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Por no contar con los permisos obligatorios,  la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) prohibió el show de fuegos artificiales para recibir el año nuevo que había anunciado el municipio de Villa Carlos Paz.

Para llevar adelante el evento el municipio había contratado a la empresa Chialvo S.R.L. pero, según la Anmac, no cumplía los requisitos que se le solicitaron.

Ante esto, la firma intentó tercerizar el evento al subcontratar a la empresa santafesina Pirotecnia General Lagos pero el permiso fue denegado.

El show era fuertemente resistido por vecinos y organizaciones proteccionistas y ambientalistas, pero se terminó suspendiendo por razones completamente diferentes.

Desde el municipio difundieron un comunicado esbozando una tibia -y floja- explicación oficial: “teniendo en cuenta el pronóstico meteorológico y la notificación cursada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), se ha decidido cancelar el Show de Luces y Fuegos Artificiales previsto para la celebración del año nuevo en nuestra ciudad.

Pese a afirmar la empresa contratada que cuenta con la totalidad de las habilitaciones correspondientes, este municipio, respetuoso de las disposiciones emanadas de la autoridad de aplicación, ha resuelto dejar sin efecto el show”.

La suspensión generó una fuerte repercusión, y la concejala Natalia Lenci (UCR) reclamó que los funcionarios responsables “se hagan cargo” de sus actuaciones.

En este sentido, presentó un pedido de informes para saber “quiénes son los funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad la contratación de la empresa y los montos pagados y/o comprometidos para dicho evento y los gastos en concepto de publicidad y propaganda para difundir el evento de show de fuegos artificiales en los diferentes medios”.

“Los funcionarios que contrataron una empresa que no contaba con los requisitos exigidos por el ente de contralor deben hacerse cargo de su irresponsabilidad”, afirmó.

El proyecto tomó estado legislativo en la sesión del Concejo de Representantes que se desarrolló el pasado viernes, y pasó a la comisión de Interpretación, Reglamento y Asuntos Institucionales.

 

Nota correspondiente a la edición n° 496 del semanario La Jornada, del 08 de enero de 2017.

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