La Legislatura de Tucumán adhirió este jueves a la Ley Micaela, que determina que quienes desempeñan la función pública en los tres poderes del Estado deben capacitarse en género y violencia machista, mientras afuera del recinto organizaciones sociales se movilizaron en favor de la medida.

La provincia es la última en adherir a la norma, que existe desde 2018. Antes del debate, en el que votaron 47 legisladores -39 a favor y 8 en contra-, hubo un retraso de semanas para concretarlo y medió la presentación de un proyecto de modificación a la norma que establecería la objeción de conciencia a la capacitación por parte de legisladores opositores.

Finalmente, en la apertura del debate de este jueves la legisladora Marta Najar, presidenta de la Comisión de Protección a los Derechos de la Mujer, presentó el proyecto que tenía dictamen de mayoría.

La demora en la adhesión a la norma de Tucumán, que registra en lo que va del año nueve femicidios, fue la causa de múltiples reacciones. Anteriormente, el gobernador Juan Manzur se pronunció a favor de replicar la ley y contó con el apoyo del bloque peronista para aprobar la norma.

Los legisladores de Fuerza Republicana, espacio que lidera Ricardo Bussi, se expresaron en rechazo del dictamen, al igual que Raúl Albarracín y Walter Berarducci, ambos del Partido por la Justicia Social.

El titular de la Cámara, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, había anticipado que el dictamen de mayoría sería aprobado con un agregado, en el cual se establece que la autoridad de aplicación será el titular de cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cba24n

Imagen: La Nota Tucumán

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