Durante el último Pleno de Gobierno que protagonizaron el intendente Esteban Avilés, funcionarios de su gabinete y concejales de los diferentes bloques, el pasado 29 de marzo, al oficialismo se le ‘escapó’ un dato que, con esfuerzo y obediencia, se intentaba mantener fuera de la discusión.

Se trata de la situación de la empresa Cotreco, a cargo del servicio de recolección de residuos de Villa Carlos Paz.

Amén de las dificultades financieras que atraviesa la firma –está en concurso preventivo desde diciembre de 2018- y las dudas sobre su continuidad, se conoció que desde que entró en vigencia el nuevo contrato (agosto 2018) hasta el último 27 de marzo se le labraron 83 órdenes de servicio por distintos incumplimientos al contrato. A saber: barrido, recolección de poda, recolección de residuos secos y entrega de vehículos y barredora tanto para la prestación del servicio como para el control de inspección por parte de la coordinación de Higiene Urbana.

Pasando en limpio, 83 órdenes de servicios por incumplimientos, a razón de una cada tres días en el servicio público más oneroso de la ciudad.

Además, se le aplicaron siete multas por incumplimiento por un valor total de 1.834.000 pesos.

Ahora bien, ¿salió esta noticia en algún lado? No. A pesar de las quejas de los vecinos por el servicio, la protección que los funcionarios le dispensan a la firma es (llamativamente) total.

El trato del municipio hacia Cotreco es un claro ejemplo del doble estándar que maneja la gestión Avilés para sus relaciones con entidades intermedias, los centros vecinales y, claro, empresas concesionarias de servicios públicos y responsables de realizar obras.

En contrapartida aparece la Cooperativa Integral, prestadora de los servicios de agua y cloacas. Además del furibundo ataque para despojarla de los servicios (hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia) es víctima de una campaña de desprestigio para la que Avilés no duda en utilizar todos los recursos publicitarios del Estado.

“Está claro que la decisión que se toma es de acuerdo a la cara del cliente”, señaló el concejal Walter Gispert, para graficar este doble estándar. Y reseñó: “Avilés ha iniciado un conflicto con la Coopi que llegó hasta la Corte Suprema para municipalizar los servicios, y en este último tiempo tuvo solo tres órdenes de servicio. Pero para la empresa de capital social, todos los palos.

En cambio para la privada, que tiene innumerables actas y está en concurso preventivo… nada.

Lo mismo sucede con el asfalto. Es según la cara del cliente. Cuando se repavimentó la avenida San Martín en el centro no se le cobró a los frentistas, pero cuando a ellos no les gustan, les cobran”.

“El municipio utiliza todas las herramientas para hacer campaña para su candidato y denostar todo lo que ellos consideran oposición. Es una concepción autoritaria del poder”, reflexionó.

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