En plena temporada de verano, empresarios reclaman que se declare la emergencia económica financiera del sector turístico en Villa Carlos Paz.

La decisión se tomó el jueves pasado, durante una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Asociación Hotelera y Gastronómica (Ashoga) y de la que participaron unos 30 empresarios autoconvocados, socios y no socios de la institución.

El documento hace referencia a la situación del país, a la elevada inflación, al aumento en los diferentes servicios, a la caída de la rentabilidad y a la falta de aplicación de ordenanzas para regular la oferta irregular de alojamientos, entre otros aspectos.

Además se precisa que, “aun conservando una tarifa baja, la ocupación hasta el 17 de enero se ha venido manteniendo en promedio por debajo del 60%”.

Por estas razones, reclaman la “urgente conformación de una mesa de diálogo público-privada que ofrezca alternativas y soluciones posibles para evitar la caída de lo que hoy se considera como el principal motor económico de la ciudad”.

También se solicitan sendas reuniones al departamento Ejecutivo municipal, al Concejo de Representantes, a la Agencia Córdoba Turismo, a Fehgra, al poder legislativo y a la Cámara de Turismo.

“Durante el encuentro se debatió sobre una problemática que, lamentablemente, nos anticipa una temporada difícil”, aseguraron. Y explicaron que la expresión de emergencia “intenta transmitir la angustia y preocupación que todos tenemos”.

Si bien la reunión se llevó a cabo en la sede de Ashoga (a pedido de los empresarios autoconvocados), cabe acotar que no participó su presidente, Rodrigo Serna (por cuestiones de agenda), aunque luego se resolvió que el documento consensuado sea refrendado por la comisión directiva de la entidad.

El documento

Reunidos en la sede de la Asociación Hotelera, Gastronómica y afines de Villa Carlos Paz, referentes del sector turístico de nuestra ciudad acordamos el siguiente documento, que tiene que como finalidad consensuar políticas de trabajo en base a problemáticas comunes.

En este sentido se manifiesta:

– Que, atento a la difícil situación económica que atraviesa el país, con valores inesperados en términos de inflación resultantes del 2018 (47,6% de acuerdo al INDEC) y un pronóstico poco alentador para el año en curso (que en los mejores augurios prevé el Gobierno Nacional en un 23%).

– Que en materia de servicios públicos, los constantes aumentos especialmente en el servicio de energía eléctrica (se calcula que la tarifa terminará incrementándose el 76.37% de enero de 2018 a igual mes de este año), han desfavorecido la competencia entre destinos de igual demanda como la Costa Atlántica. Pero que independientemente de eso, ha terminado por mellar la rentabilidad al punto de poner en riesgo la continuidad de muchos establecimientos. Es extensiva la preocupación tarifaria en los servicios de agua, cloacas (COOPI y COOPERATIVA SAN ROQUE) y recolección de residuos (COTRECO).

– Que se sigue sin resolver la asfixia impositiva en términos de Derechos Autorales, en un todo acorde con el último fallo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra SADAIC, pero extensivo a todos los demás gravámenes (AADI CAPIF, ARGENTORES, DAC Y SAGAI).

– Que dada la economía nacional, la actualización de nuestras tarifas no ha acompañado el índice real; acordes al compromiso establecido de mantener precios por debajo del de 30% de aumento. Y que, aun conservando una tarifa baja, la ocupación hasta el 17 de enero se ha venido manteniendo en promedio por debajo del 60%.

– Que, en la misma línea, se plantea la necesidad de establecer mecanismos con el Estado (municipal, provincial y nacional) que faciliten y acompañen esta situación a los fines de evitar el cierre de establecimientos o la pérdida de puestos trabajo de las cientos de familias que hoy sostienen directa o indirectamente su economía del turismo.

– Que siendo el turismo, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal en su artículo 10 “una actividad fundamental, estratégica y de vital importancia para el desarrollo de la ciudad”, es URGENTE la conformación de una mesa de diálogo público-privada que ofrezca alternativas y soluciones posibles para evitar la caída de lo que hoy se considera como el principal motor económico de la ciudad.

– Que, estando vigente una Ordenanza que regula los alquileres de hasta dos viviendas (año 2016), no se haya reglamentado la misma para poner en funcionamiento los controles pertinentes. Y tomando a consideración el último acuerdo celebrado con la Agencia Córdoba Turismo y FEHGRA en ocasión de la Feria Internacional del Turismo para terminar con los alquileres informales y la competencia desleal.

Por lo expuesto pedimos se declare en EMERGENCIA ECONÓMICA FINANCIERA el sector turístico de modo que dichas políticas consensuadas tengan aplicación inmediata y específica.

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