Concejo rechazó que el municipio subsidie la contratación de servicios de emergencias en escuelas públicas

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En la sesión del Concejo de Representantes que se llevó a cabo el pasado jueves, fue rechazado el proyecto que buscaba otorgar un subsidio de manera directa a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de gestión pública de Villa Carlos Paz para la contratación del servicio prepago de emergencias.

Marcelo Cuevas (PRO), Mirtha Alessio, Carla Livelli, Soledad Zacarías y Hugo Bustos (CPU) y Laura Orce (UPC) votaron en contra. Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico), Natalia Lenci (UCR) y Omar Ruiz (GEN), lo hicieron a favor. Estuvo ausente la titular del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán.

Fue Livelli la encargada de fundamentar el rechazo en nombre del oficialismo.

La edila planteó que el actual contrato que tiene el municipio con la empresa AMI para la cobertura de emergencias en la vía pública incluye la obligación de asistir a cualquier problema en el ámbito domiciliario. Y habló, además, de la puesta en vigencia de un Protocolo Rojo que fue comunicado a los diferentes establecimientos educativos para que los docentes puedan conocer en qué casos es necesario llamar al servicio de emergencias.

“Para que no haya ni malas interpretaciones ni erróneas, la asistencia domiciliaria deja explícita la cobertura a las escuelas de gestión pública y privada. Creemos que se ha venido trabajando”, afirmó.

Su discurso incurrió en diversas contradicciones con lo que ha venido sosteniendo el oficialismo desde que el proyecto fue ingresado para su discusión. Y quien se lo hizo notar fue Gispert. “Si hubiese sido siempre así no hubiésemos tenido este problema. Votaron un proyecto pidiendo a la provincia que se haga cargo y ahora dicen que no hay problema”, subrayó. Y cuestionó: “cuándo los directores contaron los problemas que tenían dónde estaba el AMI, dónde estaba el Código Rojo, dónde estaba el artículo de la asistencia a las escuelas”.

“Lo que planteamos en este despacho es que no haya ninguna duda de que el municipio es responsable de las emergencias en las escuelas”, dijo.

Relativizó, además, al costo del subsidio. “No hay relación de la salud pública de los pibes y las pibas con el presupuesto. Se habla de tan poca plata que me da vergüenza.

Hay que votar por la salud de los pibes y los que no lo hacen es porque están en contra”, bramó.

 

“Insatisfacción total”

La sesión fue seguida de cerca por alumnos, directivos y diversos actores de la educación carlospacense, que no pudieron ocultar su malestar por la posición asumida por la mayoría de los ediles.

Horacio Gigena, referente de la agrupación ‘Podemos Vivir Mejor’ que impulsó el proyecto con el respaldo de docentes y estudiantes, y lo defendió en la Banca del Ciudadano, aseguró que la votación provocó una “insatisfacción total”.

“Si bien creemos que fue importante que se haya visibilizado la problemática, la votación fue negativa y no nos dejó satisfechos. Hablaron de un Protocolo Rojo que sólo enviaron por e-mail y no explicitaron la metodología. Además, pone en una situación de diagnóstico a los docentes. Está claro que sólo lo hicieron para contrarrestar esta propuesta legislativa”, planteó.

“Lo que pedimos es que el Estado distribuya sus recursos en beneficio de un servicio básico y elemental. El costo estimado es de menos de un millón de pesos, una cantidad ínfima para solucionar esta problemática.

Lo que está en juego es muy grave, es la salud de niños y jóvenes, y no vamos a dejar que esta situación siga de esta manera”, advirtió.

 

Nota correspondiente a la edición n° 518 del semanario La Jornada, del 11 de junio de 2018.

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