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Por Felipe Etkin

En las primeras semanas del 2019 el gobierno nacional anunció nuevamente que llevará al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. La iniciativa tuvo su último impulso en el 2017 quedando trunca entre el rechazo de organizaciones sociales y la realización de los comicios legislativos.

Ahora retoma su fomento en una coyuntura marcada por el fortalecimiento presupuestario del ministerio de Seguridad, la compra de armas, el apoyo oficial a la violencia institucional de las Fuerzas de Seguridad y -nuevamente y no por casualidad- en un año electoral.

Queda claro que la normativa merece actualizaciones; de hecho, la legislación vigente data de 1980 por puño y letra de la Dictadura Cívico-Militar. Sin embargo, el debate se tensiona en cómo debe actuar la Justicia y cuál es el rol de las diferentes instituciones que actualmente educan, rehabilitan o simplemente privan de su libertad a jóvenes judicializados.

Uno de los principales obstáculos al momento de elaborar análisis empíricos y contundentes sobre la temática, es la falta de información estadística y cualitativa a nivel nacional y comparada entre las provincias y sus instituciones.

En el 2015 la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron un “Relevamiento Nacional sobre Adolescentes en conflicto con la Ley Penal” que, más allá del tiempo transcurrido, arroja datos de vital importancia.

El documento consigna que eran 3908 los “jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal” de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representaba el 0,14% del total de población de 14 a 17 años de Argentina. Por otra parte, de aquellos solamente 412 eran menores de 16 años.

Además, un aspecto crucial es el tipo de causas por los cuales fueron judicializados. La enorme mayoría se divide entre delitos contra la propiedad sin armas de fuego y delitos contra el Estado y el orden público.

La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)- María del Carmen Verdú- señaló a La Jornada que en los últimos 25 años esta iniciativa surgió en años electorales y en contextos económicos adversos. Es decir, la estrategia consiste en que los ciudadanos participen en las elecciones optando por un ‘voto bala’ como canalizador de la situación crítica.

“El gobierno no tiene logros para exhibir en su campaña electoral, no hay ningún éxito en materia económica o social; por lo tanto apuesta a generar el apoyo de su núcleo duro de votantes apelando a lo que mejor hace, que es reprimir”, consideró. En tal sentido, para la abogada consiste en un planteo cíclico que se reutiliza de acuerdo a contextos particulares.

Consultada respecto si la sociedad argentina reclama este tipo de medidas, Verdú observó que no existe una homogeneidad total: “Hay diferentes grupos que componen una sociedad: los ricos y los pobres, los explotadores y los explotados, los opresores y oprimidos. Es natural que exista un sector social que se beneficia con estas políticas y que no quiera construir escuelas sino cárceles”.

De acuerdo con la abogada, la totalidad de los jóvenes que pasan por estas situaciones son pobres: “No hay ningún hijo de un empresario, político o abogado; y los asistentes sociales que entran a trabajar con menores terminan adaptándose al sistema y haciendo la vista gorda o acaban despedidos”.

Asimismo evaluó que hay una “mentira descarada” por parte del gobierno que no encuentra evidencia en las estadísticas oficiales. Al respecto aclaró que, para el caso de la provincia de Buenos Aires, el 3% de las causas se tramitan en fiscalías de menores (desde los 18 años para abajo); mientras que, tomando los de 16 para abajo no llegan al 1%. “Prácticamente en ningún caso son crímenes de sangre graves, se trata de sucesos asociados al consumo de sustancias y delitos contra la propiedad”, sostuvo la letrada en consonancia con el relevamiento de la Senaf.

Sorpresivamente, esto contrastaría de manera notable con las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien aseguró recientemente que, “la incidencia de menores en el delito es importante”.

Por su parte, Sergio Job -abogado perteneciente a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- remarcó la necesidad de distinguir entre la inseguridad real y la inseguridad subjetiva. “En Argentina existe una brecha brutal entre estas dos. La razón de esto se encuentra en un trabajo muy fino y persistente de los medios de comunicación aliados con gobernantes y empresas de seguridad privada, ya que hay un negocio gigante. Lo que no quita que haya sucesos criminales de todo tipo en el país. El problema es que el gobierno saca del debate todo lo que tiene que ver con la inseguridad relacionada a la especulación financiera, el lavado de dinero, las cuentas offshore, las redes de narcotráfico. Se quita totalmente del debate el vínculo criminal de los empresarios y los banqueros, que son quienes realmente dañan el tejido social”, subrayó.

El rasgo determinante de esto es, para Job, que se concentra una estructura mediática, jurídica y policial para perseguir a sectores con determinados estereotipos. Se construye un “ideal de enemigo” y se ataca a un sector entero, lo que genera que no se persigan ciertos hechos criminales o actos, sino rasgos culturales y raciales. En este sentido, aseguró que el panorama se agrava frente a un escenario electoral marcado por un fracaso en las políticas económicas, sociales, de salud y educativas y una baja enorme en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Ya que el gobierno solo puede hablar de políticas de ajuste y reducción de gasto que no son muy llamativas en términos electorales, busca recurrir a esto que, en principio, da un tipo de respuesta a un problema que tiene una parte real, pero también una gran parte construida desde el discurso. Es imprescindible reconocer que no todas las clases sociales reciben el mismo trato por parte de la justicia”, afirmó.

Respecto de cuál es el rol que debe asumir el Estado para intervenir ante casos de jóvenes en situaciones presuntamente delictivas, Adriana Gentile -de la Fundación María Elba Martinez- consideró que la disyuntiva en debate es entre proteger la infancia o judicializarla. “Esta segunda opción implica criminalizarla; no obstante, el Estado debe fomentar políticas para reinsertar a los jóvenes en la sociedad ya que generalmente se trata de personas que tienen las necesidades básicas insatisfechas”, sostuvo e indicó que en el caso de la provincia de Córdoba hay una gran escasez de estadísticas y datos que faciliten la elaboración de políticas públicas al respecto.

Gentile comentó que de aprobarse, “la medida haría regresivo un derecho” que ya está conquistado. De hecho, dos años atrás ante el primer intento de impulsar la reforma, Unicef y la Defensoría General de la Nación rechazaron de plano la normativa por considerar que “violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos”.

De igual modo, ante las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo sobre la iniciativa, desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina emitieron un comunicado en el que manifiestan que este tipo de medidas pretenden criminalizar a los niños y adolescentes, ubicando–mediante la exacerbación mediática– al adolescente como enemigo interno. “Estas medidas promueven una falsa imagen de protección y seguridad a la sociedad velando las reales causas del ingreso de los niños al delito como son la pobreza, la falta de trabajo de los adultos responsables, el escaso y dificultoso acceso a la salud y a la educación, la violencia policial, la falta de techo, entre otras. De este modo se desresponsabiliza al Estado de su función protectora y culmina generando una respuesta punitiva para una problemática de eminente origen social”, expresa el comunicado.

El fetiche por la mano dura

Reconocer que la marginación, el delito y el punitivismo son problemáticas integrales e centrales demanda un necesario refinamiento de los análisis, diagnósticos y conclusiones que se emiten tanto desde el terreno del periodismo como de la política. Las respuestas enardecidas que atribuyen a la intensificación de las prácticas punitivistas, represivas y judiciales una especie de esperanza sanadora tiene mucho más de mística militarista que de realidad. Es decir, desde hace décadas diferentes estudios con enfoques diversos vienen alertando que la aplicación de sanciones penales más severas no promueven ni generan menos hechos criminales. Muy por el contrario los aumentan y fomentan la sobrepoblación en las cárceles, que a su vez pasan a ser escuelas de criminalidad antes que instituciones para la reinserción en la sociedad.

Gentile señaló al respecto que la mayoría de las teorías criminológicas “demostraron que bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema” de la inseguridad.

“Existe un programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo que realizó un informe en el 2014 en el que refieren que la criminalización temprana en toda América Latina trajo el aumento de la población carcelaria, además el enfoque nunca propone la inserción social. Se elevan los grados de estigmatización y abuso policial, ya que los menores que entran dentro de estos rangos delictivos son pobres de zonas económicas desfavorecidas”, explicó.

Desde Correpi alertaron que la orientación política y jurídica del gobierno, además de agravar las exclusiones, fortalece la criminalidad: “No hay un solo estudio serio ni estadística en el mundo que pruebe que esta iniciativa tiene algún rasgo de realidad. Sí está comprobado que el endurecimiento del sistema penal con niveles elevados de punitivismo, con más pena, con más prisión preventiva, con menos salidas alternativas y con menos posibilidades de reinserción, genera un incremento en la criminalidad”.

Nuevamente, las recientes palabras de la ministra Bullrich parecerían no tener asidero en la realidad fáctica cuando justifica la reforma sentenciando que, “lo más importante es que si los actos [de los menores] no tienen consecuencias, luego de mayores conformarán un mundo de delito y muerte”.

En nuestro país muchas veces el sufrimiento de familias víctimas de sucesos criminales sirvió para aglutinar y justificar políticas que, muy alejadas de la justicia, son funcionales a un modelo de gobierno que recrea las condiciones para que afloren esos mismos sucesos.

Bajo este marco la necesidad de una reforma en seguridad es reclamada por amplios sectores de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa con el sistema jurídico y policial actual?

Detrás de las paredes

La abogada referente de Correpi observó que en nuestro país no hay un sistema o procedimiento equivalente en todos los distritos. ”El régimen penal juvenil no es un tema de fondo que esté legislado en el Código Penal sino que es un procedimiento. Es decir, son normas procesales que dictan cómo va a ser el procedimiento, qué juez interviene, cuánto dura la causa, cómo es la excarcelación”, aclaró María del Carmen Verdú.

Consultada sobre su diagnóstico de la Ley vigente desde 1980 evaluó que, “es un desastre” pero que, “es aun peor” lo que propone el gobierno.

Asimismo, la especialista consideró que el problema no es solo de la norma escrita sino de su aplicación. Para Verdú en la mayoría de las provincias hay regímenes juveniles penales que “al leerlos parecen una maravilla” por incluir procesos orales, acusatorios y no inquisitivos, y con régimen asistencial para personas con vulnerabilidad.

“El resultado es muy distinto al que está escrito”, aseguró.

Todos los años, desde la organización publican un informe detallando los casos de violencia institucional y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad acaecidos en el territorio nacional. Los primeros días de este año la entidad anunció que la presentación oficial se realizará el próximo 15 de marzo. Dos semanas luego del anuncio debieron sumar 50 casos nuevos. “Hay 1206 casos registrados desde el 11 de diciembre del 2015 hasta navidad del 2018. Es un promedio de 400 asesinatos al año”, informó la fundadora de Correpi.

Tomando los datos de la organización, cada 23 horas el Estado mata a una persona.

Por su parte, Sergio Job recordó que las Fuerzas de Seguridad no tuvieron “ninguna renovación” desde la última dictadura militar y ya “han cometido más de 5 mil casos” de gatillo fácil. “Hay una situación estructural que trasciende los gobiernos, pero esto no quita que en la actualidad se aprovechen explícitamente de esta situación”, comentó.

Indagado sobre la situación de la juventud judicializada, el abogado penalista aseguró que es muy preocupante en términos generales, pero que en el caso de la provincia de Córdoba “es terrible”.

En este sentido y desde su experiencia profesional, Adriana Gentile detalló que los menores de edad de bajos recursos son generalmente maltratados e injustamente desamparados por los funcionarios de la justicia. “Se los violenta entre los mismos internos y desde el personal. No hay posibilidades que alguien ingrese a un instituto de menores y no salga con mayores niveles de violencia y agresión”, aseguró.

Todo parecería indicar que el discurso oficialista es parte de un clima de época regional que pone en jaque la perspectiva de derechos pero que a su vez encuentra el visto bueno de un sector considerable del electorado.

De instalarse la demagogia punitivista, puede significar un triunfo parcial del gobierno, pero un retroceso notable para que la Justicia sea eso, un poco más justa de verdad.

Nota correspondiente a la edición n° 537 del periódico La Jornada, del 30 de enero de 2019.

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