La Cámara Contencioso Administrativa de primera nominación de la ciudad de Córdoba no hizo lugar al recurso de amparo presentado por la Cooperativa Integral ante el decreto por el cual el municipio pretende asumir la prestación del servicio de cloacas.

Cabe recordar que en agosto de 2017 el por entonces intendente Esteban Avilés dispuso que, tras el vencimiento del contrato de concesión, la municipalidad asumiría la prestación. El instrumento para ello fue un decreto a través del cual definió una serie de fechas en donde una comitiva municipal haría inspecciones en las estaciones de bombeo y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Allí es cuando la Coopi emprendió una acción de amparo señalado lo establecido en el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal (COM) que establece que para la municipalización de servicios es necesaria la intervención del Concejo de Representantes, con audiencia pública y mayoría agravada.  

El fallo se dio a conocer el viernes 18 de octubre pasado y lleva la firma de los vocales Gabriela Cáceres y Leonardo Massimino.

Apenas conocido el fallo, la Coopi emitió un comunicado en el que adelantó que apelaría la sentencia. La municipalidad, en tanto, brindó una conferencia encabezada por el asesor letrado Darío Pérez, el secretario de Gobierno y Coordinación Darío Zeino y el secretario de Salud, Rubén López.

El tenor de la conferencia fue, una vez más, dirigir dardos contra la Cooperativa Integral sin dar precisiones sobre de qué manera asumiría la prestación del servicio el municipio y qué sucederá con las y los trabajadores, que son los principales interrogantes que genera esta medida de gobierno.

“El fallo de la Cámara sostiene que la decisión del municipio de dar por concluido el contrato de concesión del servicio de desagües cloacales se ajusta a derecho”, se limitó a decir Pérez y señaló como puntos destacados que “la dirección y gestión integral de los servicios públicos está reservado por Carta Orgánica al municipio”; y que “la Cooperativa no tienen ningún derecho adquirido con respecto a la rescisión contractual que dispuso la municipalidad”.

“También ha quedado claro que no hubo ninguna actitud discriminatoria por parte del municipio y que el hecho de que la Carta Orgánica refiera que la gestión debe realizarse a través de cooperativas de ninguna manera implica indefectiblemente tenga que ser la Coopi”, expresó.    

Por su parte, Zeino aseguró que el municipio “está en condiciones de proseguir la ejecución del fallo” aunque no precisó de qué manera. Acto seguido cuestionó la decisión de la Cooperativa de apelar la sentencia. “Una vez más la Cooperativa hace uso y abuso de la burocracia judicial, dejando de rehenes a los vecinos. Desde la gestión comunitaria hemos mantenido siempre la legalidad de los actos y cuidado los intereses de los vecinos, por eso la Justicia nos ha dado la razón en cada una de las instancias.

“Este comportamiento por parte de la Cooperativa demuestra una vez más la hipocresía con la que se manejan y se corresponde con el pedido de aumento tarifario en un 50%, con que hayan hecho caso omiso a las ordenanzas del Concejo de Representantes y el cobro indebido de la capitalización. Nosotros solo cuidamos la legitimidad y los intereses de los carlospacenses, no como lo han hecho otros sectores minoritarios que tienen representación en el Concejo de Representantes y que desde el 2011 han sido cómplices de la Cooperativa”.

Diálogo y defensa de la COM

Tal como lo había anticipado, la Coopi apeló la decisión de la Cámara y solicitó la revisión del fallo al Tribunal Superior de Justicia. Tras la presentación, efectuada el miércoles 23 de octubre, la institución brindó una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien estuvo acompañado el presidente Adolfo Mena, el subgerente General Rodolfo Frizza, el jefe de servicios José Ipólito y el secretario general del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) Gustavo Valdez.

“Hemos apelado la decisión de la Cámara con fundamentos jurídicos profundos”, dijo Rodríguez Villafañe y relativizó el impacto del fallo. “Dice que se terminó un contrato y que el dueño del servicio es el municipio, algo que nunca pusimos en cuestión. Lo que planteamos es que el municipio no es solo el departamento ejecutivo, sino también el Concejo de Representantes, y esa es la cuestión de fondo. Municipalizar un servicio no es potestad exclusiva del intendente, y eso lo establece la Carta Orgánica. Tanto conceder como asumir servicio debe ser tratado en doble lectura y aprobado con mayoría calificada. Y además se debe hacer una audiencia pública para escuchar a la ciudadanía”, detalló.

En este punto, se preguntó: “Cuál es el problema de cumplir con las disposiciones de la Carta Orgánica”.

“No estamos pidiendo privilegios. Por la institucionalidad que está en juego pedimos que sometan el proyecto de municipalización al Concejo y que se resuelva en el ámbito que debe hacerse. Pero si se trata de torcer instituciones entonces tendrán que responder políticamente a esa situación”, subrayó.

Sostuvo, al mismo tiempo, que desde la Coopi “no estamos abusando de la Justicia” como deslizaron funcionarios respecto a la posibilidad de apelar el fallo, y recordó que el Tribunal Superior de Justicia “dispuso de una medida cautelar de no innovar hasta que no haya sentencia definitiva”.

“Y la de la Cámara no es definitiva ya que puede ser apelada. Entonces mal podría decirse que estamos abusando cuando el mismo Tribunal ordenó una medida cautelar”, insistió.

¿Quién contamina el lago?

Durante la conferencia de prensa municipal, el secretario de Salud, Rubén López, hizo una dura acusación afirmando que la Coopi sigue arrojando líquidos cloacales sin tratamiento al lago San Roque calificándolo en términos grandilocuentes como “el mayor atentado ambiental contra la ciudad de Villa Carlos Paz”.

“En enero, con el exintendente Esteban Avilés radicamos una denuncia penal en contra de la Cooperativa Integral por el volcamiento que hacía de más de diez millones de litros diarios de aguas contaminadas, que no eran tratadas debidamente y volcadas al lago San Roque.

“Durante 90 días se hicieron estudios y constató la contaminación. Todo esto se lo hicimos saber a la Justicia, estamos muy preocupados porque la Cooperativa es el principal agente contaminante del lago San Roque, lo sigue haciendo y mediante estos artilugios judiciales van a seguir un tiempo más. Mediante la desidia y el desinterés total de poner en orden la planta nos siguen contaminando el lago San Roque, mientras esperamos que la Justicia se expida”, acusó.

Consultado al respecto, el jefe de servicios de la Coopi, José Ipólito, defendió la tarea realizada. “La planta funciona las 24 horas y al 100% de su capacidad. Los trabajos que se realizan son permanentes y de manera continua. Nosotros no somos el principal contaminante del lago San Roque sino todo lo contrario. Somos los que más hacemos para evitar esta degradación que tiene nuestro embalse”, expresó.

En su respuesta hizo una invitación a la prensa y a cualquier vecino que quiera recorrer las instalaciones para conocer el trabajo que la institución hace en materia de saneamiento.

“Pueden tomar imágenes, hablar con los operarios. La planta vive en operación constante, con renovación de equipamiento y de personal, innovamos en la utilización de productos químicos”, destacó y como detalle precisó que en estos momentos la Coopi está renovando las membranas de aireación de una de las dos zanjas de oxidación que tiene la planta y que esto implica una inversión que supera los 8 millones de pesos.

“Nosotros damos garantías de la correcta prestación del servicio. Todos los días y las 24 horas. La muestra está en los hechos”, dijo con seguridad.

También convocó a los funcionarios municipales a acercarse a la planta. “Desde la denuncia que hicieron en enero a la fecha, solo en dos oportunidades López asistió a la planta en carácter de veedor acompañando a Policía Ambiental, que nos controla desde el principio y no nos ha dicho nada”.

Nota correspondiente a la edición n° 546 del periódico La Jornada, del 30 de octubre de 2019.

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