El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) presentó un proyecto de resolución con el objeto de verificar el estado del programa para la capacitación obligatoria en Género que resulta de la adhesión a la ley nacional N°27.499 denominada Ley Micaela, que hiciera el Municipio mediante ordenanza N°6524 de junio del 2019, y que determina la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado.

“Este pedido surge como inquietud a partir de reuniones, que desde nuestro espacio junto a la legisladora Mariana Caserio tenemos habitualmente con las diferentes organizaciones. Hace unos días estuvimos con las integrantes de la asociación EmpodeAr (Fernanda Moyano, Florencia Santillán, Eliana Rivero y Vanesa Garófalo), creada para profundizar en la sociedad el abordaje de las temáticas de violencia e igualdad de género, y conversamos acerca de la importancia de la Ley Micaela, y como se estaba aplicando en nuestra ciudad”, expresó Quaranta.

En el proyecto se solicita al Departamento Ejecutivo que en un plazo de 15 días informe si el Programa de Capacitación ha sido desarrollado y está autorizado; la modalidad en que dicha capacitación obligatoria será llevada a cabo, el cronograma de ejecución previsto, el plazo en que se estima el Municipio culminará con la capacitación de todos los funcionarios y agentes obligados por la ley. También pide que se evalúe la ampliación del programa de capacitación a distintos organismos, concesionarias, entidades, asociaciones civiles, clubes, centros vecinales y toda otra organización de la sociedad de Carlos Paz.

“Ampliar este programa a otros organismos y actores sociales de la ciudad, permitirá una mayor efectividad en la concientización y prevención de la discriminación y violencia de género contra las mujeres”, destacó el concejal. Y advirtió que, “la desigualdad y la violencia de género es un flagelo social y cultural que nos engloba a todos, y por supuesto que nuestra ciudad no es ajena, y el abordaje debe realizarse de manera transversal en toda la sociedad, pero es el estado que tiene la obligatoriedad de delinear, proyectar, ejecutar y hacer cumplir las normativas y proponer las herramientas de prevención de dicha problemática como políticas prioritarias y sin dilaciones en el tiempo”.

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