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Por Jorgelina Quinteros

A Eva se le bloqueó varias veces la tarjeta y la empresa la obligó a adquirir una nueva, ya que es el único medio de pago habilitado. Jonathan se quedó varado en la parada, porque el servicio nocturno nunca pasó. Edgardo pidió que se reinstaure el recorrido del B2 por calle Chile, para que quienes asisten al IPEM 190 Dr. Pedro Carande Carro y visitan el cementerio no tengan que caminar desde la Cárcano.

Carlos se considera un “marginal”, vive a una cuadra del fin del ejido de Carlos Paz. Si la línea B7 no sufre ningún desperfecto, tiene una frecuencia de una hora y diez minutos. María ve a sus vecinos del barrio Altos del Valle (ex 400 Viviendas) esperar en la parada a veces hasta una hora y media, por eso se ofrece a llevarlos en su auto. Florencia sabe que los usuarios afectados provienen de los sectores más postergados de la villa.

Todos ellos fueron oradores en la audiencia realizada el miércoles 27 de diciembre en el centro vecinal Miguel Muñoz “B” y donde se puso a consideración el incremento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Allí manifestaron sus quejas en torno al servicio y un rotundo rechazo al aumento.

Pero, también, plantearon los beneficios que implicaría que la prestación sea de calidad: reducción de los accidentes en la vía pública y, por ende disminución de la inversión necesaria en salud pública para tratar a los heridos, mitigacióndel impacto ambiental yoptimiza el tráfico en la ciudad.

Vale recordar que el proyecto de ordenanza proponía llevar el boleto de 12 a 15 pesos a partir del 1 de enero. Asimismo, determinaba descuentos para pasajeros frecuentes de un 10% para quienes adquirieran 40 boletos y de un 5% para la compra de 20 pasajes.

Poca frecuencia, rotura y mal estado de los coches, problemas con las tarjetas, recortes en los recorridos, falta de accesibilidad, escasos horarios nocturnosestos son los reclamos recurrentes en cuanto al servicio. Fue una réplica de la audiencia pública donde se trató el último incremento en marzo de 2017.

El boleto sube y las mejoras no aparecen. “Cuando se iba a aumentar a 12 pesos estuve en la audiencia donde se plantearon los mismos problemas. Esto es una rueda sin fin. El año que viene se va a ir a 18 pesos y vamos a venir con los mismos reclamos”, predijo Carlos Giglio de Villa del Lago.

La organización vecinal fue clave para fomentar la participación, no así la escasa difusión por parte del Concejo de Representantes que tuvo la convocatoria. Más allá de que la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, aclaró que se difundió en medios radiales, gráficos y televisivos; en la página web del Concejo la publicación se hizo el día anterior.

Las agrupaciones Ciudadanos al Frente y Jóvenes Transformando promovieron la asistencia de los vecinos y se organizaron con vehículos propios para llegar. No estuvieron representados todos los barrios de la ciudad, sino mayoritariamente Altos del Valle y Colinas. “Si se hubiese informado a los vecinos con un tiempo prudente, hubiese sido diferente. La poca participación no es resultado de falta de voluntad o de que no haya quejas, es por una acción deliberada y ausencia de información. No podemos convocar una audiencia pública un día antes para el tratamiento de un punto tan fundamental”, sostuvo Horacio Gigena, integrante de Jóvenes Transformando.

Florencia Chávez tuvo una de las intervenciones más contundentes. “Como trabajadora, estudiante y vecina sufro y padezco el servicio de transporte. Doy fe de la ineficiencia de sus horarios, de sus recorridos, de las horas en que uno lo espera, de que se rompe y que no cuenta con la accesibilidad para personas con discapacidad. Que es caro y que propone aún ser más caro todavía”, expresó, haciendo énfasis en que es un servicio fundamental para la calidad de vida de los vecinos, sobretodo de los más desfavorecidos que son los principales usuarios.

Además, acusó a los concejales de priorizar el rédito económico de una empresa privada por encima de los derechos de vecinos “que nos cuesta llegar a finde mes y nos perjudica llegar tarde al trabajo y a la escuela”.A esta interpelación se sumaron las voces de otros usuarios.

“Viajamos amontonados, más en la época escolar. No tenemos un buen servicio nocturno, porque pasa uno cada dos horas después de las 12 de la noche. Hemos andado en colectivos que sin frenos, podría pasar una tragedia en cualquier momento. Es excesivo el aumento por el servicio que nos están dando”, afirmó Eva Farías de Altos del Valle.

Otro vecino, Jonathan Cretari, se preguntó por qué el municipio está empecinado en sacarle un servicio que funciona a la Coopi, pero accede al aumento del transporte que “nos empeora la vida, porque perdemos tiempo en la parada y en el viaje cuando se rompe”, opinó. “No estoy de acuerdo con el aumento y tampoco con el servicio, porque no es de calidad. Nos pasa a todos los usuarios. Es algo que sucede, noes un hecho aislado”, aseveró.

Giglio es miembro del centro vecinal y fue el único que expuso la situación de Villa del Lago. “El mismo chofer me dijo que si tarda más de 15 minutos del horario es porque el coche no anda, no salió o se rompió. La empresa si se rompe arregla ese y lo hace salir, no pone un vehículo aparte para que haga el recorrido”, señaló.

 

Rechazo del aumento

Tras un debate que se extendió por más de dos horas, el Concejo de Representantes rechazó el proyecto de ordenanza elevado por el intendente Esteban Avilés que planteaba un aumento del boleto de transporte urbano de 12 a 15 pesos.

La iniciativa sólo tuvo el voto de los ediles ultraoficialistas: Alejandra Roldán, Hugo Bustos, Carla Livelli, Mirtha Alessio y Soledad Zacarías.En tanto, votaron en contra Marcelo Cuevas (sorprendentemente ya que suele acompañar todos los proyectos del intendente), Laura Orce (UPC), Natalia Lenci (UCR), Omar Ruiz (GEN), Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico).

De acuerdo a lo que quedó expresado durante la discusión, fue clave para el rechazo la participación de los usuarios en la audiencia pública, donde manifestaron de manera contundente su oposición al incremento, argumentando serios déficit en la prestación del servicio.

“En realidad creo que la audiencia pública ha tenido peso en la decisión de algunos concejales de modificar su voto. La prestación del servicio no ha mejorado, las quejasson constantes y pudimos escuchar a los usuarios”, dijo la concejala Orce a VillaNos Radio, quien fue la única edila que votó en contra del aumento en la primera lectura.

“Desde mi posición, en las dos lecturas, no iba a acompañar el aumento hasta que el servicio no mejorara. Debía suspenderse, hasta tanto se garantizara desde la empresa una serie de cuestiones”, remarcó.

A su vez, consideró llamativo que la empresa dependiera de un aumento de “dos pesos para provocar una crisis o no”. “Evidentemente, vienen haciendo las cosas mal, sus cuestiones económicas no están funcionando como deben. Entonces, tendrán que evaluar porque hasta ahora no prestó el servicio como correspondía y, en nuestra ciudad, deberemos valorar y ver de qué manera garantizamos la prestación con esta empresa o con otra”, sentenció.

“El reclamo de los vecinos fue claro y tiene que ver con la frecuencia, el estado de los coches y el trato de los choferes”, advirtió Zacarías en comunicación con radio Cyber que, a pesar de esta valoración, acompañó el incremento.

“Cuando no dan los números la empresa empieza a recortar servicios y frecuencia”, añadió. No obstante, el último aumento no derivó en mejoras en el servicio ni tampoco se profundizaron los controles y, ahora, la empresa amenaza con un deterioro de la prestación por la falta de tarifa.

Pero, ¿dónde está el control del Estado para determinar si la empresa está en condiciones de brindar una prestación de calidad?

La edila de la Unión Cívica Radical, Natalia Lenci, votó a favor del proyecto en primera lectura, pero lo rechazó en segunda instancia. “Queremos incorporar las mociones que hizo el concejal Ruiz: subsidio para aire acondicionado, que se realice otra audiencia pública y se conforme un comité de control donde intervengan vecinos, el Concejo y el ejecutivo”, detalló a Radio Cyber. “Queremos que se declare la emergencia del transporte público y se arbitren medios económicos para que el derecho y el servicio de los vecinos no se vea vulnerado”, enfatizó y criticó la ausencia de controles por parte del municipio.

“La empresa al año 2015 debía tener todas las unidades renovadas y accesibles. Hoy contamos únicamente con seis con accesibilidad. Mientras tanto, extorsiona y amenaza con que si no se les da el aumento van a reducir la frecuencia”, concluyó.

Por otro lado, el concejal Cuevas también modificó su votó y se mostró en desacuerdo con el aumento: “Es una barbaridad que sigamos premiando a una empresa que se está burlando de los usuarios, el servicio es paupérrimo. No se merece un peso más de aumento y, si se le diera, debería estar condicionado a una mejora sustancial del servicio”.

Vale recordar que en el contrato de concesión del servicio por 15 años que fue firmado el 31 de mayo de 2007 se le otorga a la municipalidad “las facultades de fiscalización, supervisión, inspección y auditoria del mantenimiento y operación del servicio, y de las instalaciones y bienes” afectados a la concesión. No sólo eso, sino tiene la potestad de “modificar el recorrido de cualquiera de las líneas adjudicadas, como así también alterar las paradas y paradores, puntos de enlace, los horarios, la frecuencia”. Esto significa que el municipio puede y debe intervenir para garantizar la eficiencia en el servicio.

Por su parte, los vecinos que participaron de la sesión aplaudieron la decisión de los concejales. “La participación de los vecinos y usuarios en la audiencia pública fue muy importante. Supongo que para el Concejo también, por eso se dio la votación de esta manera”, expresó María Mancuello de la agrupación Ciudadanos al Frente.

Desde ese lugar, consideró que el municipio debería cumplir con los controles a la empresa para garantizar las frecuencias y el buen estado de las unidades. Esto, considerando que la firma podría tomar represalias –como quitar unidades de circulación- al no contar con la actualización solicitada.

“Hasta ahora venían aumentando las tarifas con una promesa que jamás se cumplió. La empresa ha ganado plata y se ha capitalizado. El gobierno tiene que entender que si no llegan al presupuesto que necesitan la empresa tendrán que subsidiarlo como corresponde, pero el transporte es un derecho”, subrayó.

 

Nuevo proyecto de aumento

El jueves pasado por la tarde ingresó un proyecto presentado por los concejales del oficialismo que retoma la idea original de un aumento en dos etapas. El primer incremento llevaría el boleto a 13,80 pesos desde su aprobación y un segundo aumento a partir del 1 de mayo a 14,95 pesos. “Es una respuesta al recurso de reconsideración que presentó al empresa, se va tratar en una sesión especial el miércoles a las 10 de la mañana”, indicó Zacarías.

En caso de ser aprobado con doble lectura y audiencia pública en el medio, Carlos Paz se convertiría en una de las ciudades del interior del país con el pasaje más costoso, según datos del ministerio de Transporte de la Nación difundidos por el diario La Nación. Entre las que se encuentran Córdoba Capital, cuyo boleto mínimo pasó de $12,50 a $15,38, Río Gallegos donde cada pasaje en colectivo cuesta como mínimo $15,90 y Bariloche donde tiene un costo de $16,44.

 

La empresa prestataria y el sindicato demandan fuertemente que se otorgue un incremento tarifario

Mariano Llabot, apoderado de la empresa Transporte de la Villa, interpuso un “recurso de reconsideración”a través de una nota dirigida al director de Servicios Públicos, Germán Rivero, y a la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán.

En el documento, se cuestiona el rechazo al aumento tarifario con el fin de dejar agotada la instancia administrativa y reclama al municipio que “revoque el acto administrativo atacado por ser nulo de nulidad manifiesta, arbitrario, y carente de todo sustento fáctico y legal” y “haga lugar al pedido tarifario”. Sostiene que al no otorgar un incremento, se “provoca un daño irreparable en el patrimonio” de la empresa y califica la determinación del Concejo de Representantes como “ilegal, ilegítima y arbitraria”.

Asimismo, dejó formuladas “las más amplias reservas de recurrir a la justicia y de accionar por daños y perjuicios”. No hay una sola referencia en la nota a las críticas sobre la prestación del servicio, ni tampoco se explaya sobre la situación económico-financiera de la empresa.

Únicamente adelantó con cierto tono amenazante que de mantenerse firme el rechazo“tendría consecuencias que (…) seguramente derivarán en un deterioro paulatino de la calidad del servicio prestado o en posibles pérdidas de puestos de trabajo”.

En una nota con el programa VCP Hoy, Llabot planteó que ninguna empresa “puede trabajar en situación permanente de déficit”. El tema es que nunca hubo precisiones sobre su economía y el estado deficitario que atraviesa tiene larga data.

Cuando se aprobó el incremento del boleto a 12 pesos los concejales de la oposición insistieron en la necesidad de contar con información sobre el concurso preventivo de acreedores en el que está inmersa Autobuses Santa Fe, que junto a Recreo conforman la UTE Transporte de la Villa. A pesar de que se aprobó un pedido de informes, no accedieron a la documentación solicitada, admitió Orce.

“Son 23 colectivos que prestan el servicio todos los días”, insistió Llabot y responsabilizó al tráfico por los problemas de frecuencia. “Puede ser que el coche demore un poco más, pero eso no depende de la empresa, sino de la infraestructura de tránsito de Carlos Paz. La cantidad de colectivos que hay es la que pide el pliego”, valoró.

Más allá de esta apreciación reconoció que la línea B9 que presta el servicio al barrio Altos del Valle se armó fuera del pliego y tiene sólo dos unidades circulando. “Van de una punta a la otra de la ciudad, la vuelta es de aproximadamente una hora 20 minutos y esa es la frecuencia que tiene. Si quisiéramos agregar unidades implicaría subir la tarifa”, consideró.

A esta presentación, se sumó la intervención de Miguel Herrera, secretario General de AOITA, minutos antes de que comenzara la sesión del viernes pasado. Allí planteó su preocupación por la situación de los trabajadores.

“La empresa se presentó al ministerio de Trabajo planteando una crisis que llevaría a no pagar los sueldos de diciembre. Esto pone en alerta al sindicato aquí en Carlos Paz. Venimos a resguardar los derechos y la seguridad de los trabajadores del transporte. De los usuarios se tienen que hacer cargo y responsables los concejales y el gobierno municipal”, expresó. Y apuntó que, “Carlos Paz es un espejo de Córdoba y a nosotros no nos cae nada bien tener que tomar medidas directas, pero si el dinero no está depositado, nosotros vamos a parar la empresa”.

Esto se lee como una forma de ejercer presión a los concejales para que aprueben un aumento, dado que los reclamos del gremio deberían ser canalizados a la empresa, que es la responsable de cumplir con las obligaciones salariales de los trabajadores.

 

Nota correspondiente a la edición n° 496 del semanario La Jornada, del 08 de enero de 2017.

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