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“El 2018 será otro año de lucha”, resume el gerente General de la Coopi, Alejandro Eguiguren, al hacer un balance de lo que dejó el 2017 y lo que se proyecta para este año que recién comienza. En este 2018 se cumplen 10 años del vencimiento inicial del contrato entre la Coopi y el municipio por la prestación del servicio de agua. Contrato que fue “estirado” mediante prórrogas, hasta llegar a mayo de 2012.

Desde ese momento y hasta el día de hoy, la prestación del servicio de agua potable jamás estuvo en crisis. Los propios funcionarios avilesistas lo reconocen. Así lo admitió en 2016 el secretario de Gobierno y Asesor Letrado Juan Villa, cuando al tratar de explicar la decisión del intendente de que el municipio se haga cargo del servicio aseguró que, “en cuanto al servicio no hay objeción”.

Así lo admitió también el concejal Hugo Bustos en marco de la sesión especial del 5 de diciembre donde se trataba la situación de la prestación del servicio de cloacas. “Yo estoy conforme con el servicio de agua que presta. Yo puedo tomar agua de la canilla, estoy acostumbrado a eso”, dijo.

Si el servicio no entró en crisis es por los 54 años de experiencia en la tarea y por el sentido público con el que la Cooperativa asume la prestación. Y como ejemplo bien vale mencionar las modificaciones que la Coopi sugirió a la obra del Ramal San Martín, que a mediados de diciembre terminó en su primera etapa.

El material y el diámetro del conducto fue una mejora que la Coopi le planteó el municipio. El municipio había previsto en el pliego que la obra se realice con una cañería de PVC y de 350 mm de diámetro. La Coopi sugirió que sea de PAD (polietileno de alta densidad), de última generación y con un diámetro 400 mm. El material que planteó la Coopi es de más calidad y más costoso. La diferencia de precio (alrededor de 800 mil pesos) será asumida por la Cooperativa.

Y aquí va la pregunta: ¿qué empresa a cargo de una obra pública puede plantear algo similar?, cuando lo que se acostumbra es reducir costos, especular con las ganancias.

“Sabemos cómo hay que hacer los trabajos, porque después las operamos nosotros. Hemos puesto la cañería a conciencia”, expresó Ignacio Murúa, uno de los trabajadores de la Coopi que oficio de capataz en esa obra. “La Coopi sigue marcando la diferencia en la obra pública”, agregó su compañero Carlos Quevedo.

Si el servicio no entró en crisis es por la responsabilidad con la que los trabajadores cooperativos asumen su tarea. A cualquier hora, haga frío o calor. Esto no significa desconocer las limitaciones que hoy tiene la infraestructura de la prestación. Y que en tiempos de alta demanda y derroche, ha significado restricciones.

Justamente esa situación planeta un necesario debate en torno a pensar de manera integral la prestación del servicio de agua. No con obras definidas de manera anárquica y sin conexión entre sí, sino con planificación. El gobierno de Avilés se comprometió a diseñar un Plan Director. Lleva ya seis años de gobierno y no lo hizo. Sólo se proyectó en la zona de prestación a cargo de la Cooperativa San Roque y al día de hoy, la concreción de las obras lleva un notable retraso.

Por eso, quizás este 2018 sea el año donde la discusión deje de estar planteada en términos de municipio vs. Coopi, sino que ya es tiempo de que empecemos a hablar de la prestación del servicio.

Porque más allá de lo declamado y de los “plazos fatales” que definió el municipio, hay que decir que hasta el día de hoy se desconoce de qué manera pretende llevar adelante la prestación del servicio. Y en esto, bien vale recordar que para la subsecretaría de Agua y Saneamiento creada recientemente, la partida asignada en el presupuesto 2018 es de cero pesos. 

Insistimos. No hay plan presentado. No hay previsión tomada. No hay explicación de nada. Sólo una fecha definida: 28 de febrero.

En ese marco, y con un notable grado de preocupación quedó conformada una Comisión Multisectorial en Defensa del Agua, las Cloacas y la Coopi. Está integrada por representantes de centros vecinales, clero, docencia, gremios, derechos humanos, hotelera, sectores políticos e instituciones de Villa Carlos Paz.

La primera reunión se realizó el jueves pasado por la noche en la sala de convenciones del hotel Los Sauces y contó con la presencia de al menos 60 personas. Por votación unánime de los participantes se conformó esta comisión y quedó integrada por Patricia Olocco, Antonella Quaranta, María Mancuello, Laura Russo, Beatriz Castillo, Gustavo Wurth, Pablo Calamita, Alejandro Martín, Gustavo Franceschini, Lucía Torres, Gustavo Valdéz y Roberto Falcón.

Los objetivos propuestos surgieron luego de un intenso intercambio de opiniones que permitió analizar la situación en la que se encuentra la Coopi. La decisión de Avilés es calificada de “loca, irresponsable, irracional y de alta peligrosidad para el futuro de la ciudad”.

“Estamos ante una prueba más de una práctica agresiva y soberbia de parte del intendente”, afirmaron distintos oradores que certificaron la negativa al diálogo por parte del propio Avilés cuando por temas del propio sector necesitaron que los recibiera.

“No podemos seguir agachando la cabeza y perdiendo derechos”, manifestó Laura Russo representante del Refugio Nocturno, mientras que Alejandro Martín del gremio de Peones de Taxis aseguraba la necesidad de llevar al intendente ante la justicia por abuso de poder y “hacerse fuerte en la calle, motivando también al Concejo de Representante que actúe”.

Hubo numerosas propuestas de acciones a realizar como petitorios, consulta popular, campañas informativas, referéndum, encuentros con vecinos para interiorizarlos de la situación, poniendo en valor los actuado por la Coopi a lo largo de sus 54 años de vida, aclarar aquellos temas utilizados para desprestigiar a la Cooperativa y a su cuerpo social.

La comisión fijó como fecha de próxima reunión el miércoles 10 de enero a las 20 en la sede del Centro Vecinal Villa Independencia, a la que se convocará a más integrantes representantes de la institucionalidad y vecinos de la ciudad.

 

La situación judicial

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, que avaló la decisión del intendente Avilés de que el municipio reasuma la prestación del servicio de agua a través de un decreto, el municipio estableció un cronograma para la recepción provisoria del servicio de agua.

“Se va a establecer para el día 28 de febrero del año 2018 el acto de la recepción provisoria del servicio, período en el cual esperamos solucionar la preocupación inicial, que es la situación de los trabajadores afectados a la prestación del servicio”, dijo el secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa.

En su defensa, la Coopi presentó un recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria con la idea de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo del TSJ. En conferencia de prensa, el abogado constitucionalista y representante legal de la Coopi, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aclaró que “la presentación del recurso suspende la posibilidad de llevar adelante el fallo” e insistió que el decreto de Avilés “va en contra de la Carta Orgánica Municipal, que establece que el tema debe resolverse en el Concejo de Representantes, con una ordenanza aprobada en doble lectura, con mayoría agravada y audiencia pública”.

“El municipio no es solo el Ejecutivo. En el Concejo están los distintos sectores políticos, no solo el que ganó (la elección)”, afirmó.

Por su parte, el subgerente General de la Cooperativa Integral, Rodolfo Frizza, consideró que el fallo del TSJ es “político”. “Sorprende porque han dado vuelta, con unos considerandos bastante ambiguos, un fallo bien fundado de la Cámara. Allí se decía que el decreto de Avilés era absolutamente inconstitucional porque se oponía a la Carta Orgánica, que es la ley madre de la ciudad”.

En este punto bien vale reiterar que el artículo 134 de la Carta Magna local establece que para la municipalización de un servicio público se requiere la intervención del Concejo, mediante el mecanismo de doble lectura y audiencia pública, además de la aprobación por mayoría agravada (que en la actual composición del Concejo significan 8 votos).

Con pocas horas de diferencia, el mismo 7 de diciembre se conoció también el fallo del TSJ en torno al servicio de cloacas. El dictamen establece que deberá ser la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación la que analice el amparo presentado por la Coopi y que hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, la Cooperativa deberá seguir prestando el servicio. Es decir que se mantiene el statu quo, sin habilitar cambios en la prestación.

 

Desafían a Avilés a debatir mano a mano sobre los servicios de agua y cloacas

El abogado Rodríguez Villafañe desafió al intendente Avilés a debatir en público sobre la prestación de los servicios de agua y cloacas. “Debatamos mano a mano, de cara a los vecinos, a la hora que quiera y en el canal que quiera”, expresó el letrado.

El abogado recuperó fragmentos de la discusión que tuvo lugar durante la convención constituyente en 2007 al abordar la prestación del servicio de agua. Particularmente recordó una intervención de quien era la presidenta de la convención, Amelia Rigazio de Avilés, mamá del intendente: “lo que pretendemos es que el agua la maneje una cooperativa de usuarios”.

“Me preocupa que no escuche ni a su madre. No tiene una razón. Llegó a la intendencia criticando a (Carlos) Felpeto y hoy pareciera que el objetivo político es solo aniquilar la Cooperativa. El servicio de agua no está en una situación de crisis de ninguna manera. Es un capricho político que no tiene más explicación de esa”, planteó.

Pero el abogado no fue el único en desafiar al intendente a que públicamente explique qué hará con las prestaciones que hoy están a cargo de la Coopi. El jefe de servicios, José Ipólito, también se expresó en la misma línea a través de su perfil en Facebook.

“Propongo debate público con el señor intendente municipal de nuestra ciudad a fin de que podamos discutir e interiorizarnos de su política de destrucción de la Coopi, cara a cara, en el medio de comunicación social que le plazca o ante una plaza invitando a los vecinos… Agua y Saneamiento como tema principal y luego de lo que quiera”, escribió.

 

El SIPOS advierte que desde el municipio “no tienen en claro” como se haría un eventual traspaso de los trabajadores de la Coopi a la esfera estatal

Desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias  (SIPOS) vienen participando de las audiencias convocadas en el ministerio de Trabajo. El secretario General del gremio, Gustavo Valdez, detalló que en estos encuentros los representantes municipales siguen afirmando su intención de mantener los puestos de trabajo, pero sin dejar en claro de qué manera pretende garantizarlo.

“Hemos aceptado el planteo de garantizar los puestos de trabajo con todos los derechos adquiridos, tal cual como hoy se desempeñan hoy los trabajadores teniendo a la Coopi como parte empleadora, pero queremos saber el ‘cómo’. Y ellos han reconocido que no tienen en claro cómo debería ser y que por eso acuden al ministerio”, relató el dirigente.

De estas audiencias vienen participando los representantes del SIPOS, el secretario de Gobierno Juan Villa en nombre del municipio y las autoridades del ministerio de Trabajo. La Cooperativa Integral, por su parte, ha decidido no participar de estos encuentros puesto que considera que la municipalización de los servicios de agua y cloacas se encuentra judicializada, por lo que el municipio aún está impedido de dar pasos concretos ya que hay instancias por transitar.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), advirtieron que un eventual traspaso a planta permanente de los trabajadores de la Coopi representaría para ellos “una vulneración de derechos”.

“Un traspaso vulneraría el derecho de los trabajadores que ya están dentro de la órbita municipal. Hablamos de contratados que tienen 20 o 16 años de contratados. Creemos que sería algo no equitativo.

También hay que ver el tema de los sueldos. Hay muchas variables a tener en cuenta. No es fácil hacer un traspaso. Hay que ver varias cosas: la relación cantidad de empleados y ciudadanía, crear vacantes, crear más cargos”.

Altamirano detalló que el gremio mantuvo una sola reunión con los funcionarios municipales para tratar la situación. El encuentro se dio el año pasado, luego de que el intendente anunció su deseo de municipalizar el servicio de agua, tema para el cual el gremio de los trabajadores municipales tampoco fue consultado.

Señaló, además, que uno de temas que planteó el gremio fue “saber en qué condiciones iban a pasar los trabajadores a la esfera municipal”.

“Entendemos que no estarían dentro de la órbita estatutaria. Al ser empleados municipales, nosotros nos regimos por un estatuto que tiene un escalafón. El ingreso también tiene una metodología”, detalló el gremialista.

En este punto vale recordar que el artículo 103 de la Carta Orgánica Municipal establece que “el ingreso a planta permanente de la administración pública municipal se realiza mediante concurso público que asegura igualdad de oportunidades”.

“Para modificar el estatuto del empleado municipal hace falta una ordenanza. Eso tiene que pasar por el Concejo y tiene que estar en acuerdo con el gremio. Nosotros no tenemos intenciones de modificar el estatuto municipal”, añadió.

 

Ahora el Concejo decidió actualizar las tarifas de agua y cloacas

Por unanimidad en general, pero con algunas disidencias en el articulado, los concejales aprobaron los incrementos en las tarifas de agua y cloacas. Para la prestación del servicio de agua igualaron el monto de los básicos entre las dos Cooperativas, definiendo en $10,20 el metro cúbico. Los excedentes, en tanto, mantienen valores diferentes.

Para la zona de prestación que está a cargo de la Coopi, el incremento definido significa una actualización del 68,12% considerando el último incremento otorgado por el Concejo (que fue en diciembre de 2015); para la Cooperativa San Roque representa un aumento del 28,43% (considerando que esta prestataria sí recibió aumento el año pasado). En el caso de las cloacas, la actualización definida es del 27,36%.

En el debate parlamentario en primera lectura, el concejal Walter Gispert pidió que se incluyera un artículo en el que quedara explicitado que en el caso de la municipalización del servicio de agua, se cumplirá con la reducción del 25% en la tarifa que se prometió el año pasado. “Hay que cumplir con lo que se le dijo a los vecinos”, expresó. La moción no fue acompañada por el avilesismo, por lo que no quedó incluida en la ordenanza.

El artículo 4 de la normativa establece que los nuevos valores sólo se podrán aplicar toda vez que la Coopi y la Cooperativa San Roque “formulen expreso desistimiento de incluir sin autorización, el rubro capitalización y/o gastos societarios, y/o recursos administrativos y/o todo otro concepto extraño al servicio propiamente dicho en los cedulones y/o boletas de las futuras facturaciones”.

Precisamente esta disposición fue la que generó objeciones por parte de representantes de las dos cooperativas en la audiencia pública realizada el 27 de diciembre. El presidente de la Cooperativa San Roque, Pedro Farías, detalló que la institución tiene una “facturación mensual que entre abril y noviembre es mucho más baja y no alcanzamos a cubrir los gastos”.

“Alcanzamos a cobrar un promedio de $410.000 y los gastos son de $515.500. Esto se lleva sueldos, cargas sociales, energía, IVA, potabilización y la indemnización de un empleado fallecido”, dijo y remarcó: “Si nos dan un aumento del 45%, podemos sacar el ítem. Con menos de eso, se está desfinanciando a la Cooperativa”.

Por su parte, la síndica de la Cooperativa advirtió a los concejales que se va a liquidar a la prestataria por no otorgar “el aumento que corresponde”. “Esta es la primera (zona de prestación) que debería haber municipalizado el intendente. Primero porque la toma de agua es en el arroyo Los Chorrillos. Está dentro del ejido de Carlos Paz. No tendría problemas con las comunas, las cañerías también son de Carlos Paz. Segundo, somos la cooperativa que más problemas tenemos en dar agua”.

Trabajadores de la Coopi también se hicieron presentes. Uno de ellos, Pablo Bertorello, se expresó en la audiencia señalando la suspicacia que genera que el gobierno quiera ahora definir una tarifa para la prestación del servicio de agua que brinda la Coopi siendo que el municipio pretende reasumir la prestación.

“Desde el 2015 no le otorgan una actualización de tarifas a la Coopi. El aumento lo dan a ahora, coincidiendo con la intención del municipio de municipalizar el servicio”, señaló.

Finalmente, el proyecto se aprobó por unanimidad en general. Lo diferente estuvo en que el bloque del Frente Cívico decidió no acompañar el articulo cuatro por considerar que incluir esa aclaración era darle “visos de legalidad” a la capitalización.

 

Nota correspondiente a la edición n° 496 del semanario La Jornada, del 08 de enero de 2017.

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