El pasado viernes se concretó la marcha convocada por los estudiantes del Ipem 190 Pedro Carande Carro, que con el acompañamiento de toda la comunidad educativa y vecinos de la ciudad, partió desde Brasil y Cárcano hacia la municipalidad de Villa Carlos Paz.

La intención fue visibilizar la lamentable situación edilicia del establecimiento y reclamar un ‘rol más activo’ del gobierno local en pos de lograr soluciones urgentes. Un dato: efectivos de la policía fotografiaron a los jóvenes que se manifestaban.

La marcha había sido resuelta el jueves, durante una asamblea donde, además, se definieron otras actividades en el marco de una movida que se denominó ‘Abracemos el Carande’.

En este sentido ya se convocó a una nueva marcha para el martes 19 de noviembre a las 12 en Estrada y Cárcano (El Burrito). En esa ocasión se dirigirán a Tribunales para pedir la intervención de oficio de un fiscal, entendiendo que las condiciones edilicias ponen en riesgo a estudiantes y docentes. También presentarán una denuncia en la defensoría del Pueblo por vulneración de derechos.

En tanto, el miércoles 20 de noviembre, por la mañana, una comisión irá a la sede del gobierno provincial, en la ciudad de Córdoba, para reclamar la solución.

Finalmente se dejó establecida una nueva asamblea para el jueves próximo a las 18 en el Carande.

“Estamos mucho peor que hace dos años”

Gabriela Fernández, docente del Ipem 190, advirtió que se están dictando clases “en condiciones muy precarias”.

“La escuela se inunda, hay paredes electrificadas, cortan el gas por las pérdidas”, detalló a VillaNos Radio.

Y contó que la situación viene de arrastre desde hace varios años. “Reclamando un edificio nuevo hemos conseguido que se licite una obra. Comenzó, se demolió la mitad y se paralizó. Hoy estamos mucho peor que hace dos años”, subrayó.

La educadora defendió también la realización de marchas para visibilizar el problema. “Cuando hacemos movilizaciones aparecen los funcionarios. Y en este caso la convocan los estudiantes, que están menos anestesiados que los adultos”, dijo. Y planteó: “El edificio no está en condiciones para dar clases. Se pone en riesgo la vida de alumnos y docentes”.

Cuando la movilización llegó hasta el frente del Palacio 16 de Julio, la secretaria de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, Alejandra Roldán, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Darío Zeino, explicaron las gestiones que había realizado el municipio ante el gobierno provincial. Y sugirieron que llevaran su reclamo al Concejo de Representantes.

Hasta allí fueron. Una comitiva ingresó y mantuvo una reunión con la presidenta del cuerpo legislativo, Soledad Zacarías, y el jefe del bloque de CPU, Sebastián Guruceta.

“Nos volvieron a explicar lo que hizo la municipalidad y volvimos a expresar nuestra preocupación por el edificio. Queremos que asuman un rol más activo y que supervisaran si el edificio estaba en condiciones y si teníamos garantía de seguridad. Ellos nos dijeron que como en Carlos Paz tenemos legisladores provinciales les llevemos el reclamo también a ellos. La cosa es que hace dos años que no pasa nada. Sentimos que no somos escuchados, no somos tenidos en cuenta”, reconoció una docente que participó del encuentro.

Como resultado, “se comprometieron a ser el nexo con el gobierno provincial, y contaron que mandaron una nota donde se expresa que se están vulnerando los derechos a la educación, seguridad y alimentación, y también que pidieron audiencia con el gobernador”.

Mientras esto ocurría, el edil Jorge Lassaga (CPST) bajó hasta donde estaba el resto de la columna, habló con los estudiantes, manifestó su apoyo y se comprometió a visitar la institución. En la misma línea se expresaron los concejales Daniel Ribetti (CPD) y Natalia Lenci (Capaz-UCR).

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