La violencia e irregularidad de los controles policiales en cuarentena se repiten a lo largo y ancho de nuestro país y Villa Carlos Paz no es la excepción. Esta vez le tocó a Pablo, un trabajador de 37 años que el viernes 17 de abril fue detenido por la policía en el control ubicado sobre avenida Cárcano casi esquina Zapiola.

El joven venía desde Icho Cruz y se dirigía a Córdoba en una camioneta Amarok. Según expresó, contaba con todos los permisos de circulación porque se encontraba realizando una tarea administrativa para la empresa de reparto de cereales para la cual trabaja.

En el control policial lo detienen y el personal policial interviniente alega que el permiso de circulación impreso está vencido. Sin embargo no le dejaron exhibir la aplicación Mi Argentina en la cual el código QR se va actualizando.

Una vez detenido y esposado dentro del patrullero, el joven fue golpeado y asfixiado hasta perder el conocimiento.

“Cuando me metieron adentro del móvil esposado, me suena el celular. Estiro la mano y atiendo. Era mi novia que, por medio de vecinos de Carlos Paz que habían sacado fotos, le preguntaron si era yo el de la camioneta. Ella, desesperada, sabiendo que yo estaba volviendo hacia Córdoba, empieza a llamarme por teléfono. Atiendo y le digo que me estaban deteniendo, pero que se tranquilizara.

“No pasó más de eso la conversación que ahí fue cuando abrieron las puertas del móvil policial, de un lado y del otro. Uno de los policías me agarra del cuello, el otro me quita el celular y me tapa la boca para que no siguiera hablando. El celular se cae en el piso del móvil. Y uno de los policías me ahorca. Me empieza a apretar la tráquea de tal forma que me desmayo. Me cortó la respiración y me desmayé. Cuando vuelvo en sí, uno me tenía ahorcado y otro me seguía pegando. Y me decían: ‘Así no te van a quedar ganas de hablar por teléfono. Vos no podes hablar por teléfono. Vos estás detenido’”, relató el joven a VillaNos Radio. 

A lo irregular del procedimiento se suma que el joven llevaba dinero en efectivo en la camioneta que le fue sustraído. “Cuando pasó el control de las pertenencias, me devuelven todo -tenía el celular, un Ipad, una cadenita, la plata de la billetera-, pero no la plata que estaba en la camioneta. Eran 45 mil pesos que tenía en un sobre endosado”, detalló.

El joven estuvo seis horas detenido en la comisaria de Villa Carlos Paz. De los 45 mil pesos que llevaba en la camioneta le devolvieron 23.700, y al cierre de esta edición todavía no le habían restituido el vehículo. A eso se suma que tampoco le quisieron tomar la denuncia en la Unidad Judicial. Aun así dijo que está dispuesto a hacer la denuncia también ante el Tribunal de Conducta de la Policía.

“Nunca en mi vida viví una situación de opresión así. En un momento pensé que me mataban. Fue terrible lo que viví solo por atender el celular. Se sienten que son dueños de la calle y que pueden hacer lo que quieren”, remarcó.

Otra denuncia

Otro episodio de violencia policial  ocurrió a fines de marzo. En este caso la víctima fue un joven oriundo de Icho Cruz de 24 años (su madre pidió reserva de la identidad).

El hecho ocurrió el sábado 28 de marzo a la noche. Ese día cumplía años y pese a los pedidos de su madre, el joven salió de su casa en la moto de su hermano gemelo. En el control policial ubicado en el ingreso a San Antonio de Arredondo, el joven habría intentado evadir el control policial y se cae de la moto, resultando golpeado en la pierna.  Allí es detenido y trasladado hasta la comisaría de Villa Carlos Paz. La víctima relató que estando esposado en la comisaría recibió una golpiza de parte de varios policías de la Departamental Punilla.

El joven estuvo cinco días detenido en la comisaría de Villa Carlos Paz. Su madre pidió verlo varias veces y los primeros días no la dejaron. Recién al tercer día (y luego de que la familia se pusiera en contacto con un medio de comunicación provincial), la policía cambió de comportamiento. Mismo trato indiferente recibió en Tribunales y en las fiscalías donde acudió para pedir asesoramiento legal. La mujer llamó a varios abogados y todos pedían una suma de inicial que no bajaba de los 10 mil pesos.

Cuando el joven recuperó su libertad no le permitieron dar aviso a su familia para que lo vayan a buscar. Hasta el momento la familia no ha recibido ninguna notificación formal. Solo le dijeron que quedaba imputado de “desacato a la autoridad y violencia en la vía pública”.

“En ningún momento busqué defender a mi hijo de lo que había cometido. Pero eso no justifica el accionar de la policía. La policía no tiene derecho a pegar abusivamente como lo hicieron con mi hijo”, subrayó la mujer.

Nota correspondiente a la edición n° 552 del periódico La Jornada, del 29 de abril de 2020.

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