El tercer gobierno de la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’ mantiene la tradición de, por un lado, destacar la necesidad de tener diálogo con todos los sectores, de buscar consenso y trabajar en conjunto y, por otro, hacer todo lo contrario.

El doble estándar que muestra las diferencias entre discurso y realidad se plasma no solo en las gestiones que lleva adelante el departamento ejecutivo, ahora con el intendente Daniel Gómez Gesteira a la cabeza, antes con Esteban Avilés, sino también en el Concejo de Representantes.

Particularmente en ese ámbito, donde están integrados representantes de los sectores políticos que lograron respaldo suficiente en las urnas, la cuestión queda evidenciada sin margen para dudas.

Antes de seguir bien vale recordar que, en los últimos comicios municipales, CPU se impuso claramente, aunque consiguió sólo el 36% de los votos. Lejos de tener el apoyo mayoritario logrado en 2015.

Parecía que este escenario haría deponer al oficialismo su avasallante estrategia de imponer ‘el número’ y ningunear sistemáticamente a la oposición, pero en la práctica esto se ha exacerbado.

De hecho, en esta nueva etapa se está ‘reinterpretando’ la Carta Orgánica con el objetivo de avanzar en el recorte de la participación ciudadana y los controles de la minoría. Las ordenanzas que eliminaron las audiencias para escuchar a los vecinos y la mayoría agravada para aprobar licitaciones de obras públicas y la cesión del espacio público dan cuenta de ello.

La escasa, por no decir nula, atención que el oficialismo le presta a la oposición queda reflejada en el trabajo del Concejo de Representantes.

En lo que va del actual período legislativo (10 sesiones desde agosto) se presentaron, en total, 123 proyectos. De esos, 63 fueron impulsados por alguno de los cinco ediles de la oposición.

Sólo nueve fueron aprobados: ocho corresponden a declaración de interés de algún evento y beneplácitos varios; y un pedido informes relacionado a las antenas de telefonía (el oficialismo impuso ampliar el plazo para responder de 15 a 45 días).

Dos propuestas, en tanto, fueron rechazadas. Una del concejal Carlos Quaranta (CPI) para resolver la situación de Carlos Paz Gas, y otra de Jorge Lassaga (CPST) para realizar un relevamiento del arbolado público.

También podríamos anotar en esta lista la propuesta de Gustavo Molina (Capaz-Frente Cívico) por la sindicatura de Carlos Paz Gas, aunque formalmente el proyecto fue presentado por CPU.

La enorme mayoría de las iniciativas firmadas por la oposición, 52, fueron pasadas a comisión.

Casi la mitad son proyectos de ordenanzas que abordan temáticas como turismo, ambiente, deportes, tercera edad, emergencia alimentaria, difusión sesiones y audiencias públicas, Comunidad Regional Punilla, cannabis medicinal, transporte urbano, etc.

Uno podría decir que es el paso lógico antes de su tratamiento. Y sí, debería serlo. Pero en la actual concepción del poder que tiene CPU el pase a comisión significa que, lisa y llanamente, los proyectos son freezados hasta nuevo aviso.

Es que, vale acotar, los presidentes de las comisiones (todos del oficialismo) tienen la potestad exclusiva de decidir qué proyectos consideran que son importantes como para discutirse. Hasta ahora, ninguna de las propuestas de la oposición logró abrirse paso en las comisiones.

De hecho, el único despacho opositor se llevó al pleno legislativo ‘por la minoría’ (sin acuerdo en la comisión), y fue rechazado (el ya aludido relevamiento del arbolado).

Férreo blindaje

Otro de los aspectos centrales del discurso oficialismo tiene que ver con la transparencia y la información pública.

La oposición, en su conjunto, presentó hasta el momento 10 pedidos de informes (algunos desde el 29 de agosto) sobre temas tan variados –e importantes- como carteles publicitarios, pauta Cadena 3, informe económico finalización de mandato, atención médica hospital, muestreo cianobacterias, accesibilidad comercios e instituciones, remoción de barros y evolución de los objetivos para cada programa del presupuesto.

A pesar de la evidente urgencia para conocer información en algunos de estos ítems, la respuesta del oficialismo ha sido establecer un férreo blindaje al intendente.

El único pedido de informes que se aprobó se dio ante la presión de los vecinos por las antenas de telefonía pero, aun en este caso, el bloque de CPU impuso su mayoría para ampliar el plazo de contestación.

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