Franco Amaya: hubo juicio, pero no JUSTICIA

Por Evelina Ramírez

“Justicia es que no se repita nunca más”, resume con claridad una de las consignas que desde hace años levantan las organizaciones sociales que viene denunciando la violencia policial, la represión del Estado y los casos de gatillo fácil.

“Hubo juicio, pero no JUSTICIA”, sostienen los familiares y amigos de Franco Amaya, el joven de apenas 18 años asesinado por la policíaen un control vehicular en la madrugada del 22 de febrero de 2017 en la zona de El Fantasio.

¿Qué tan lejos estamos de evitar que esto vuelva a suceder?

Porque, de hecho, ya sucedió. Franco fue una de las 11 personas que fueron asesinadas por la policía de la provincia de Córdoba en todo el 2017, según detalla el informe de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).

Franco Amaya estaba terminando sus estudios secundarios y a punto de recibirse de peluquero.En la madrugada del 22 de febrero de 2017 se preparaba para ir a ver a Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo. Con su primo Agustín salieron en moto a buscar una camisa. Cuando circulaban por calle Los Gigantes casi en la intersección con Alem, se encontraron con un control policial. La moto tenía pocos frenos y Franco intentó detenerse utilizando los cambios.

Allí es cuando el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (de 26 años) disparó por considerar que estaban evadiendo el control policial. “El policía salió debajo de un árbol. De forma sorpresiva. No pudimos frenar”, relató Agustín en reiteradas oportunidades al ser consultado por la prensa. 

Bustos viene de familia policía. Su padre es policía jubilado y vive en Santa Fe. Formaba parte del “Operativo verano” y tenía seis meses de antigüedad al momento del hecho. Su compañero, el agente oficial ayudante José Ezequiel Villagra (23 años), era el responsable del control vehicular y tenía dos meses de antigüedad en el cargo. También es hijo de un policía que hoy está retirado.

En mayo del año pasado la Cámara 11 del Crimen llevó adelante el juicio. Allí, Bustos fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial por igual término de tiempo. Villagra, fue absuelto. Según consta en la sentencia ambos policías estaban alcoholizados al momento del hecho.

El tribunal -integrado por el presidente Daniel Ferrer Vieyra y las vocales Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli- consideró que Bustos actuó por “dolo eventual” y no por “culpa consiente”. Esto es, no tuvo intenciones de matar. El hecho de contar con presencia de alcohol en sangre terminó siendo un atenuante de la condena.

“Si bien contaba con escasa o casi nula experiencia en su desempeño profesional –tan solo seis meses-, había recibido instrucción en el manejo de las armas y de las situaciones que lo habilitaban a usarlas (…). Al actuar como lo hizo se encontraba bajos los efectos de una indebida ingesta alcohólica, lo que aduna lo aseverado sobre su actuar desaprensivo”, se lee en la sentencia.

La abundante cantidad de testimonios incluidos en el expediente dan cuenta de que Villagra sólo atinó a darle aviso a un superior cuando ocurrió el hecho, negándose a brindarle ayuda al joven que agonizaba en el asfalto.

“El policía Rodrigo iba y venía, mientras que el otro les decía a los autos que pasaban por el lugar que circulen y nos los dejaba parar”; “una a dos personas ayudaron a cargar a Franco. El policía con guantes blancos estaba asustado, mientras que el otro permaneció en la esquina cruzado de brazos”, señalan algunos de los testimonios incluidos en la investigación. 

Franco fue llevado hasta el hospital municipal Gumersindo Sayago en un auto particular. Allí arribó sin signos vitales. Un conocido de Agustín decidió prestar su ayuda pese a la orden policial de que no movieran al joven. Un durísimo video difundido por Teleocho en esos días dan cuenta de esa situación. La persona que filmó nunca fue encontrada (¿o no fue convocada?) a declarar.

Por todos los testimonios recopilados, la fiscal de instrucción Jorgelina Gómez imputó a Villagra del delito de omisión de los deberes de funcionario público. Sin embargo, para el Tribunal el policía “no omitió sus deberes toda vez que contrariamente a lo sostenido en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, sí efectuó las comunicaciones pertinentes a sus superiores, inmediatamente después de cometido el hecho por el agente Velardo Bustos y arbitró los medios para que la víctima fuera auxiliada”.

La sentencia fue apelada por la familia. El abogado querellante, Carlos Nayi, presentó un recurso de casación que hoy se encuentra en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia a la espera de una resolución.

“A pesar de que pasó casi un año del juicio, no fue bien condenado el asesino y quiero seguir caminando las calles para que se sepa que acá estoy para seguir luchando por mi hijo y que todavía con mis pasos hago sentir que él camina por las calles, como tendría que estar haciéndolo con la edad que él tenía”, expresó Laura Cortez, mamá de Franco Amaya, a VillaNos Radio.

En el juicio quedó en evidencia, además, la escasa experiencia y formación de los dos policías. Sin embargo, los responsables de poner un arma en sus manos no estuvieron en el banquillo de los acusados. Por eso bien vale preguntarse ¿quién forma a la policía?, ¿bajo qué paradigma se definen las policías de seguridad en Córdoba y en Argentina?

Y estas preguntas generan mayor preocupación si consideramos el intento de legitimación y legalización del gatillo fácil, como es la resolución 956/2018 del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado bajo la llamada “Doctrina Chocobar”.

Allí se flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas del estado y habilita disparar, entre otras situaciones, “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. Ese Reglamento General se encuentra en plena vigencia.

Por eso, insistimos con la pregunta: ¿qué tan lejos estamos de que un crimen como el de Franco vuelva a repetirse?

El hostigamiento policial, las detenciones arbitrarias (basadas en prejuicios y estigmatizaciones) y la violencia siguen vigentes como práctica. Está claro que, a nivel provincial, el cambio del Código de Faltas al Código de Convivencia no ha sido suficiente.

Como un indicio más de la compleja situación en la que estamos vale mencionar que por primera vez en 27 años de trabajo, CORREPI no pudo cerrar el Informe de la Situación Represiva en el país a tiempo para hacer su presentación pública antes de fin de año.

“La enorme cantidad de datos a procesar, y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos nos impidieron terminar a tiempo el trabajo estadístico que sistemáticamente realizamos desde 1996”, explicaron desde la agrupación. 

A modo de adelanto indicaron que entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tienen registrados 27 casos. “Si los sumamos a los 441 de 2016, 441 de 2017 y 297 conocidos de 2018, tenemos que, en 1.110 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 1.206 personas”, precisaron.

La aritmética es implacable. En Argentina el Estado asesina a una persona desarmada cada 22 horas. “Estas cifras, insistimos, no definitivas en particular para el año 2018, dan cuenta del más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983”, indicaron de la agrupación.

Franco en la calle

El reclamo de justicia es lo que atravesó toda la conmemoración de este año que implicó varias intervenciones en el espacio público.

Primero, con la colocación del nombre de Franco Amaya en los nomencladores del puente Arturo Illia y de la calle Los Gigantes. De hecho, existe una propuesta para que tres espacios públicos de la ciudad lleven el nombre del joven asesinado (ver aparte).

Al igual que el año pasado, volvió a pintarse su nombre en el asfalto, justo en el lugar donde cayó herido mortalmente. Allí se hizo una concentración de la que participaron alrededor de cien vecinos y vecinas.

Desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, la organización que desde hace 12 años lleva adelante la Marcha de la Gorra en Córdoba, también se acercaron a expresar su solidaridad. “Hay que seguir marcando las calles y las veredas. Pintar los nombres y los rostros de las y los pibes que ya no están. La intervención que estamos viendo hoy es una muestra de que no estamos dispuestos a olvidar ni a bajar los brazos. Que iremos hasta lo último para que ningún pibe sea asesinado por la policía”, expresó Daniela.  

La Cooperativa Integral también estuvo acompañando. “Nosotros creemos que el mundo es para todos. Por eso pensamos que es muy importante estar, participar, visibilizar y poner en palabras lo que está pasando. Sabemos que esta problemática no es nueva, pero sigue angustiando porque la violencia del Estado se viene incrementando”, manifestó Analía Goyechea, integrante del Consejo de Administración de la Coopi.

La agrupación Jóvenes Transformando participó activamente del evento, incluso en la organización de la conmemoración. “No sólo somos jóvenes y militantes, sino que también somos estudiantes secundarios. Franco podría haber sido un pibe que esté con nosotros en el pasillo. Yo no lo conocí, pero me conmueve mucho estar con la familia. Esto tenemos que hacer todos los años. Estar en la calle, porque no nos van a callar”, dijo Micaela Farías, integrante del espacio.

Entre los presentes estaban los candidatos a intendente Emilio Iosa (de Carlos Paz Despierta) y Matías Mowzset (de Unidad Ciudadana).

La doctora Judith Barrera también estuvo en la concentración. Recordemos que cuando ocurrió el crimen, Barrera era la directora del hospital Sayago. “Como madre y como médica, se me cruzan un montón de sentimientos. Vine para acompañar el grito de justicia. Me parece que la condena es totalmente ridícula. Una vida tan joven pérdida de esa forma. No me parece para nada un atenuante el hecho de que los policías hayan estado alcoholizados. Al contrario, debería haber sido un agravante”, consideró en diálogo con La Jornada. Y agregó: “Debería haber cada vez más gente pidiendo justicia. En Carlos Paz tenemos otros casos que nos siguen doliendo”.

La última en tomar la palabra en la concentración fue la mamá de Franco, quien profundamente emocionada agradeció el acompañamiento y volvió a reclamar justicia. “La idea es que todos los años, para esta fecha, lo recordemos de esta forma. Hace dos años fue Franco, pero cualquier día le puede pasar a otro. A esta lucha la vamos a seguir hasta el final”, remarcó entre lágrimas. 

Tras la concentración, comenzó la marcha por calle Los Gigantes. A lo largo del camino hasta la plaza se fueron descubriendo imágenes del juicio. “La intención es poder sacar el juicio a la calle. Mostrar qué pasó. Que los vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz se enteren como actúa el Poder Judicial”, explicaron los organizadores.

Las imágenes colgadas pertenecían a la Cobertura Colaborativa de distintos medios de comunicación comunitarios llevaron adelante en las cuatro audiencias que tuvo el juicio.

El final del recorrido fue en la plaza de Los Gigantes y Avenida Perón. Allí, la muralista Mariana Gabor junto a sus estudiantes del taller que brinda en la Coopi dejaron plasmado el rostro de Franco en una bellísima imagen. “Nos falta Franco y aun no hay justicia”, se lee en la pared.

La pregunta sobre qué tan lejos estamos de que esto no se repita necesariamente debe ir acompañada de la pregunta ¿qué estamos dispuestos a hacer para que estos crímenes aberrantes no se repitan?

La policía no puede autogobernarse. Las políticas de seguridad las definen los gobiernos, elegidos por el voto popular.

El asesinato de Franco Amaya es, también, la consecuencia extrema de un aparato represivo estatal que nunca fue desmantelado ni perdió poder al finalizar la última dictadura cívico militar. En vez de adecuarse a la democracia y la defensa de los derechos humanos, ha reforzado sus prácticas violentas.

Ni un pibe menos es una consigna, que pretendemos que algún día se convierta en realidad.

Laura Cortez: “Voy a luchar para que esta calle lleve el nombre de mi hijo”

Lo realizado el 22 de febrero es el comienzo de una serie de actividades tendientes a conseguir el cambio de nombre de tres espacios públicos del barrio Miguel Muñoz B: el puente Arturo Illia, la calle Los Gigantes y la plazoleta de Av. Perón.

La idea es que haya una continuidad simbólica en la denominación de estos espacios. A modo representativo, lo que se hizo fue intervenir los nomencladores con el nombre de Franco Amaya.

“Voy a luchar para que esta calle lleve el nombre de mi hijo”, dijo Laura Cortez.

Ya se comenzó ajuntar firmas para presentar el proyecto en el Concejo de Representantes. La respuesta de los vecinos ha sido muy buena, sobre todo de los vecinos de la calle Los Gigantes que aún mantienen fresco en su memoria lo sucedido.

Romper el manto de impunidad

En el acto también se hizo mención a otros hechos que siguen impunes en Villa Carlos Paz. Se pidió justicia también por Andrea Castana y Hernán Sánchez. Vale mencionar que el próximo 13 de marzo se cumplirán cuatro años de que se hallaron los cuerpos de ambos jóvenes en el Cerro de la Cruz. Los avances en la investigación han sido prácticamente nulos.

En el acto también se reclamó justicia por el joven Matías Vargas (de 21 años), quien falleció en un siniestro vial en julio de 2016. El hecho sucedió en la avenida principal del barrio 400 Viviendas. El impacto ocurrió frontalmente entre dos motos. La otra moto era conducida por Christian Bissio, hijo del conocido locutor Ricardo ‘Lanchita’ Bissio. El padre del muchacho fallecido estuvo presente en la concentración.

“Todas esas causas han quedado en la nada – dijo Laura Cortez en su alocución-. Por eso les pedimos a los vecinos que acompañen en la lucha que llevamos adelante cada familia, padres, hermanos y amigos”.

También se recordó a Facundo Rivera Alegre ya que el 19 de febrero, se cumplieron 7 años de la desaparición de “el rubio del pasaje”. Vale mencionar que la Cámara que llevó adelante el juicio de Franco fue la misma que en agosto de 2015 llevó adelante el juicio por la desaparición de Facundo.

En un juicio bochornoso se determinaron tres condenados a prisión por su asesinato, pero el cuerpo de Facundo sigue sin aparecer. Su familia está pidiendo que la causa sea investigada como desaparición forzosa para que la investigación del crimen no proscriba. 

Viviana Alegre, su mamá, continúa sosteniendo que, por acción u omisión, la policía de la provincia de Córdoba tiene responsabilidad en la desaparición de su hijo. Denuncia, junto a organismos de derechos humanos y familiares y víctimas de la represión estatal, la complicidad policial y judicial.

Nota correspondiente a la edición n° 538 del periódico La Jornada, del 27 de febrero de 2019.

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