El tercer gobierno de la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’ mantiene la ‘tradición’ de, por un lado, destacar la necesidad de tener diálogo con todos los sectores, de buscar consenso y trabajar en conjunto y, por otro, hacer todo lo contrario.

El doble estándar que muestra las diferencias entre discurso y realidad se plasma no solo en las gestiones que lleva adelante el departamento ejecutivo, ahora con el intendente Daniel Gómez Gesteira a la cabeza, antes con Esteban Avilés, sino también en el Concejo de Representantes.

Particularmente en ese ámbito, donde están integrados representantes de los sectores políticos que lograron respaldo suficiente en las urnas, la cuestión queda evidenciada sin margen para dudas.

Antes de seguir bien vale recordar que, en los últimos comicios municipales, CPU se impuso claramente, aunque consiguió sólo el 36% de los votos. Lejos de tener el apoyo mayoritario logrado en 2015.

Parecía que este escenario haría deponer al oficialismo su avasallante estrategia de imponer ‘el número’ (tiene 7 bancas de 12 por la cláusula de gobernabilidad) y ningunear sistemáticamente a la oposición, pero en la práctica esto se ha exacerbado.

De hecho, en esta nueva etapa se está ‘reinterpretando’ la Carta Orgánica con el objetivo de avanzar en el recorte de la participación ciudadana y los controles de la minoría. Las ordenanzas que eliminaron las audiencias para escuchar a los vecinos y la mayoría agravada para aprobar licitaciones de obras públicas y la cesión del espacio público dan cuenta de ello.

La escasa, por no decir nula, atención que el oficialismo le presta a la oposición queda reflejada en el trabajo del Concejo de Representantes.

En lo que va del actual período legislativo (13 sesiones desde agosto hasta la del 21 de noviembre) se presentaron, en total, 154 proyectos. De esos, 77 fueron impulsados por alguno de los cinco ediles de la oposición.

Sólo doce fueron aprobados: once corresponden a declaración de interés de algún evento y beneplácitos varios; y un pedido informes relacionado a las antenas de telefonía (el oficialismo impuso ampliar el plazo para responder de 15 a 45 días).

Dos propuestas, en tanto, fueron rechazadas. Una del concejal Carlos Quaranta (CPI) para resolver la situación de Carlos Paz Gas, y otra de Jorge Lassaga (CPST) para realizar un relevamiento del arbolado público.

También podríamos anotar en esta lista la propuesta de Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico) por la sindicatura de Carlos Paz Gas, aunque formalmente el proyecto fue presentado por CPU.

La enorme mayoría de las iniciativas firmadas por la oposición, 63, fueron pasadas a comisión.

Casi la mitad son proyectos de ordenanzas que abordan temáticas como turismo, ambiente, deportes, tercera edad, emergencia alimentaria, difusión sesiones y audiencias públicas, Comunidad Regional Punilla, cannabis medicinal, transporte urbano, etc.

Uno podría decir que es el paso lógico antes de su tratamiento. Y sí, debería serlo. Pero en la actual concepción del poder que tiene CPU el pase a comisión significa que, lisa y llanamente, los proyectos son freezados hasta nuevo aviso.

Es que, vale acotar, los presidentes de las comisiones (todos del oficialismo) tienen la potestad exclusiva de decidir qué proyectos consideran que son importantes como para discutirse. Hasta ahora, ninguna de las propuestas de la oposición logró abrirse paso en las comisiones.

De hecho, solo hubo dos despachos opositores que se llevaron al pleno legislativo ‘por la minoría’ (sin acuerdo en la comisión). Uno fue rechazado (el ya aludido relevamiento del arbolado), y el otro (creación de la Oficina de Asesoría Técnica de la Tercera Edad que presentó Quaranta) fue devuelto a comisión con los votos del oficialismo.

A esta altura queda claro que a Carlos Paz Unido, en su afán de invisibilizar a la oposición, le importa bastante poco cumplir con la Carta Orgánica.

Es que el artículo 131 dispone taxativamente que los proyectos de ordenanza que ingresen al Concejo de Representantes “deben ser aprobados o rechazados en el término de cuarenta y cinco días hábiles administrativos, cuando provengan del Departamento Ejecutivo, del propio Cuerpo o del Tribunal de Cuentas y de noventa días hábiles administrativos cuando tengan otro origen. Por mayoría absoluta y por razones fundadas, el Concejo de Representantes puede decidir prorrogar estos plazos”.

El oficialismo de Villa Carlos Paz viene incumpliendo constantemente esta disposición.

Los gobiernos de Esteban Avilés se caracterizaron por desconocer esta obligación de tratamiento de los proyectos que se presentan ante al Concejo de Representantes, y el intendente Daniel Gómez Gesteira no se queda atrás.

Como quedó expuesto en este informe, mayoritariamente las propuestas impulsadas por la oposición son derivadas a las diferentes comisiones donde ‘duermen el sueño de los justos’ indefinidamente.

Dispuesto a darle un corte a esta vulneración Carlos Paz Despierta analiza ir a la justicia. “No vamos a consentir esta flagrante vulneración a la democracia”, afirmó el edil Daniel Ribetti. Emilio Iosa, en tanto, advirtió que el oficialismo “tiene una lectura tiránica del gobierno” (ver aparte).

Férreo blindaje

Otro de los aspectos centrales del discurso oficialismo tiene que ver con la transparencia y la información pública.

La oposición, en su conjunto, presentó hasta el momento 11 pedidos de informes (algunos desde el 29 de agosto) sobre temas tan variados –e importantes- como carteles publicitarios, pauta Cadena 3, informe económico finalización de mandato, atención médica hospital, muestreo cianobacterias, accesibilidad comercios e instituciones, remoción de barros y evolución de los objetivos para cada programa del presupuesto.

A pesar de la evidente urgencia para conocer información en algunos de estos ítems, la respuesta del oficialismo ha sido establecer un férreo blindaje al intendente.

El único pedido de informes que se aprobó se dio ante la presión de los vecinos por las antenas de telefonía pero, aun en este caso, el bloque de CPU impuso su mayoría para ampliar el plazo de contestación.

Carlos Paz Despierta analiza ir a la justicia

Ante la negativa del oficialismo a tratar proyectos impulsados desde el espacio, y agotadas las instancias de reclamo administrativo, Carlos Paz Despierta analiza llevar el tema a la justicia.

“No vamos a consentir esta flagrante vulneración a la democracia”, afirmó el edil Daniel Ribetti.

El primer proyecto de CPD ‘víctima’ del autoritarismo oficialista es el que aspira a que Villa Carlos Paz Adhiera a la agenda 2030 de Naciones Unidas.

La iniciativa tomó estado legislativo el pasado 22 de agosto y fue enviado a la comisión de Interpretación y Reglamento por los concejales del bloque de Carlos Paz Unido.

Pero el tiempo pasó y nunca fue tratado.

“La adhesión a la Agenda 2030 no es un capricho de campaña ni un esnobismo político. El mundo está luchando a contrarreloj para aminorar los efectos el cambio climático y la Agenda 2030 es una hoja de ruta con metas y objetivos mensurables. Pareciera que el gobierno no entendió que cuando se niega a tratar esta adhesión, se está negando a elegir lo que va a ser inevitable: que el desarrollo será sostenible o no será en absoluto”, expresó el referente del espacio, Emilio Iosa.

Ribetti, por su parte, precisó que, “fue el primer proyecto de ordenanza que presentamos ya que es la base estructural de nuestra propuesta partidaria: un municipio sostenible. Pero los concejales del gobierno de Villa Carlos Paz decidieron enviarlo a Comisión y se niegan a tratarlo. Ya se vencieron los plazos establecidos en el reglamento interno del Concejo y estamos analizando presentar una demanda ante la justicia”.

“Propusimos una ordenanza de adhesión que está siendo aprobada por miles de municipios en todo el mundo y sólo pretendemos que el gobierno de Villa Carlos Paz se pronuncie diciendo sí o no. El limbo político no será jamás el lugar para las propuestas de Carlos Paz Despierta”, finalizó.

“El oficialismo tiene una lectura tiránica del gobierno”

En diálogo con VillaNos Radio, Iosa insistió con que la decisión de CPU de no tratar las propuestas de la oposición “empobrece la democracia”.

“Nosotros pensamos de otro modo y hemos logrado representación legislativa. Tenemos derecho a presentar ideas, que sean escuchadas, debatidas y tratadas. Es una vulneración de la democracia no respetar lo que dice la Carta Orgánica y el Reglamento Interno del Concejo”, afirmó.

“Presentamos notas para que el proyecto sea tratado en comisión y no tuvimos respuesta.

No hay otra vía institucional y nos empezamos a asesorar desde lo jurídico.

Si rompen la institucionalidad tenemos que apelar a que el Poder Judicial vuelva a encaminarla”, argumentó.

Para Iosa, la negativa a tratar las propuestas de la oposición “es mucho más grave que ningunear. Buscan invisibilizar a la mayoría de la sociedad que no los votó”.

“Tienen una lectura sumamente equivocada del gobierno. Tiránica”, subrayó.

Asimismo planteó que en Carlos Paz Despierta “no nos sentimos cómodos en ningún limbo político” como es, en la práctica, el pase a comisión de los proyectos para no rechazarlos ni aprobarlos.

“Con nosotros eso no va a suceder. Es infierno o paraíso”, indicó.

Y le envió un mensaje al gobierno de Gómez Gesteira: “No somos una monarquía. Estamos en democracia y tienen que entender que la mayoría de la población votó en contra de CPU y a favor de otras fuerzas políticas. Deben escucharlas”.

Nota correspondiente a la edición n° 547 del periódico La Jornada, del 27 de noviembre de 2019.

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