Por Alejandro Gómez

El primer presupuesto elaborado por el intendente Daniel Gómez Gesteira ronda los tres mil millones de pesos. Más precisamente 2.971.727.424 pesos.

El proyecto ingresó a fines de octubre al Concejo de Representantes, tomó estado legislativo y pasó a la comisión de Economía y Finanzas.

El monto total del presupuesto 2020 representa un aumento respecto al aprobado inicialmente para 2019 (1.707.745.042 pesos) de alrededor del 70%.

Se desconoce, al cierre de esta edición, el incremento que se aplicará para las tasas municipales ya que el gobierno demora, en una actitud claramente especulativa, el envío del proyecto de Tarifaria.

La propuesta de Presupuesto deja muchísimos aspectos para analizar. Por caso, el plan de obras previsto implica una inversión de 403 millones de pesos, repitiendo proyectos prometidos y no ejecutados en períodos anteriores.

Pero este año, y quizá motivado por la situación de crisis económica generalizada que atraviesa nuestro país y Villa Carlos Paz en particular, el tema que generó un verdadero escándalo es el de los sueldos de los funcionarios de la planta política municipal.

Es que, junto con el proyecto de presupuesto 2020 que el intendente Daniel Gómez Gesteira elevó al Concejo de Representantes para su tratamiento y aprobación, se conoció la nueva escala salarial que regirá desde enero.

De acuerdo a la propuesta, el mandatario municipal percibirá un sueldo ‘básico’ (sin descontar aportes previsionales) de poco más de un cuarto de millón de pesos (250.132,95).

La misma cifra se aplica al defensor del Pueblo, Daniel Mowszet.

Cada secretario del gabinete (hay seis) le costará al municipio 187.599,79 pesos por mes; mientras que los concejales y tribunos de Cuentas tendrán un básico de 200.106,10 pesos.

La difusión de estas cifras provocó una fuerte reacción de los vecinos. Las redes sociales actuaron como caja de resonancia donde quedó explicitado el malestar por los ‘sueldos de privilegio’ que cobra la planta política carlospacense, una de las mejores pagas de la provincia de Córdoba y el país.

La cuestión derivó en dos manifestaciones autoconvocadas ante el cuerpo legislativo (ver página 4) y ahora la expectativa se trasladó al momento de la audiencia pública que se deberá convocar tras la aprobación en primera lectura.

Más de $10M por mes, el costo de ‘mantenimiento’ de la planta política

Para dimensionar el impacto de los sueldos en la economía municipal es menester repasar algunos números que surgen de la propuesta oficial.

Las autoridades superiores del municipio de Villa Carlos Paz son 51 (intendente, secretarios, Asesor Letrado, Juez de Faltas, subsecretario, sub Asesor Letrado, Procurador del Tesoro, directores, subdirectores, concejales, secretario legislativo, pro secretario legislativo, Auditor de Gestión, Tribunos de Cuentas, Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto). En conjunto, por mes cobrarán $ 8.967.267 (Ejecutivo: $ 5.115.223; Concejo: $ 2.801.487; Tribunal de Cuentas: $ 600.318; Defensoría del Pueblo: $  450.239).

En tanto el personal de gabinete (22 coordinadores y subcoordinadores), percibirá $ 1.782.147 por mes.

Es decir que, en total, mantener la planta política del municipio le costará a los carlospacenses, desde enero, $ 10.749.414 por mes. O sea, $ 128.992.973 por año.

Veamos ahora lo que reciben los empleados de planta permanente. En total, los 349 trabajadores que revisten tal condición, cobrarán $ 9.940.339 por mes ($ 119.284.069 por año).

En este punto resulta interesante comparar los montos que perciben los funcionarios de la planta política con los empleados de planta.

En promedio, las autoridades superiores cobrarán, durante 2020, $ 2.109.945, cada una.

Cada empleado de planta permanente, en el mismo período, recibirá $ 341.788.

Opiniones

Para conocer sus posiciones respecto al espinoso tema, La Jornada realizó una ronda de consultas por los espacios políticos con representación legislativa. En este sentido, pudimos hablar con los cinco concejales de la oposición. Del oficialismo la negativa a conceder una entrevista fue categórica, por lo que su postura surge de los comunicados difundidos tanto por CPU como por el municipio.

Para el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), “hay muchas cuestiones importantes que analizar, debatir y replantear en el presupuesto presentado por el Ejecutivo para 2020”.

Hizo hincapié en que es necesario “revisar profundamente la Tarifaria porque allí es donde el Ejecutivo determina cuánto va a tener que pagar cada vecino por las tasas municipales”. Y atribuyó a “una clara maniobra especulativa” del oficialismo la demora en enviar el proyecto.

En cuanto a los sueldos de la planta política consideró que, “el malestar que se ha generado en diversos sectores de la sociedad debe ser escuchado y analizado en el seno del Concejo”.

“Si bien la escala salarial es producto de una ordenanza que está vigente hace muchos años, se podría abrir el diálogo y pensar una alternativa en este momento de crisis económica y social que se vive para que la política no siga alejándose de la gente”, afirmó.

“A través del diálogo y respetando los distintos pensamientos, podemos trabajar en una propuesta superadora que entendemos solo será posible si existe voluntad del oficialismo”, indicó.

Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico), sostuvo que el tema “está para debatirse” para definir si hay que mantener el criterio vigente o cambiarlo.

“Lo que viene sucediendo con las protestas de la ciudadanía es un signo de los tiempos y debe ser leído por la dirigencia”, afirmó.

Advirtió que en el proyecto de presupuesto 2020 “el 37% se destinará a pago de personal, y si a esto se suma algo muy difuso y difícil de controlar como son los servicios no personales, el porcentaje llega al 76%”.

“Este presupuesto paga el aparato político de Avilés. Por eso le pido a Gómez Gesteira que se ponga a gobernar y deje de apagar los incendios de Avilés”, disparó.

Para Natalia Lenci (Capaz-UCR), la polémica por los sueldos “no me sorprende, más aun en el contexto social y económico que estamos viviendo”.

“Lo que noto es que falta información sobre este tema. Y es necesario un debate más serio y no tan agresivo como el que se está dando”, dijo a VillaNos Radio.

De todos modos planteó que cuando el proyecto sea discutido en comisión, “vamos a debatir fuertemente” la escala salarial que regirá desde enero.

“Hay que revisar todo, escuchar las diferentes posiciones, ver la realidad y llegar a un acuerdo”, aseguró.

Desde Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lassaga manifestó su “profundo desacuerdo con los salarios que se pretenden instalar para el año próximo y también con los actuales”.

“La razón es simple: cobrar montos desmesurados en cargos públicos constituye un privilegio. Para peor, los privilegios no sólo desentonan con la realidad de la población, sino que ella también los paga de su bolsillo”, expresó. Y apuntó que por esta razón, “la primera acción que realicé al asumir como concejal fue presentar un proyecto de ordenanza para reducir los ingresos de los ediles. Daniel Ribetti acompañó con su firma. Luego de ingresar al Concejo a fines de agosto, el proyecto fue derivado a comisión y aún sigue esperando tratamiento”.

Criticó luego el accionar del gobierno de CPU: “Podríamos decir que la gestión es pobre por donde se la mire y que lo único comunitario viene siendo socializar costos. ¿Qué costos? Los de un proyecto político más enfocado en su subsistencia que en las necesidades y el futuro de Carlos Paz”.

Daniel Ribetti, concejal de Carlos Paz Despierta, consideró que hablar de un aumento para los funcionarios públicos es “un desatino, una falta absoluta de empatía y una actitud obscena”.

El edil precisó que, por una decisión tomada al momento de asumir, solo se queda con un tercio del sueldo que le correspondería. El resto se utiliza para solventar distintos programas, como por ejemplo el denominado Barrios Productivos.

Recordó, asimismo, que en la campaña electoral desde el espacio propusieron, si ganaban, “limitar los sueldos de los funcionarios del poder ejecutivo”.

“Pero no ganamos la intendencia, conseguimos dignamente una banca en el Concejo de representantes”, afirmó. Y adelantó que, desde ese lugar, “aportaremos como propuesta un criterio de austeridad en lo que hace a las partidas presupuestarias del salario de los funcionarios, les ofreceremos poner un límite máximo a los sueldos, les ofreceremos la posibilidad de pensarnos coherentemente en este contexto de crisis, de dar señales concretas a la sociedad de que la motivación que nos sentó en esas bancas es la vocación de servicio y no el sueldazo. Ese es el estilo Carlos Paz Despierta”.

Como respuesta al escándalo por los sueldos, la coalición gobernante, Carlos Paz Unido, emitió un comunicado donde atribuyó todo el revuelo a “operaciones de prensa, demagógicas y distorsionadas que confunden al vecino”.

Tras acusar que, “concejales de la oposición cobran más que el intendente”, aclararon que desde que asumió el gobierno Carlos Paz Unido, “garantizamos el orden económico y jurídico y la transparencia de gestión”.

“Nuestras acciones se adecuan a ordenanzas reglamentarias y toda la información vinculada a los sueldos está disponible todo el año en el portal web municipal”, añade el texto.

Más allá de la chicana, CPU no planteó ni un solo argumento que aporte a la discusión.

Con más o menos dudas, este discurso fue replicado tanto por el secretario de Gobierno y Coordinación, Darío Zeino, como por la presidenta del Concejo de Representantes, Soledad Zacarías, en las entrevista que ofrecieron a algunos medios.

El gobierno, en tanto, difundió una gacetilla oficial que debe ser entendida como la opinión del intendente Gómez Gesteira. Allí se aclara que, en realidad, no hay aumento. Y esto es cierto. Los sueldos actuales ya se calculan (casi) en base a las cifras difundidas. La diferencia es del 5%.

El sueldo ‘bruto’ desde enero (si se aprueba el proyecto tal como está) para el intendente será de 250 mil pesos, cuando en  octubre fue de 238.221 pesos. Un concejal, en tanto, desde enero cobrará un ‘básico’ de 200.106 pesos, contra los 190.577 de octubre.

De este modo, y teniendo en cuenta que lo que se cuestiona mayormente es el costo de ‘mantenimiento’ de la planta política, la aclaración no tranquiliza demasiado.

El documento vuelve sobre el concepto de ‘operación política’ que había denunciado CPU; aunque en este caso se habla de sectores ‘malintencionados’ que han ‘confundido a la opinión pública’.

Luego se recuerda que en el caso de la planta política el primer tramo (de los tres) de cada aumento acordado con los trabajadores municipales es ‘suspendido’ (lo cobran en enero siguiente), y se invita a los vecinos a informarse.

Veremos si, más allá de los tibios argumentos, la clase política de Villa Carlos Paz está dispuesta a escuchar el reclamo de la ciudadanía y dejar de lado su lugar de cómodo privilegio.

Los vecinos protestaron contra los ‘sueldos de privilegio’ de los funcionarios municipales

La difusión de la escala que determina los sueldos que cobran los funcionarios de la municipalidad de Villa Carlos Paz provocó una airada reacción de los vecinos.

Es que, si se aprueba tal como fue enviado el proyecto de presupuesto del intendente Daniel Gómez Gesteira, la tabla fija el salario ‘básico’ del mandatario en 250 mil pesos, y de los concejales en 200 mil. Por poner solo dos ejemplos.

La bronca por los ‘sueldos de privilegio’ se manifestó primero en las redes sociales, y luego se tradujo en dos movilizaciones autoconvocadas frente al Concejo de Representantes.

La primera tuvo lugar el jueves 7 de noviembre. Cerca de un centenar de vecinos (entre los asistentes estaban los excandidatos a intendente Emilio Iosa y Rodrigo Serna) intentaron hablar con los ediles, pero esto fue impedido en primera instancia por personal de Seguridad VCP y luego por la policía.

A todo esto, en la planta alta la sesión ordinaria se inició normalmente, lo que provocó aún más malestar.

El clima se fue caldeando y se resolvió cortar uno de los ingresos de los colectivos a la Terminal, medida que se mantuvo por una hora aproximadamente.

El único concejal que bajó a hablar con los vecinos fue Jorge Lassaga (CPST), quien recordó que el tema de los sueldos fue abordado por el espacio durante la campaña y que, consecuente con esa posición, su primer proyecto tenía que ver con una reducción de las dietas de los ediles.

Además, planteó a los vecinos que la oportunidad de hacerse escuchar será en la audiencia pública que debe ser convocada entre la primera y segunda lectura del tratamiento del presupuesto 2020.

La segunda intervención se concretó el jueves siguiente (14 de noviembre). Al enojo por los sueldos se sumó el repudio al ‘escrache’ que, con el objetivo de intimidar, implementó Carlos Paz Unido (ver aparte).

El grupo, aunque mucho más reducido que el de la primera ocasión, apeló al humor y la ironía para exponer el intento de amedrentamiento por parte del oficialismo, plasmado en un ‘collage’ de fotos que una funcionaria difundió señalando a los vecinos que se quejan.

Así, concurrieron ‘producidos’ con disfraces y hasta máscaras.

Efectivos de la policía y de Seguridad VCP, una vez más, impidieron el acceso a la planta alta de la Terminal donde funciona la sala de sesiones del cuerpo legislativo, con el ya ‘tradicional’ argumento de que la capacidad estaba colmada. Solo dos vecinas pudieron ingresar.

“Soy parte de este collage que han hecho individualizando algunos de los vecinos, y vine a manifestar mi desagrado por esta acción que busca amedrentarnos”, dijo Roxana Corradi.

María Ángela Mancuello, en tanto, se refirió a las ‘caracterizaciones’ de los manifestantes. “Estamos compartiendo el ambiente del circo que se está gestando en esta última gran gestión avilesista. Gómez Gesteira sigue el mismo perfil y no atiende a nadie”, sostuvo.

Respecto de los sueldos de la planta política, la vecina planteó su preocupación porque lo que ya están ganando, sin hablar de un aumento, es demasiado importante”.

“Que el intendente gane de bolsillo 140 mil pesos por mes es una estafa al pueblo, sobre todo en una situación de crisis con más de 11 merenderos funcionando, un refugio Cura Brochero excedido en su capacidad, no hay vacantes en las escuelas, hay mil problemas y la gente tampoco logra pagar sus impuestos”, repasó.

En cuanto a la menor convocatoria, Corradi reconoció que, “hubo operaciones cruzadas a través de las redes”, y también la vinculó con el ‘escrache’ que sufrieron.

“La gente tiene miedo. Estamos rememorando situaciones complicadas que atravesó este país”, añadió Mancuello.

Desde el gobierno descalifican la protesta y sostienen que el momento de expresar las opiniones será en la audiencia pública.

“Lo que no dicen es que han vaciado las audiencias públicas de contenido. La gente ya no concurre porque no es escuchada”, sentenció Juan Carlos Paesani.

Tras la sesión, Corradi y Mancuello llevaron esta preocupación ante los concejales, que escucharon en silencio.

La Gestión Comunitaria ‘coquetea’ con prácticas de la exSide para amedrentar a vecinos que protestan

Los rasgos autoritarios que exhibía la Gestión Comunitaria durante los dos períodos de gobierno de Esteban Avilés (sobre todo en la segunda etapa) no sólo no disminuyeron si no que se profundizaron a partir de la asunción de Daniel Gómez Gesteira como intendente.

En menos de tres meses recortó mecanismos de participación ciudadana y de control, eliminando las audiencias públicas y la mayoría agravada para aprobar licitaciones de obras públicas y ceder espacio público, por ejemplo.

Una furiosa ‘reinterpretación’ de la Carta Orgánica echó por tierra lo que se venía haciendo en el Concejo de Representantes desde 2008.

Pero ahora, a partir del escándalo por los suculentos salarios que cobra la planta política del municipio, desbloqueó un nuevo nivel de autoritarismo.

En este caso, coqueteando con las repudiables prácticas de la exSide (Secretaría de Inteligencia del Estado) en lo relativo a fotografiar, identificar y exponer a los vecinos que protestan. El objetivo: amedrentar e impedir que las protestas crezcan.

En mayor o menor medida, la Gestión Comunitaria ve, en cada protesta ciudadana, una operación política ideada por alguien que los quiere perjudicar, subestimando de manera notable el pensamiento crítico de los vecinos y la autonomía para movilizarse.

Otro dato, y no menor, es que en esta tercera etapa de gobierno, Carlos Paz Unido sigue pensando que su opinión es la única que vale.

En los últimos comicios la lista de CPU se impuso con el 36% de los sufragios. Otra lectura posible es que el 64% de los que fueron a votar lo hizo por otras opciones. Es decir, esos ciudadanos no querían que siguieran gobernando.

Pero ese reparto de poder no se ve reflejado en el gobierno, que se conformó con criterio de pensamiento único, más allá de los edulcorados discursos y slogans que hablan de pluralidad y respeto.

Un informe elaborado por La Jornada (ver aquí) da cuenta del ‘ninguneo’ exasperante hacia los proyectos que presenta la oposición en el cuerpo legislativo. No entienden que la mayoría que tienen es a partir de la famosa ‘cláusula de gobernabilidad’ que figura en la constitución provincial, y no tiene basamento en los votos. Pero esto no les impide avanzar.

“Las tengo identificadas”, espetó el entonces intendente Avilés a vecinas de Villa del Lago que se ‘atrevieron’ a manifestarse públicamente para visibilizar el problema del agua en Villa del Lago. Corría junio de 2017.

En noviembre de 2019, la ‘identificación’ de los ‘revoltosos’ dio otro paso.

El jueves 7 de noviembre, un grupo de vecinos autoconvocados se dieron cita en el Concejo de Representantes para quejarse por los altos sueldos que cobran los funcionarios de la planta política del municipio.

La difusión por parte de algunos medios de la escala salarial que comenzará a regir desde enero si se aprueba el proyecto de Presupuesto 2020 enviado por Gómez Gesteira, cayó como una bomba en medio de la crisis económica que atraviesa el país en general, y Carlos Paz en particular.

Los 250 mil pesos de ‘básico’ por mes del intendente, los 250 mil pesos de ‘básico’ por mes del defensor del Pueblo, los 200 mil pesos de ‘básico’ por mes de un concejal, por ejemplo, generaron en primera instancia bronca y malestar que luego se tradujo en la movilización para pedir que se acaben los ‘sueldos de privilegio’.

La reacción del oficialismo fue atacar a los vecinos. Las tibias explicaciones ofrecidas están lejos de responder a los cuestionamientos y, como estrategia, una vez más se eligió confrontar.

Llamó la atención que quien tomara la decisión de asumir la defensa pública, desde CPU, haya sido Marina Mossé, directora de Compras del municipio.

La actual pareja de Avilés tomó el comunicado oficial del municipio sobre el tema y lo hizo partidario, agregándole una serie de elucubraciones conspiranoicas que no resisten demasiado análisis.

La postura tomó forma y se hizo pública en el Facebook personal de la funcionaria, y al otro día llegó a los medios (a un medio, para ser preciso) en formato solicitada, ya como parte del relato oficial.

Hasta ahí, nada que la política no nos tenga acostumbrados.

Desligar responsabilidades, echarle la culpa a otros… ellos son malos, nosotros somos buenos… Lo de siempre.

Pero esta vez, el escrito fue acompañado por un collage de fotos de la protesta, donde quedaban claramente identificados varios de los participantes, entre ellos algunos conocidos dirigentes. Muy del estilo de las tácticas usadas por la cuestionadísima exagencia nacional de espionaje.

La imagen comenzó a replicarse en las redes sociales a la velocidad de la luz, impulsada por el oficialismo con el objetivo de restarle legitimidad a la protesta.

Una acción repudiable desde todo punto de vista.

Nota correspondiente a la edición n° 547 del periódico La Jornada, del 27 de noviembre de 2019.

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