El Gobierno nacional suspendió provisoriamente la aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Así lo dispuso a través de Resolución 30/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se publicó este lunes en el Boletín oficial.

La medida suspende los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento presentadas a la fecha, hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente”.

Dicho Régimen había sido creado en mayo del pasado año mediante la ley 27506, aprobada por unanimidad en el Senado luego de varios meses de gestiones. La misma tiene como objetivo “promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos”.

Dicha norma establece una serie de exenciones y beneficios en materia impositiva para los adherentes. Entre ellos, la aplicación de una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias y la posibilidad de deducción del crédito por impuestos análogos pagados en el exterior.

Además, exclusiones de retenciones y percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y deducciones -sin limitaciones- en las contribuciones patronales. Además, la posibilidad de generar un bono de crédito fiscal por las contribuciones que les hubieran correspondido pagar.

También asegura a las beneficiarias estabilidad fiscal en tributos nacionales respecto de la actividad promovida, incluyendo los derechos o aranceles a la importación y exportación, no contemplados en la normativa anterior.

Software

Originalmente la ley 27506 fue concebida para reemplazar al régimen de promoción de la industria del software, promulgado en 2004 y cuya caducidad se cumplió, como previsto, el pasado 31 de diciembre de 2019.

Pese a la importancia estratégica del sector, el tercero en materia de exportaciones, la aprobación de la nueva norma requirió complejas negociaciones. De ellas terminaron tomando parte grandes compañías hasta entonces no incluidas pero con llegada al gobierno de Cambiemos. 

Finalmente, la nueva normativa fue aprobada el 22 de mayo, por unanimidad, en el Senado de la Nación. 

Mantuvo el espíritu de incentivo para actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información, “teniendo como objetivo central el desarrollo de sectores con enorme potencial a futuro que requieren capital humano altamente calificado”.

Sin embargo, además de los fabricantes de software, en la nueva legislación se incluyeron aquellas empresas relacionadas a los servicios informáticos y digitales; producción y posproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, bioinformática y neurotecnología; servicios geológicos y de prospección, servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, industria aeroespacial y satelital y servicios profesionales, en la medida que sean de exportación, entre otras.

Asimismo, se incorporaron actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, agropecuarias y médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.

La aprobación de la nueva norma generó optimismo en el sector tecnológico, cuyas proyecciones hablan de exportaciones por 15 mil millones de dólares en un corto plazo, el doble de las estimaciones para el 2019.

Además, la incorporación de miles de puestos de trabajo hasta alcanzar los 215 mil.

Según las misas estimaciones, unas 11 mil firmas podrían adherir a la ley.

Grandes

Pese a la aprobación por unanimidad, la adhesión de nuevos actores al régimen de promoción había despertado críticas desde la oposición.

Muchas de ellas se corresponden con los argumentos brindados, de manera extraoficial, desde el gobierno nacional.

En particular se señala la presencia de empresas vinculadas a la exportación de servicios profesionales y compañías que sólo aplicaban tecnología para la mejora de procesos internos.

Además, se observa que la nueva ley no brindaba precisiones respecto de los sectores que podrían reclamar su adhesión, como tampoco presentaba escalas para la aplicación de los beneficios fiscales. En otras palabras, no se establecen diferencias según el tamaño y la facturación de las empresas.

Por otra parte se señala que se ha subestimado el impacto del costo fiscal de las exenciones. Aunque desde el macrismo la estimaron en 8 mil millones de pesos, desde el kirchnerismo aseguran que el monto total será muy superior, considerando además el incumplimiento de las metas en que incurrió sistemáticamente la anterior gestión.

“Estamos en crisis. Una muy grave crisis. Necesitamos el aporte de los que más tienen. Pero esta ley no es equitativa. Se revisará cada caso”, dijeron fuentes confiables a cba24n.

Las mismas voces intentaron llevar tranquilidad al sector del software, que transitoriamente ha quedado fuera de dicho régimen.

“Estamos a favor de la ley. Pero queremos respetar el espíritu originario: promoción para pymes. Esa escala es la que falta. Pero para el software seguirá el trato especial”, añadieron.

Las mismas fuentes ratificaron que el Gobierno tiene dos caminos por delante: una nueva reglamentación que atienda aquellas observaciones o una nueva ley, que demandaría no menos de un mes de tratamiento.

Desde Córdoba

Desde el Córdoba Technology Cluster manifestaron preocupación, aunque admitieron que la noticia no sorprendió: desde el propio Ministerio de Producción habían anticipado que no estaban conformes con varios puntos de la ley 27506 por lo que habrían de modificar su reglamentación

“El Gobierno está dialogando con los sectores involucrados en la ley. Sabíamos que algo de esto iba a pasar. Nuestra expectativa ahora es que se resuelva rápidamente, mediante una nueva reglamentación o una nueva ley”, indicó a Canal 10 Pablo Gigy, secretario de la entidad.

“La situación hoy es que está suspendido el régimen. Al derogar el decreto reglamentario, no se puede instrumentar la ley. No tenemos cómo inscribirnos al régimen, no tenemos forma de acceder a los beneficios. Lo que más preocupa es a corto plazo, porque esto impacta directamente en el pago de contribuciones patronales a fin de mes o de la liquidación de impuesto a las Ganancias”, amplió Gigy.

Cba24n

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