El balance de la municipalidad de Villa Carlos Paz correspondiente a 2018 fue aprobado por mayoría en la sesión del Concejo de Representantes que se concretó el jueves 30 de mayo pasado.

Al margen de esto, el análisis de la denominada Cuenta General del Ejercicio que realizó el Auditor de Gestión, Alejandro Díaz, expone varios aspectos para destacar.

Los números no dejan demasiado margen para las interpretaciones y desnudan las realidades detrás de algunos de los slogans marketineros del gobierno como ‘fondos propios’ o ‘tenemos superávit’.

Queda claro que lo que permite el uso de ambos latiguillos no es la buena administración, si no el sostenido incremento de la presión fiscal que lleva adelante la denominada ‘Gestión Comunitaria’, acompañado de una subejecución presupuestaria que en algunas áreas es alarmante.

Récord histórico de contratación de personal

Pero antes repasemos los datos que tienen directa relación con la contratación del personal municipal, y su evolución desde 2012 a 2018.

Según se desprende del informe, el intendente Esteban Avilés es el responsable de un récord histórico, aunque en este caso no será merecedor de ningún spot publicitario.

Es que, en la previa a los comicios municipales, se registró en 2018 la mayor cantidad de personas contratadas por el municipio: 1503.

En 2012, el primer año de la ‘Gestión Comunitaria’, había 1183 empleados, sumando las diferentes modalidades (planta política, planta permanente, contratados, becados y locadores de servicios). La cifra fue creciendo a lo largo de los diferentes ejercicios.

Detengámonos en los números de 2018: de los 1503 empleados, 50 son de la planta política, 204 planta permanente, 764 contratados, 230 becados y 255 locadores de servicios.

Pero no solo creció el número. También se incrementaron los niveles de precarización: contratados, becados y locadores de servicio representan más del 80% del total.

Se podrá argumentar que también ha crecido la ciudad, y que por lo tanto es lógico que se incremente la planta de personal.

Es cierto, y para eso existe un índice que relaciona la población de una ciudad con la cantidad de empleados. Ese número también ha ido creciendo y, en 2018, Villa Carlos Paz tuvo un empleado municipal por cada 66 habitantes. Una dedicación ‘intensa’.

Para tener en cuenta. Los datos que refleja este informe son de 2018, es decir que no incluyen las incorporaciones del verano y en la página web del municipio, la última información difundida es de enero, donde el total de personal ya trepaba a 1602.

Muchas veces se asocian directamente las políticas laborales que aplica el Estado, incluyendo la precarización, al clientelismo político. Quedará en cada quien sacar sus conclusiones pero el hecho de que el oficialismo transita la campaña electoral con la planta de personal más abultada de la historia no está sujeto a interpretación.

CPU aumentó la presión fiscal más del 50% desde que asumió el gobierno

Otro de los ‘caballitos de batalla’ de la gestión que encabeza el intendente Esteban Avilés es que (casi) todo lo que realiza el municipio lo hace ‘con fondos propios’.

Dicha con la intención de generar ‘confianza’ en la manera de administrar los recursos, la marketinera frase esconde la verdad detrás del slogan: desde que asumió, Avilés incrementó la presión fiscal en más de un 50%.

Los datos surgen del último balance municipal. El análisis realizado por el Auditor de Gestión, Alejandro Díaz, determinó que en 2018, cada carlospacense (la población se estimó en 99.831 habitantes) debió aportar al municipio 10.401,26 pesos nominales en tasas, derechos y contribuciones.

Este indicador de ‘esfuerzo fiscal’ creció de manera constante (solo ‘aflojó’ en 2017) desde 2012, primer año de gobierno de Carlos Paz Unido, hasta la actualidad.

El Auditor de Gestión deflactó (eliminó los efectos de la inflación sobre los valores nominales con el objetivo de tener una unidad de comparación constante) esta cifra en pesos del año 2012, lo que arrojó que el esfuerzo de los ciudadanos en sostener al municipio fue de $ 1.894,38 para el ejercicio 2018.

En 2017 fue de 1971,89 pesos; en 2016 fue de 1717,58; en 2015 fue de 1722,72; en 2014 fue de 1532,43; en 2013 fue de 1475,51; y en 2012 1253,65 pesos.

Así, la diferencia entre el ‘esfuerzo fiscal’ de los carlospacenses en 2018 supera en más de un 50% lo de 2012.

Esto es debido, principalmente, a la creación de nuevas alícuotas en forma de cuentas de afectación específica.

Entre otras, se crearon fondos para obras públicas, para obras de gas, para infraestructura deportiva, para infraestructura turística y para seguridad.

Pero además, el municipio cobra las sobretasas pero luego no realiza las obras correspondientes. De los 447,8 millones de pesos disponibles al cierre del ejercicio, 198.185.523,83 son de cuentas especiales. En comparación con 2017, crecieron el 27%.

Entonces, ¿por qué se siguen cobrando?

El truco parece estar en que Avilés ‘invierte’ los fondos de las cuentas de afectación específica en plazos fijos bancarios, y los intereses se imputan a rentas generales para gastarlos discrecionalmente.

Para cuantificar esta maniobra hay que decir estos fondos especiales generaron en 2018 unos 89 millones en concepto de intereses. “Sin embargo, debe recordarse que los intereses obtenidos solo cubren una parte de la exposición de estos saldos al efecto de la inflación que, para el período 2018, cerró en un 47,60% anual. Al mismo tiempo, los intereses obtenidos se imputan a rentas generales, por lo tanto, dichos fondos cofinancian parcialmente al resto de los egresos”, concluye Díaz.

El ‘superávit’ se sostiene en la subejecución presupuestaria

Así como el clientelismo y la precarización cimientan las bases del armado político de la ‘Gestión Comunitaria’ en torno al ‘aparato municipal’ y la presión fiscal sostiene el discurso de los ‘fondos propios’, la subejecución presupuestaria desnuda la realidad detrás del ‘superavitario’ gobierno de Carlos Paz Unido.

Los datos están para quienes deseen analizarlos en los sucesivos balances firmados por el intendente Esteban Avilés, visados por el tribunal de Cuentas y aprobados por el Concejo de Representantes.

En este caso abordaremos la ejecución presupuestaria. Es decir, qué hizo cada área en relación a lo que había proyectado para el año.

Los números que surgen de la Cuenta General del Ejercicio 2018 son reveladores.

Lo primero que hay que precisar es que si bien se presupuestaron 1.414.509.352 pesos para 2018, efectivamente se recaudaron 1.470.278.115 pesos. Esto es el 103,94 %.

En tanto, lo gastado alcanzó un total de 1.072.043.514 pesos (75,79%). Es decir que no se utilizaron 342.465.837,25 pesos, el 24,21% del total proyectado.

“Se desprende que existió una excelente recaudación en términos de lo previsto recaudar por el lado de los ingresos. Por otro lado, la ejecución del presupuesto ejecutado de gastos, impacta directamente en el resultado del ejercicio”, señaló el Auditor de Gestión. Y preciso que a partir de la diferencia entre compromisos totales e ingresos totales se arriba a un superávit presupuestario de 398.234.600 pesos para 2018.

Esta cifra equivale al 37,15% del presupuesto ejecutado de egresos, porcentaje mayor que el superávit generado en 2017 que ascendió al 30,78%.

“Considerando los hechos económicos producidos estrictamente en el período 2018, esto es descontando los efectos de ejercicios anteriores, el ejercicio 2018 tuvo en superávit de 149.506.663”, indicó Díaz.

Ahora bien, por qué sucede esto. Parece haber varias posibilidades: se sobreestiman los egresos ‘inflando’ el presupuesto para justificar el aumento de la presión fiscal; o directamente no se realizan las cosas que se proyectan hacer.

En cualquier caso, está claro que el superávit no es un logro de la gestión, ni tiene vinculación con la ‘buena administración’ de los recursos como plantea Avilés una y otra vez.

En promedio simple todos los programas tienen una ejecución del 77,72% del presupuesto previsto.

Pero repasemos cómo se comportó cada área. Del balance surge que hubo una alta dispersión entre las diversas jurisdicciones responsables de ejecutar el gasto del estado municipal.

El área con menor ejecución fue la debutante secretaría de Coordinación de Gabinete, especialmente creada a los fines de otorgarle la mejor plataforma de posicionamiento al candidato del oficialismo, Daniel Gómez Gesteira. Sólo gastó el 37,48% (mayormente en sueldos), aunque hay que aclarar que recién se puso en funcionamiento en agosto (hasta ese momento estuvo vacante).

Le siguen el Consejo de Planificación Urbana Ambiental (CPUA) con el 51,73% de ejecución; y la secretaría de Calidad Institucional, Cultos, participación Vecinal y Juventud con el 60,31%.

Dos áreas por fuera del ejecutivo son las que más se acercaron a lo presupuestado: Tribunal de Faltas con el 88,57% de ejecución; y el Concejo de Representantes con el 86,41%.

En medio se escalonan la secretaría de Economía (66,03%), secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental (66,93%), Captur (69,70%), intendencia (73%), secretaría General (75,04%), secretaría de Salud Pública (78,03%), secretaría de Turismo (78,65%), defensor del Pueblo (80,45%), tribunal de Cuentas (81,13%) y secretaría de Gobierno (84,99%).

Vale subrayar que dado el peso que tienen dentro del presupuesto la secretaría de Desarrollo Urbano, de Economía y Finanzas y de Salud Pública los montos no ejecutados suman solo en estas tres jurisdicciones 273,9 millones en 2018.

Un dato llamativo cuando el argumento para explicar la no realización de algunas obras reclamadas por los vecinos o incrementar las prestaciones en los dispensarios, fue que no había fondos.

Este breve repaso permite concluir que el ‘combo’ presión fiscal y subejecución presupuestaria empujan el ‘superávit’ de la gestión que Avilés se empecina en mostrar como logro, cuando en realidad refleja la incapacidad para poder cumplir no ya con las promesas electorales, si no con lo que se proyecta cada año.

Nota correspondiente a la edición n° 542 del periódico La Jornada, del 26 de junio de 2019.

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