A instancias del intendente Daniel Gómez Gesteira, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el jueves pasado una serie de medidas económicas dirigidas al sector.

Básicamente se definió que el vencimiento de las cuotas de las tasas a la Propiedad y Automotores previstos para agosto, pasan para marzo de 2021, y desde allí las siguientes en forma progresiva.

Si bien la ordenanza fue sancionada por unanimidad, durante el debate hubo concejales de la oposición que plantearon que no era suficiente, en la línea del petitorio que habían presentado los prestadores luego de haber realizados dos caravanas por la ciudad reclamando la emergencia turística.

El documento, entregado en mano al intendente, pedía, entre otros ítems, la exención de las tasas Automotor, Propiedad e Industria y Comercio desde marzo a diciembre.

“Agradecemos al municipio que se ocupó del tema, pero nosotros pedíamos la eximición. El punto de vista del gobierno es posponer los pagos, pero no nos alcanza”, afirmó César Wheller, vocero de los autoconvocados.

“Necesitamos que algunos ítems sean exceptuados. En Córdoba se está esperando el pico de contagios para mediados o fines de agosto, y desde allí hay que contar 60 o 70 días para la normalización. Es decir que podría llegar a ser recién a mediados de noviembre.

El turismo estudiantil se va a caer y estamos haciendo cuentas a partir del verano.

Si el municipio no revisa su postura, en 2021 vamos a arrancar con una deuda enorme por los aumentos más los 8 meses que debemos de 2020.

Es completamente inviable”, resumió el empresario hotelero en diálogo con La Jornada.

Contó que se está trabajando en conjunto con la Asociación Hotelera en la presentación de una nueva nota pidiendo que revean la situación y que modifiquen la ordenanza.

“Coincide con nosotros”, dijo sobre la conducción de Ashoga.

Por otro lado sostuvo que algunos ediles como Natalia Lenci (UCR) y Gustavo Molina (Capaz) “están al tanto de este tema y otro concejal se ha acercado para hablar de esto en la semana”.

Respecto a la posibilidad de que los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que destina el gobierno nacional para pagar parte de los sueldos de los empleados se mantenga hasta fin de año es “sumamente positivo”.

“La confirmación 100% no está, porque se tiene que determinar por una ley. Pero es una alegría enorme si llega a pasar”, dijo.

Se quejó, asimismo, que los beneficios anunciados por el gobierno provincial en relación al servicio de energía eléctrica “no se están aplicando”.

“El gobernador anunció beneficios de 30 cuotas con interés bajo para pagar las facturas de Epec, pero un montón de colegas se han presentado en las oficinas y no han obtenido nada. Según sabemos está trabajando en ese tema Avilés (presidente de la Agencia Córdoba Turismo) para ver qué pasó”, indicó.

En lo que tiene que ver con el servicio de gas natural precisó que la prestataria “sigue cobrando intereses sin ninguna quita”.

“Lo único que hemos obtenido es lo de la Coopi por el servicio de agua, que para los que estaban al día le dio una quita del 75% de la tarifa básica en mayo, junio y julio”.

Molina: “No alcanza con prórrogas”

Para el concejal Gustavo Molina (Capaz) “el corazón productivo de la ciudad, el turismo, necesita suspensión de pagos impositivos. No alcanza con prórrogas”.

“Se lo venimos pidiendo desde el 6 de mayo. Es necesario ir a un escenario de emergencia económica. En la banca lo volvimos a pedir, y por supuesto sólo obtuvimos rechazo”, señaló sobre la discusión en el recinto de las medidas que proponía el oficialismo.

En este contexto, Molina mocionó eximir del pago de la contribución que incide sobre los Inmuebles y Automotores a los sectores turísticos afectados por la pandemia “desde el inicio de la cuarentena y mientras dure la misma”, pero el oficialismo se negó.

“Es ilógico y de un facilismo propio de aquellos que no se hacen cargo de las obligaciones que requiere gobernar, pues piden a la nación Emergencia Económica Turística sin poder enfrentar desde lo local esta problemática.

Desde el 6 de mayo venimos pidiendo la declaración de la Emergencia Turística con las consabidas exenciones impositivas”, recordó Molina. Y apuntó: “La ordenanza que aprobó el Concejo es una espada de Damócles para el futuro de los empresarios del sector turístico y aquellos que no pueden desarrollar la actividad por prohibición como los jardines maternales, los gimnasios, lo boliches y las empresas de entretenimiento, entre otras”.

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