El secretario general del STC (Sindicato de Trabajadores de la Coopi) y secretario gremial del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), José Ipolito, señaló que los trabajadores de la Coopi siguen en estado de asamblea permanente, tras la presencia de la delegación de funcionarios municipales que fueron esta mañana a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de donde se volvieron con un categórico rechazo de parte de la Cooperativa Integral.

Recordemos que el Consejo de Administración de la Coopi, a través de sus representantes y apoderados, decidió rechazar administrativamente el pretendido traspaso provisorio del servicio de cloacas.

Desde la Coopi se argumenta que el procedimiento es ilegítimo ya que no respeta lo dispuesto por la Carta Orgánica en cuanto es el Concejo de Representantes quien tiene facultades para resolver la municipalización de los servicios. Tampoco respeta el acuerdo marco que firmó en 2002 con la provincia y Arcoop por el saneamiento del lago San Roque en toda la cuenca. Y por último, sostienen que la cuestión ya está judicializada y está pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia.

“Hemos resuelto quedar en estado de asamblea permanente y movilización. Los trabajadores de esta cooperativa creemos que somos los únicos garantes de la prestación de los servicios, particularmente el de cloacas que está en discusión en este momento”, dijo Ipolito y aventuró: “Esto recién empieza. No sabemos que reacción tendrá el Ejecutivo municipal”.

“Ayer dijimos que el torniquete está en nuestras manos y hoy le dimos una vuelta más”, remarcó y destacó que “hay una unidad de manifiesto en defensa de los puestos de trabajo y de la Cooperativa”.

“Hemos resistido. Si bien no fue como pensábamos. Creíamos que íbamos a tener que resistir de otra manera que no agrada a nadie, pero creemos que se llevaron esto de que los trabajadores de la Coopi estamos unidos en defensa no sólo del servicio de cloacas, sino de todos los servicios que brinda la cooperativa. Si al Coopi pierde un servicio, se produce un efecto dominó para el resto de los servicio, con el peligro que significa perder las fuentes de trabajo de los otros servicios también”, detalló.

Y subrayó: “No relajamos para nada. Seguimos en el camino de la unión y de la fuerza”.

Por su parte, el abogado Aníbal Martínez también se refirió a la decisión que tomó la Cooperativa Integral en torno al rechazo administrativo del traspaso provisorio del servicio.

Y explicó: “No podíamos permitir que ingresen por dos motivos: Primero, legalmente no lo pueden hacer porque todo el procedimiento está teñido de ilegalidad y es un procedimiento ilegitimo por muchos motivos. Principalmente porque hay un contrato inicial (convenio marco por el Saneamiento del Lago San Roque suscripto en el año 2002) donde tiene actuación la Coopi y el gobierno provincial, luego se le deriva a la municipalidad para que de forma exclusiva y yo diría excluyente este servicio pase a la Coopi. Este marco no ha sido respetado. Y esta resolución que luego se traduce en una ordenanza tampoco ha sido cambiada por otra ordenanza.

“El segundo es porque, al igual que el agua, se pasa de lo que era una propuesta de llevar a una ordenanza -con las características propias que son mayoría calificada, audiencia pública y doble lectura- a decidir directamente la toma del servicio, tal como lo dejó expresado en la presentación hecha en el ministerio de trabajo de la provincia. Acá vemos motivos de arbitrariedad manifiesta que son los que nosotros estamos hoy expresando en la Justicia.

“Y tercero: hay cosa muy simple: esto está en pleno tratamiento en el Tribunal Superior de Justicia. Sería absolutamente contradictorio y no estaría en regla y que sigan adelante con este procedimiento”.

El letrado aclaró que en el Tribunal Superior de Justicia obran presentaciones judiciales tanto por el servicio de agua (las apelaciones hechas al fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación) como el amparo y medida cautelar que ya interpuso la Coopi por el servicio de cloacas.

Sobre el amparo presentado por las cloacas aclaró que este recurso judicial se inicia per se y no se notifica inicialmente a la parte demandada (en este caso, el municipio). Y añadió: “Es el Tribunal el que tiene que resolver. Si lo hace, luego se notifica a la otra parte -que es la municipalidad- para que exprese cuáles son los argumentos que tiene. Hasta ahora eso no ha sucedido, pero no implica que no haya un procedimiento judicial que el TSJ debe, yo diría en forma casi inminente, resolver el tema”.

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