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A través de una nota dirigida al presidente del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Mario Cafiero, federaciones de cooperativas, cooperativas de base y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias solicitaron al organismo asistencia económica y financiera.

“Hacemos este pedido dado el momento de pandemia por la que el mundo atraviesa, y el                impacto que tiene sobre el funcionamiento de las cooperativas el aislamiento social preventivo obligatorio en vigencia dispuesto por el Presidente Alberto Fernández, el que no es exclusivo del sector al que pertenecemos sino que afecta a la sociedad toda, la que ya ha debido ser asistida con distintos mecanismos”, expresa la nota que fue firmada por más de 40 instituciones representantes del movimiento cooperativo.

“La situación de las cooperativas no escapa a las generales de la situación económica del país”, comenzó diciendo Fernanda Eguiguren, coordinadora de relaciones institucionales de la Coopi, una de las entidades firmantes.

Y añadió: “Estamos solicitando algún aporte del Estado. Entendemos que el Estado tiene que estar presente, como lo viene demostrando en las decisiones que está tomando para la contención de la pandemia. Reconocemos que también está atendiendo a la economía con las medidas que está tomando. En ese sentido decimos que el movimiento cooperativo está precisando que también se lo tenga en cuenta en estas medidas de ayuda financiera y económica por las serias dificultades que vamos a tener para seguir sosteniendo los servicios”.

Pablo Tissera, representante en Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, destacó que esta fue una iniciativa que surgió de las cooperativas de base.

“El planteo concreto tiene que ver con cómo hacemos las cooperativas donde, por decreto de necesidad y urgencia se define que debemos seguir brindando los servicios, y a la vez no podremos cobrar por los servicios que brindamos. ¿Con que les pagamos a las y los trabajadores y a los proveedores? A raíz de eso se planteó la necesidad de contar con financiamiento”, expresó.

La nota sugiere, entre otras medidas, que las mismas disposiciones que se plantearon para las pequeñas y medianas empresas, también se tenga en cuenta para las cooperativas prestadoras de servicios públicos. Vale recordar que el gobierno nacional creó un fondo específico de 30.000 millones de pesos para otorgar garantías específicas a las pymes que vayan a endeudarse para poder pagar salarios.

“Hemos planteado diferentes propuestas para ese financiamiento, ya sea a través de subsidios o de manera crediticia con tasas subsidiadas para poder hacer frente a los pagos respectivos y poder mantener los servicios que brindamos”, destacó Tissera.

Entre las sugerencias aparece también la reducción al mínimo posible o suspensión total de las contribuciones patronales mientras dure la emergencia sanitaria y el congelamiento             tarifario, la puesta en marcha del REPRO (Programa de Recuperación Productiva) y la suspensión de los vencimientos las facturas por compra de energía (CAMMESA y distribuidoras provinciales u otro proveedor).

“La crisis nos afecta a todos pero a las cooperativas más aún porque somos parte del sector de la economía social y solidaria, que siempre estamos al lado de nuestros vecinos asociados-usuarios más afectados y necesitamos del estado para seguir estando. Por ello va nuestro pedido de asistencia económica-financiera”, concluye  la nota.

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