar por concluido el contrato de concesión consideró que, “era de esperar porque la empresa no estaba cumpliendo con nada”.

“Por un lado sentimos alivio y por otro preocupación por los puestos de trabajo”, insistió en diálogo con VillaNos Radio. Y planteó que, “estamos esperando respuestas de la municipalidad”.

Es importante destacar que varios de los choferes han prestado sus servicios en empresas que también quebraron como Transporte Carlos Paz y El Serra.

Al cierre de esta edición todavía no se había concretado ningún encuentro entre funcionarios municipales y los representantes del gremio. En este sentido, desde el gremio señalaron que esta es una semana clave para conocer cuál será el esquema que pondrá el funcionamiento el municipio.

El delegado advirtió, además, que los trabajadores “seguimos sin cobrar nuestros salarios y los subsidios siguen retenidos”.

Por eso, una de las urgencias es que el municipio interceda ante la provincia para destrabar la llegada de los subsidios y que ese dinero sea utilizado para pagar los salarios que se adeudan. Vale mencionar que lo último que cobraron los choferes es una suma de 10 mil pesos en junio.

Por último recordó que desde el sindicato se avanzó en la conformación de una cooperativa con intención de eventualmente hacerse cargo del servicio y que esta alternativa fue ofrecida a las autoridades de gobierno. “No sabemos cuál es la decisión que va a tomar el municipio”, resumió.

Nota correspondiente a la edición n° 556 del periódico La Jornada, del 26 de agosto de 2020.

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