La ONG ambientalista Adarsa (Amigos del Río San Antonio) expresó su profundo malestar por la respuesta que recibió del municipio respecto a un pedido de información presentado oportunamente en relación a la instalación de una estructura para antena de telefonía celular en barrio Villa Independencia.

‘El día 27 de julio de 2020, la ONG ADARSA presentó un pedido de información pública relacionada a la estructura para una antena de telefonía celular instalada en calle Las Magnolias, a escasos metros de la Escuela Bernabé Fernández, en la zona sur de la ciudad.

Vale recordar que en agosto de 2019, ante los reclamos de los vecinos, el municipio informó a la población que la obra había sido paralizada y debía desmantelarse.

Advirtiendo que la instalación sigue en pie, consultamos por el estado procesal de las actuaciones administrativas existentes, el estado del trámite de aprobación presentado extemporáneamente por la empresa GME Towers SRL y si se habían arbitrado los medios desde la Justicia de Faltas para su desmantelamiento’, relata el comunicado que se difundió a través de las redes sociales. Y precisa: ‘Hoy, 12/08/2020, procedimos a retirar la respuesta que, según se nos anticipó telefónicamente, estaba lista’.

‘No sólo no se nos brindó la información pública ambiental, consagrada con carácter de presupuesto mínimo en leyes nacionales y decretos reglamentarios; Ley Nacional 25.675 (art 16) Ley provincial de política ambiental 10.208 (arts 54 a 62) y 8803 de acceso público a las actos de gobierno, y a nivel supranacional en Tratados como el de Escazú -próximo a su aprobación por ley del Senado de la Nación- sino que la Administración, adujo insólitamente que el pedido no fue presentado conforme a la ordenanza 6161; esto es, utilizando un formulario determinado, dispuesto por la nombrada ordenanza’, denuncia Adarsa, sin poder dar crédito a la postura asumida por el gobierno que encabeza el intendente Daniel Gómez Gesteira.

Asimismo plantea que, ‘una ordenanza no puede desnaturalizar derechos constitucionales y normas de presupuesto mínimo, (lo que también ha ratificado el art 241 del nuevo CCyCN), y en este caso, exigir la presentación de un pedido de información pública ambiental con un formulario pre-impreso, obligatorio y como condición para la expedición de la información pública’.

‘Resulta una interpretación no sólo irrazonable sino también, a todas luces, inconstitucional.

Con esta respuesta, cabe concluir que la Municipalidad de Villa Carlos Paz no quiere hacer pública la información solicitada. No está de más recordar que, no casualmente, a fin de este mes de agosto vence el plazo del statu quo establecido en la ordenanza 6552 que suspende la instalación de nuevas antenas de telefonía en el ejido de la ciudad’, finaliza el escrito.

1 COMMENT

  1. Creo que a todos nos agradaría conocer un comentario de Mariana Caserio sobre este comportamiento del Ejecutivo De la MVCP .

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