Las corporaciones de medios y un freno a la democracia

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Por Felipe Etkin

El último día del pasado mes de junio la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen por el cual se le otorga la aprobación definitiva a la fusión entre Cablevisión (Grupo Clarín) y Telecom Argentina (Fintech). La resolución del organismo quedará para la historia como el punto cumbre del mayor proceso de concentración mediática que, hasta el momento, existió en América Latina.

En concreto, con esta operación, se consolida el principal conglomerado en el sector de las telecomunicaciones teniendo -a nivel nacional y en los hechos- un control prácticamente total de la prestación de productos y servicios de la información. En particular, es la única empresa con la posibilidad dominante de ofrecer servicios de cuádruple play: telefonía fija y celular, internet de banda ancha y televisión.

Este proceso inició en junio del 2017, recibiendo un primer visto bueno por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en diciembre pasado, y concluye con este último documento en medio de denuncias a funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública y grandes críticas por parte de los especialistas a la competencia desleal, la pérdida de pluralidad y el colosal monopolio que emerge tras este beneplácito por parte del Estado.

 

Concentrados

Un vistazo fugaz a la historia de la humanidad revela que la problemática sobre quién es el dueño de los medios comunicación se relaciona directamente con el grado de democracia existente y la posibilidad de que el conocimiento y las diferentes perspectivas puedan circular. Desde la invención de la escritura, la imprenta y los medios tradicionales a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; los dueños de la palabra operan tras bambalinas, ven pasar a los gobernantes, aplauden golpes de Estado y elecciones, producen sentidos y se expanden, tejiendo redes económicas y simbólicas de escala global. Argentina y este nuevo conglomerado son un capítulo más.

Sucede que la excesiva concentración de las telecomunicaciones en la actualidad tiene como principal factor la ausencia de planificación estatal y la connivencia del poder político para la vía libre a la creación de oligopolios de carácter expansivo y predatorio.

En diálogo con La Jornada, el investigador especialista en medios Martín Becerra, consideró que con la decisión del gobierno se cerró un ciclo iniciado hace décadas con la expansión del Grupo Clarín como un conglomerado infocomunicacional. “El antecedente más directo es la autorización a la fusión de Multicanal y Cablevisión, con lo que en el 2007 Clarín se convirtió en el mayor grupo de medios y le facilitó acceder al 80% de los ingresos que en ese momento provenían de la TV por cable. Ahora el desembarco se da en el sector de las telecomunicaciones, y en términos económicos es mucho más importante porque expande a Clarín a un nuevo sector de la actividad más potente que el de los medios de comunicación tradicionales”, precisó.

Si bien en el dictamen aprobado las últimas semanas se expresan una serie de “condicionamientos” a la nueva entidad; éstos resultan inocuos. En concreto se solicita la venta de un porcentaje de los clientes a una tercera empresa proveedora de internet, la devolución de 80 Mhz de espectro de telefonía móvil y la imposibilidad de empaquetar los servicios de cuádruple play durante seis o doce meses para permitir a los competidores una leve posibilidad de inversión y competitividad.

En la provincia de Córdoba, el impacto de la decisión de la CNDC -que depende de la Secretaría de Comercio- tiene una gran importancia; puesto que es la provincia con mayor concentración en el acceso a redes de internet con 17 localidades donde Fibertel y Arnet eran las únicas proveedoras. Villa Carlos Paz es uno de los ejemplos, puesto que hasta el momento sólo es posible el acceso a banda ancha por alguno de estos dos proveedores de manera directa o indirecta. En concreto, el 80 por ciento de los clientes que Arnet deberá vender a la empresa Universo Net están en este territorio; y se trata de 114.514 clientes de Jesús María, La Calera, Mendiolaza, Río Ceballos, Córdoba Capital, Unquillo, Cosquín, Villa Carlos Paz, La Falda, Villa María, Villa Nueva, San Francisco, Leones, Río Cuarto, Bell Ville y Laboulaye.

De acuerdo con lo informado por la empresa, Telecom le arrendará a Universo Net la infraestructura, la provisión del servicio mayorista y la cesión del uso de la marca Arnet.

Al respecto, en un artículo publicado por la revista cordobesa Al Revés, el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, caracterizó el acuerdo como “el monopolio perfecto” que permitirá “manipular los contenidos, imponer precios y afectar gravemente la pluralidad de lo que se transmita”.

Por otra parte, a lo largo de este proceso concluido el 30 de junio, fueron dos las normativas legales puestas en tensión. En concreto, se trata de los artículos 42 y 75 de la Constitución Nacional; el primero referido a la libertad de expresión y el segundo al derecho a la competencia. De acuerdo con Becerra, ambos aspectos fueron violentados. “Al permitir un dominio tan extremo de todos los sectores de la comunicación por un mismo grupo, se limita la producción de contenidos locales, la diversidad política y cultural, las perspectivas y la pluralidad. Esto pone en jaque lo referido a la libertad de expresión como derecho humano, a partir de la incorporación de la Convención Americana de DDHH”, explicó el académico.

Asimismo, existe una contradicción con lo referido al derecho a la competencia que le impone al Estado la necesidad de evitar toda forma de distorsión de los mercados. La consolidación de un solo grupo que otorga todos los servicios, con una posición dominante en todos ellos, cuestiona el art. 42 y la Ley de Defensa de la Competencia.

Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, María Soledad Segura, sostiene que la relevancia detrás de este tipo de sucesos radica en que lo que se debate son las posibilidades de participar de la lucha política por la definición de la sociedad en la que queremos vivir. “Si no es posible asumir la voz pública, contar con información sobre la cosa pública, no es posible defender nuestros derechos vulnerados ni exigir nuevos derechos o la ampliación de los existentes. Esta disputa no es sólo discursiva, sino fundamentalmente, material. Por eso, las políticas de comunicación condicionan de manera fundamental las posibilidades de ejercicio y goce no sólo del derecho a comunicar, sino también de todos los demás derechos”, observa la especialista.

En concreto, Segura caracteriza la fusión entre Cablevisión y Telecom como un hito de graves consecuencias para la región, en un escenario adverso para los trabajadores de la prensa, donde se priorizan los intereses de grupos privados como política de Estado.

La investigadora señala que, tras la aprobación por parte del Ejecutivo, casi el 60 por ciento de la conectividad de banda ancha del país quedará en manos de una misma empresa y al menos 130 localidades quedarán sujetas a la oferta de un único prestador. “En Córdoba tendremos prácticamente un sólo operador de televisión paga y en Ciudad de Buenos Aires también. Estimulan el crecimiento de grandes conglomerados audiovisuales y de telecomunicaciones al permitir mayores niveles de concentración de la propiedad de los medios, eliminar los límites de concentración en las empresas de telecomunicaciones, posibilitar el cruce entre grupos audiovisuales y de telecomunicaciones, desregular la televisión por cable y renovar las licencias para todos los operadores”, explicó.

Tanto Becerra como Segura coinciden en que el terreno en el que nos encontramos imposibilita de manera tajante la libre competencia. En este sentido podemos afirmar que, detrás de las medidas económicas de corte liberal implementadas por el gobierno de Cambiemos que discursivamente subrayan la competitividad del capitalismo como una fortaleza, se esconde el alimento constante a la concentración monopólica que termina por dilapidar el propio “espíritu liberal”. En el otro extremo, frente al modelo neoliberal, un conjunto de perspectivas analíticas y prácticas políticas proponen que la comunicación debe ser concebida como un derecho humano; y que las decisiones del Estado deben cumplir un papel activo para evitar la supremacía de los medios concentrados. “Esto implica valorar las políticas públicas de acuerdo con los principios de acceso, diversidad, pluralismo, participación y equidad”, resaltó Segura.

 

Del bastón presidencial a los medios

Desde la denominada “crisis del campo” del 2008 y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el debate público acerca del rol de los medios alcanzó una gran notoriedad. De manera subsiguiente, con los frenos legales implementados por el Grupo Clarín para evitar una desinversión, las acaloradas relaciones entre los medios de alcance nacional y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron acompañando los devenires políticos hasta el fin de su mandato. Con el triunfo del macrismo en las elecciones de 2015, quedó evidenciado que la disputa por la comunicación sería uno de los ejes indispensables para la construcción de legitimidad y poder del nuevo gobierno.

“No fue casual que la primera medida del Poder Ejecutivo Nacional luego de asumir el 10 de diciembre de 2015 y de emitir el decreto de conformación de sus ministerios, haya sido modificar sustancialmente las leyes que regulan la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. Demostró así, tempranamente, la relevancia y prioridad que las políticas de comunicación tendrían en el proyecto político de este gobierno, y que su orientación sería contraria a la del gobierno anterior”, observó Segura.

El diagnóstico realizado por la docente universitaria indica que “hasta el momento” las principales medidas de Cambiemos apuntan a un modelo “cada vez más excluyente” en políticas de comunicación. Lo que -es esperable- va en detrimento de otras empresas del sector como los medios sin fines de lucro, estatales, de pueblos originarios, productores y trabajadores de la comunicación, públicos, provincias y localidades más pequeñas.

“Hay una crisis global del mercado de medios, pero en Argentina no se establecen políticas públicas para mitigar su impacto, sino que, por el contrario, se la agrava al favorecer al más fuerte en detrimento de los demás. Políticas públicas que favorecen a las empresas a cambio de favores para el gobierno, la intensificación de concentración de mercado, y la internacionalización y cierre de medios, no empezaron en el gobierno conducido por Mauricio Macri ni es sólo argentina, pero esta gestión marcó un récord histórico”, detalla.

En tanto, Becerra coincide en que hay un contexto global que acompaña este rumbo pero que el caso Argentino sienta precedentes; ya que “no existe “ninguna fusión tan gigantesca como esta” a nivel regional. “En el marco global hay casos, sobre todo en Estados Unidos, donde los últimos años se realizaron mega concentraciones que efectivamente colocan a algunos grupos como AT&T y Time Warner en una posición de dominio. La cuestión es que a diferencia de Argentina, estas empresas no son el único grupo”, comentó el  autor del libro “De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina”.

El académico manifestó que, en ese sentido, el elemento distintivo con la fusión Cablevisión/Telecom es que en nuestro país no hay ningún otro grupo en las mismas condiciones que Clarín para ofrecer todos los servicios en una posición dominante.

Por otra parte, uno de los datos relevantes que nos deja toda esta operación, es el alto margen de maniobra que posee el Poder Ejecutivo -el presidente- para garantizar estos movimientos económicos. “La CNDC depende del Presidente de la República. Esto siempre fue así, de la misma forma que Néstor Kirchner, mediante la CNDC, autorizó la fusión Multicanal y Cablevisión en el 2007. Con el ENACOM sucede lo mismo, son organismos que responden directamente al presidente y sus integrantes son elegidos por Mauricio Macri. Es decir, hay una gran discrecionalidad además de que el dictamen emitido por la CNDC tiene una gran pobreza que no resistiría una auditoría técnica; además de que la empresa ya conocía y había acordado los condicionamientos que el gobierno propagandiza”, aseguró.

Consultado con respecto a qué impacto tendrá este nuevo panorama en la línea editorial de los medios dependientes de Clarín y si esto llevaría a una relación simbiótica con el gobierno, Becerra fue contundente: “La línea editorial del Grupo Clarín es favorecer la expansión del Grupo Clarín. La conducción de esa empresa entiende que hay momentos y etapas históricas donde pueden capitalizar la cercanía con un determinado gobierno para mejorar su consolidación y expansión a nuevos sectores. Esto sucedió con todos los gobiernos desde 1983 a la actualidad. En los primeros tramos de los gobiernos siempre tienden a generar un apoyo más o menos explícito, coincidiendo con el temperamento general que han tenido la opinión pública y el electorado. Se trata de un periodo inicial de indulgencia o enamoramiento. Luego hay un segundo momento de confrontación que coincide también con el humor del electorado que le resta ya el favor mayoritario o ya no perdona los errores que al comienzo; y Clarín aprovecha ese momento para marcar distancia y negociar con otras condiciones”.

 

Políticas para pocos

El análisis acerca de cómo se toman las decisiones desde los ministerios es esclarecedor para comprender a quién y cómo se beneficia con determinada medida. Seguramente, no con la misma frecuencia que los despachos de la Secretaría de Comercio o el ENaCom reciben a los CEO de los conglomerados vemos a pibes de las radios comunitarias barriales, a las escuelas públicas y el fomento a los medios alternativos y populares. A ciencia cierta, pocas consultas le deben haber efectuado, antes de firmar esta fusión, a las organizaciones que pelean desde hace años las licencias para radio y el reconocimiento su trabajo dentro de la comunicación y la producción de información en los lugares más recónditos del país.

Al respecto, Soledad Segura comenta que el contenido de este tipo de políticas es definido en gran medida por la forma en que fue elaborada. “Si la política se formula sin la participación genuina de actores sociales, seguramente no atenderá las demandas ciudadanas, sino las de las élites económicas y políticas. En cambio, cuando es elaborada en base a la participación social genuina, contempla los intereses sociales en alguna medida. En este contexto, modificaron por medio de dos decretos de necesidad y urgencia una ley elaborada, sancionada y ratificada por los tres poderes del Estado y con amplia participación social, y luego continuaron regulando el sistema de medios audiovisuales y telecomunicaciones con decretos y resoluciones del Ejecutivo, sin presentar un proyecto de ley al Congreso. Si las políticas de comunicación definen las reglas de juego del sistema mediático en un país, si en ese sistema mediático se juegan hoy en día gran parte de las posibilidades de intervención en el debate público sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, resulta crucial garantizar que la mayor parte de los actores sociales, en especial aquellos con menor poder político y económico, puedan participar de manera sustancial de la definición de esas políticas”, concluyó.

 

Carlos Moltini: el que dirige la batuta

El nuevo CEO del conglomerado comenzó su carrera gerencial en la multinacional Bagley, luego de graduarse como Contador Público Nacional en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento, Carlos Moltini comenzó una intensa trayectoria en altos mandos de empresas actualmente vinculadas al Grupo Clarín. Canal 13, Multicanal, Cablevisión y Fibertel fueron los espacios en los que se desempeñó en los más altos cargos directivos. A fines del 2017, consagró un nuevo hito en lo más alto de la pirámide de la meritocracia empresarial: fue designado gerente General de la nueva compañía resultante de la fusión Telecom/Cablevisión.

A sus 57 años, frente a una empresa de la cuál es incalculable aún la facturación anual que tendrá, Moltini asegura que no elegiría otra profesión ya que “disfruta de ser contador”.

 

Esteban Greco: empleado y funcionario

Luego de la publicación del dictamen de la CNDC, el titular de dicho organismo, Esteban Greco, fue denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. De acuerdo con la abogada Liliana Zabala, Greco trabajó en GPR Economía, “una consultora que durante 2009 y 2014 asesoró a Telecom, Telefónica y Cablevisión en temas de defensa de la competencia y análisis de mercado”. La letrada asegura que el funcionario se desempeñó dentro de esa entidad hasta 2016 para asumir su cargo frente al máximo organismo contra la ausencia de competitividad.

 

Nota correspondiente a la edición n° 522 del semanario La Jornada, del 09 de julio de 2018.

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